En el Congreso de Puebla se buscará despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y, si se realiza después, castigarlo con trabajo comunitario, además de reducir de 1 año a seis meses las penas de cárcel.

Con una serie de reformas al Código Penal se pretende también eliminar la pena a los médicos que interrumpan el embarazo con consentimiento de las mujeres, ya que actualmente pueden pasar de uno a tres años en prisión.

La primera modificación consiste en despenalizar el aborto en los tres primeros meses de embarazo, ya que el artículo 339 actualmente lo castiga “en cualquier momento de la preñez”.

Para ello se impulsa cambiar la definición para que quede de la siguiente manera: “aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.

El actual artículo 340 refiere que “al que hiciere abortar a una mujer se le aplicarán de uno a tres años de prisión”.

En la iniciativa de ley que se prevé que será presentada el jueves se elimina esta línea para suprimir cualquier castigo al personal médico que realice la operación cuando haya consentimiento de las mujeres y solo se mantiene vigente la penalización cuando se realice por la fuerza.

“Al que hiciere abortar a una mujer sin el consentimiento de esta, se le impondrán de tres a seis años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare. Si además empleare violencia física o moral, se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión”, indica el artículo.

Reducen penas

El artículo 342 que se encuentra vigente considera aplicables de “seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar si concurren los circunstancias siguientes: I) que no tenga mala fama; II) que haya logrado ocultar su embarazo III) que este no sea fruto de matrimonio”.

Y agrega: “faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le impondrán de uno a cinco años de prisión”.

La reforma planteada cambiaría la redacción del artículo para que ahora solo castigue el aborto después de las 12 semanas de embarazo con “tres a seis meses de prisión o de cien a 300 días de trabajo a favor de la comunidad”.

En tanto, “al que hiciere abortar a una mujer, con el consentimiento de ésta, se le impondrán de tres a seis meses de prisión”.

Los artículos 341 y 343 mantienen su esencia original y únicamente se redacción se hace más específica. En el segundo se mantiene establecido que no se castigará el aborto en cualquier momento del embarazo cuando sea resultado de una violación o ponga en riesgo la vida de la mujer.

La iniciativa ingresaría a comisiones este lunes impulsada por la diputada priista Rocío García Olmedo, pero la sesión ordinaria del pleno se canceló antes de que fuera su turno de presentarla.

El proyecto de ley se suma al presentado en agosto del año pasado por la experredista Socorro Quezada Tiempo, quien planteó también despenalizar el aborto en los primeros tres meses de embarazo y eliminar las penas de cárcel.

Prohíben anuncios sexistas

Otra iniciativa promovida por la coordinadora parlamentaria del tricolor sí se aprobó durante la sesión y consiste en prohibir la instalación de anuncios sexistas en la vía pública.

Con 37 votos a favor y dos abstenciones se aprobó adicionar  dos párrafos el artículo 143 bis de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable, para que diga:

“Bajo ninguna circunstancia se autorizará la colocación publicitarios con contenidos que muestren estereotipos sexistas, degradantes o peyorativos sobre las mujeres”.

“Entendiendo como publicidad sexista, aquella que presenta hechos, acciones, símbolos y expresiones basadas en estereotipos de los roles de género que atribuyan o asocien características denigrantes, de exclusión, sumisión, racismo o burla hacia el género femenino”.

Por dos horas los diputados discutieron la designación de María del Rocío Evangelista Rosas al frente de Secretaría General del Congreso y Jorge Efrén Arrazola Zermeño como nuevo titular del Instituto de Investigaciones Legislativas.

José Juan Espinosa Torres (PT); Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN) y Héctor Alonso Granados (Morena) acusaron anomalías en el proceso de selección de Arrazola pero al final lo aprobaron.

Foto: Agencia Enfoque