Un juez civil de la Ciudad de México ordenó un embargo precautorio del patrimonio completo de la familia Jenkins de Landa, luego de que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla los acusó de desviar los recursos de la organización con movimientos y donaciones simuladas en el extranjero.

La determinación fue emitida por el Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, quien señaló que la medida precautoria tiene como fin garantizar que la familia devuelva el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, por la investigación de una donación de más de 14 mil millones de pesos que se hizo en 2014.

En un comunicado, la Fundación Jenkins señaló que el embargo es nulo porque “el juzgado carece de competencia para conocer del asunto, dado que la Fundación tiene su domicilio en el estado de Jalisco y, como consecuencia, todas sus actuaciones están afectadas de nulidad, como ha quedado debidamente acreditado en el Juzgado Sexagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la capital".

El embargo en cuestión deberá ser cumplimentado a través del respectivo Juzgado Civil en Puebla, a fin de que no se modifique la lista de inmuebles que la familia Jenkins tiene registrados y cada uno de ellos sea embargado, incluyendo aquellos que componen la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), Colegio Americano y los Clubes Alpha.

El embargo es extensivo a cuentas financieras e inmuebles personales de los integrantes de la familia Jenkins: Elodia Sofía de Landa de Jenkins; Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa; Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, quienes participaron en la donación de 2014 a la Fundación Bienestar de Filantropía.

Hasta el momento la familia Jenkins no ha emitido una postura respecto a la resolución del juez José Manuel Salazar Uribe, sin embargo en marzo, cuando se dio la noticia de una supuesta orden de aprehensión en su contra, Elodia Sofía de Landa de Jenkins aseguró que el patrimonio de la fundación estaba a salvo ante el litigo familiar.

El 30 de abril de 2014, la familia Jenkins de Landa fue acusada de lavado de dinero luego de que realizaron una donación por más de 14 mil 300 millones de pesos (720 millones de dólares) a la Fundación Bienestar de Filantropía, que inicialmente estaba asentada en Aguascalientes pero que después trasladó su estructura a Barbados.

Guillermo Jenkins de Landa, otrora patrono de la Fundación Mary Street Jenkins, denunció en 2016 que dicho movimiento había sido irregular por lo que exhortó a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla investigar la donación, sosteniendo que se trataba de un esquema de lavado de dinero.

Esto derivó en una serie de investigaciones por las que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que la Fundación Jenkins también evadió el pago de 629 millones 291 mil 015 pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por créditos fiscales que se generaron en 2014 con la donación en cuestión.

La Fundación Mary Street Jenkins fue fundada en octubre de 1954 con el fin de otorgar becas a estudiantes y otras obras de beneficencia, según lo establecido por su fundador, Guillermo Jenkins Anstead.

Aunque las denuncias se han presentado ante autoridades federales y de la Ciudad de México, el gobernador Miguel Barbosa Huerta declaró en junio del año pasado que desde su administración también se investigaría el supuesto lavado de dinero que se hizo por parte de una de las familias más icónicas y acaudaladas de la entidad.

"Tengo toda la información, toda, pero yo no sigo la causa ni ante mí se sigue la causa. Yo no soy autoridad jurisdiccional, investigadora de delitos, pero tengo toda la información, y bueno, quienes luego se instalan (como) defensores de la moral pública, de la educación, resulta que tienen cosas ahí oscuras”, dijo el mandatario sobre el caso.
A este escenario también se le ha sumado la supuesta falta de liquidez económica para solventar los requerimientos del SAT, por lo que en su momento se manejó la posibilidad de entregar como garantía el predio donde se encuentra instalada la UDLAP, en el municipio de San Andrés Cholula.

Fundación Jenkins da a conocer su posición

La Fundación Jenkins publicó un comunicado en el que asevera que “el juzgado –que habría dictado el embargo-  carece de competencia para conocer del asunto, dado que la Fundación tiene su domicilio en el estado de Jalisco y, como consecuencia, todas sus actuaciones están afectadas de nulidad”.

El comunicado de la Fundación también destaca que “confía en el estado de Derecho y sostiene sin interrupciones su importante labor filantrópica en beneficio de millones de mexicanos.

Sostiene que ha ha actuado con responsabilidad y legalidad para proteger y

resguardar el patrimonio de la institución y garantizar, como ha sido, la continuidad, por lo que

confía en el Estado de Derecho y sostiene sin interrupciones su importante labor filantrópica en beneficio de millones de mexicanos.