En lo que va del sexenio de gobierno 2012-2018, el salario mínimo ha aumentado nominalmente 12.8%, pero su poder adquisitivo real disminuyó 11.11%, debido al incremento de los precios de los productos básicos.

Esta caída es señalada en un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, basado en un análisis de la evaluación de los precios que forman la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) para una familia de cuatro personas –dos adultos, un joven y un niño.

De enero de 2013 a octubre de 2016 los precios de los productos básicos subieron 26.9%, por lo cual “los incrementos del salario mínimo son en realidad pérdidas del poder adquisitivo”.

Esta canasta formada por 40 alimentos –no incluye gastos de preparación de los mismos ni renta, transporte, vestido y calzado– llegó a los 218.06 pesos diarios en octubre del año pasado, cuando el salario mínimo era de 73.04 pesos al día. “Lo anterior implica que con un salario mínimo sólo se puede comprar 33.5% de la canasta.

Para adquirir estos productos alimentarios, recomendados por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se necesitan tres salarios mínimos o un aumento de 200%, mientras que para alcanzar el poder adquisitivo de 1987 se requeriría que el salario mínimo fuera cinco veces más alto, es decir, un aumento de 400%.

El análisis plantea que si por una jornada laboral de ocho horas se paga un salario mínimo, entonces un trabajador tendría que laborar 23 horas con 53 minutos en la actualidad para adquirir la CAR, en tanto que en 2012 se requería de 20 horas con 38 minutos, y en 1987 de cuatro horas con 53 minutos.

Esta situación, prosigue el estudio, afecta negativamente las posibilidades de los trabajadores a acceder a una buena calidad de vida, implica que la población tiene que trabajar jornadas más largas, en pésimas condiciones, unirse a la informalidad e incorporar al trabajo a tantos miembros de la familia como sea posible.

De los 52 millones de personas que conforman el total de la Población Ocupada en México, al menos 69.3%, es decir, 36 millones, tienen ingresos menores a lo que la Constitución señala que debería ser el salario mínimo: ingresos suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.