A pesar de que enfrentó “obstáculos y mentiras” del gobierno del estado de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que fue un “proyectil de largo alcance”, disparado por granaderos o escopeteros, el que hirió de muerte al niño José Luis Tehuatlie Tamayo, el pasado 9 de julio durante el desalojo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan por parte de la Policía Estatal.

De acuerdo con su investigación, la CNDH determinó que se utilizaron 478 de los 930 proyectiles que la policía llevó ese día para embestir a los manifestantes en la autopista Puebla Atlixco, y que uno de esos impactó al menor de 13 años, que a su vez tuvo que haber sido disparado por uno de los 14 granaderos o 20 escopeteros que “portaban armamento no letal”.

Al presentar la recomendación 2VG/2014, por las violaciones graves a los derechos humanos de los manifestantes de esa junta auxiliar, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva demandó al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas el cumplimiento de 11 puntos que, de negarse a hacerlo, desatarán la actuación de la CNDH de acuerdo con las facultades constitucionales otorgadas recientemente, entre las que destaca la petición de juicio político en su contra.

“Aquí no hay aceptaciones parciales o se acepta o no; o se cumple de manera integral o no… Si no se acepta o no se cumple, ejerceré la facultad que tengo en términos del Apartado B del Artículo 102 de la Constitución, de solicitar que el Senado lo llame a comparecer para rendir cuentas y, eventualmente, se deslinden también responsabilidades en su contra por consentir este tipo de violaciones a los derechos humanos”.

El largo expediente de más de 19 mil fojas que arrojó esta recomendación de 178 páginas, concluye que hubo mentiras de parte del gobierno del estado y sus instituciones, que varios servidores públicos fueron omisos en el respeto a las garantías individuales, que se utilizó de manera dolosa una opinión de la Policía Federal, sobre la pericial de la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo y que, en resumen, se violaron con gravedad los derechos humanos de los habitantes de esa comunidad del municipio de Santa Clara Ocoyucan.

Cabe señalar que por la tarde de este mismo jueves el gobierno estatal aceptó las 11 recomendaciones de la CNDH y nombró a José Antonio Pérez Bravo como Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan, según lo solicitó el organismo.

Las exigencias

Entre las 11 recomendaciones emitidas por la CNDH, destaca la exigencia al gobernador Moreno Valle Rosas para que inicie “los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (Facundo Rosas Rosas), así como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos del 9 de julio de 2014…” y se envíen “pruebas con las que acredite su cumplimiento”.

Que el mandatario tome las medidas necesarias para crear una fiscalía especial que atienda el caso; que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares; implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social; que se ofrezca “una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos”.

Asimismo, que se proporcionen a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos de detención en los que participen; que se mantenga una colaboración efectiva con la CNDH; y que se capacite a los servidores públicos en materia de respeto a los derechos humanos.

El nivel de violencia

La larga y profunda investigación de la CNDH hace recuento de elementos, armas, comparecencias, entrevistas, periciales y documentos que se integraron al expediente CNDH/1/2014/4555/Q/VG, que el organismo abrió el pasado 31 de julio, cuando ejerció su facultad de atracción en este caso.

En el operativo del 9 de julio en el kilómetro 14+200 de la autopista Puebla Atlixco, participaron 426 elementos de la Policía Estatal, que iban armados a la dispersión de esa protesta pacífica con 930 artefactos, entre granadas de gas, proyectiles irritantes y agentes químicos, de los que dispararon 478 contra el grupo de manifestantes, 51 por ciento del “arsenal”, llamado así por las víctimas.

“Los dispositivos de gas se distribuyeron entre los 34 elementos granaderos y escopeteros que participaron en los acontecimientos”, entre quienes está el asesino del niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, homicidio sobre el que se presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla (PGJ), de acuerdo con el propio ombudsman, Raúl Plascencia.

A pesar de que esta dependencia mintió, ocultó información y generó obstáculos a la CNDH, no se encontraron elementos para escalar la denuncia al ámbito federal, aclaró también Plascencia en la conferencia de prensa realizada la tarde de este jueves en el Centro Histórico.

Dentro de la indagatoria no se hacen mención a la responsabilidad directa del Procurador Víctor Carrancá Bourguet, ni de otro funcionario del gabinete estatal.

Peritaje de la Federal

El largo documento descalifica la hipótesis oficial de que el menor falleció a causa de la herida que le habría dejado la onda expansiva de un cohetón, y evidencia el dolo con que se utilizó la opinión de la Dirección Científica de la Policía Federal.

El ombudsman calificó como un “atrevimiento” que las autoridades poblanas hayan presentado esa información como una pericial, a sabiendas de que se trataba de una opinión con base en los propios dichos de la PGJ.

Calificó estas y otras mentiras del gobierno del estado de Puebla, como la suma de la información “imprecisa y contraria a la verdad”, como el caso de los peritajes de la Dirección Científica de la Policía Federal –especificó– “como ellos nos aclararon y manifestaron, se elaboró sobre la base de fotografías y los dichos” de la propia PGJ del estado de Puebla, por lo que se trató sólo de una opinión “que no puede ser tomada en cuenta”.

De acuerdo con la Recomendación 2VG/2014 de la CNDH dirigida al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, éste cuenta con 15 días para aceptarla y 15 más para demostrar que se realizan acciones para su cumplimiento; de no ser así, vendrán otras sanciones en el marco de las nuevas facultades del organismo.

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