El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) requirió a la Fundación  Jenkins el pago de 629.2 millones de pesos derivados del incumplimiento del pago de créditos fiscales que se generaron en 2014.

Los seis magistrados que integran el pleno del organismo se pronunciaron a favor de ratificar la resolución que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) emitió en 2014 para cobrarle a la fundación los créditos, misma que fue impugnada por esta última.

El tema fue discutido en la sesión del TFJA que se llevó a cabo este jueves. El proyecto fue presentado por el magistrado Alfredo Salgado Loyo, como parte del juicio 34207.

Durante la discusión, Salgado explicó que, en 2014 el SAT requirió a la fundación el pago de 629 millones 291 mil 15 pesos, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El cobro de los impuestos se suscitó porque la Fundación Jenkins hizo una donación por 5 mil 798 millones 117 mil 116 pesos en ese año a su par Bienestar de Filantropía que en ese mismo periodo se mudó a Barbados, país considerado como un paraíso fiscal.  

La fundación, que en Puebla auspicia a la Universidad de las Américas, argumentó que no debía pagar los impuestos en cuestión debido a que la transferencia de recursos se realizó bajo la figura de “donataria no autorizada”, estatus que perdió ese mismo año.

En su ponencia, Salgado señaló que la entrega de los recursos no corresponde a las actividades para los que está facultada, por lo que es necesario el pago de los impuestos.

“Se combate el rechazo de la deducción por una donación a Bienestar de Filantropía 5 mil 798 millones 117 mil 116 pesos”, mencionó.

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— Patricia Méndez (@Patricia1mdz) May 29, 2020

El magistrado insistió en que para requerir el pago de impuestos, no se toma en cuenta la figura jurídica de la fundación sino la naturaleza de las actividades que desarrolla.

La Fundación “Mary Street Jenkins” fue creada en octubre de 1954 con el objetivo de otorgar becas a estudiantes. Es fundadora de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y también del Colegio Americano de Puebla y el Club Alpha. Además otorga recursos para obras de beneficencia.

En 2016, Guillermo Jenkins de Landa, expatrono de la fundación, solicitó a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla investigar la donación, pues acusó que tuvo como objeto “desviar” y “expatriar” casi todo el patrimonio de la organización al extranjero, lo que ocasionó que la asociación se quedara “literalmente en la calle”.

La donación fue hecha el 30 de abril de 2014 bajo un “simulado” e “ilegal” “Contrato marco de donación condicional” celebrado entre ambas asociaciones filantrópicas.