Mientras el fiscal Víctor Carrancá Bourget minimizó el incremento en la incidencia de homicidios de mujeres, la senadora Lucero Saldaña Pérez manifestó que urge que se emita una alerta de género en Puebla.

En entrevista, el fiscal Carrancá Bourget manifestó que en más del 50 por ciento de los 42 casos de feminicidios reconocidos por las autoridades se ha detenido a los homicidas.

“Por supuesto que es un tema que nos preocupa y nos ocupa. En los casos que tenemos pendientes ya identificamos a los responsables”, subrayó de manera escueta.

Hay condiciones para una alerta de género

Por separado, Lucero Saldaña subrayó que están dadas las condiciones para que las autoridades federales emitan una alerta de género en el estado.

“El estudio específico la posibilidad de que los gobiernos de los tres niveles tengan la alerta”, subrayó.

Manifestó que en el pasado se estigmatizaba la alerta de género como la existencia de un problema, sin embargo, más bien es para prevenir.

“Muchas veces se dice que se trata de un suicidio. Las mujeres son asesinadas por personas cercanas”.

Sostuvo que los feminicidios, en la mayoría de los casos, tienen que ver con relaciones afectuosas, es decir son cometidos por novios, esposos y parejas.

“Es necesaria la alerta para no categorizarlas en asesinatos pasionales. La vulnerabilidad hacia las mujeres termina en asesinatos”.

Manifestó que aunque se avanzó en las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, aún hace falta homologar protocolos internacionales como el de búsqueda ante la desaparición de una mujer.

“Hago un llamado a que las autoridades acepten el fenómeno. Tiene que haber protocolos especiales, de conformidad con los protocolos internacionales y reparación del daño”.

Destacó que el problema de no categorizar los feminicidios es que se invisibiliza a las víctimas. 

El feminicidio no se erradica por decreto

También por separado, Silvia Tanús Osorio, coordinadora de los diputados locales del PRI, manifestó que no se resuelve el feminicidio por decreto, ante la pregunta de la razón por la cual las reformas en la materia no han inhibido el delito.

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