La intervención de llamadas telefónicas hechas por el gobierno de Rafael Moreno Valle, a través de la empresa Hacking Team, quedó impune debido a que no existe una ley que castigue este acto y porque las autoridades judiciales han hecho caso omiso para investigar el caso, declaró el activista y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza Longoria.

En entrevista durante su visita a la ciudad de Puebla, el también sociólogo mexicano lamentó que a pesar de que se dio a conocer el caso de la empresa Hacking Team, la autoridad no “haga nada”.

Dijo que los gobiernos, como el de Puebla, actuaron en la absoluta ilegalidad, pues además de espiar a los ciudadanos, utilizaron recursos públicos para la contratación de dichos servicios. Agregó que menos del uno por ciento de las escuchas telefónicas en México llegan a ser autorizadas por algún juez.

“Me parece muy grave que saliendo esta información no se haya investigado, porque además se pagó con recursos públicos. Hasta el momento quedan impunes los espionajes. Menos del uno por ciento de las escuchas en este país son autorizadas por un juez, están actuando en la absoluta ilegalidad y no les importa. Las autoridades competentes no hacen nada”, indicó.

Álvarez Icaza Longoria comentó que México es uno de los países con más riesgo en materia de derechos digitales.

Sin embargo, reiteró que estos actos de espionaje continuarán mientras las autoridades competentes no hagan nada al respecto.

“Las distintas instancias de gobierno investigan o escuchan ilegalmente a los ciudadanos y no pasa nada. México es uno de los países con más riesgo en materia de derechos digitales”, refirió.

En noviembre pasado, Emilio Álvarez Icaza dijo que las solicitudes hechas por gobiernos, como el de Puebla, para intervenir comunicaciones privadas o para conocer los datos de usuarios de teléfonos celulares eran ilegales.

Desde el 2013, el entonces gobierno de Moreno Valle solicitó a empresas de telefonía el acceso a datos de 627 usuarios y pidió en ocho ocasiones al Poder Judicial la intervención de comunicaciones privadas, la geolocalización en tiempo real de 65 celulares y adquirió un programa de espionaje de equipos de cómputo en 7.5 millones de pesos.

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