Dijo que procederá en contra del Ministerio Público que lo arraigó y lo consignó, así como del juez penal que le dictó el auto de formal prisión. En tanto, solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) su reincorporación a la Policía Estatal, de la cual fue suspendido desde el momento de su detención.

Por su parte, los abogados del ahora absuelto, Víctor León y Samuel León, titulares de la Firma Jurídica León Castillo, explicaron que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) incurrió en diversas anomalías al integrar la averiguación previa.

Una de las pruebas que lograron acreditar la inocencia de Martínez Arroyo fue que en el día y la hora de los hechos él se encontraba en un recorrido del operativo Bases de Operaciones Mixtas (BOM). Hubo testigos que confirmaron la declaración del comandante y también se presentaron las bitácoras de trabajo.

“Nuestro cliente, el día, hora y lugar en el que los reporteros decían que los habían golpeado, levantado y robado, estaba en el operativo. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Promovimos un amparo, lo ganamos y el Ministerio Público no interpuso la revisión a la que tenía derecho”, detalló Víctor León.

Los representantes legales señalaron que también están preparando una demanda contra el Ministerio Público que ejercitó acción penal en contra de su defendido, para que haga el pago de la reparación del daño moral y material, así como contra el Juez Primero de lo Penal, que lo retuvo casi un año en prisión.

De igual forma, la defensa espera que la SSP lo reincorpore, pague los salarios caídos y las prestaciones que le corresponden conforme a derecho.

“Una vez más, el Poder Judicial de la Federación pone en su lugar a la justicia local. No va a ser el primero ni el último caso, pero sí es lamentable que en su momento no haya habido la madurez por parte de la Procuraduría y que, presionados por el tiempo y por el hecho que fue mediático, detuvieran a quien fuera, en este caso al comandante Fermín se le hizo fácil imputarlo”, expresó uno de los abogados.

Los reporteros nunca fueron citados a comparecer

Por su parte, el reportero de este medio, Gerardo Rojas, aseguró que él y Jesse Brena, quien entonces laboraba para el periódico Milenio, nunca fueron citados a presentarse a declarar en las audiencias correspondientes al proceso. Tampoco fueron notificados del trámite que hicieron los abogados del comandante para lograr su liberación.

“Yo desconocía los trámites que hizo el abogado de la persona que nos levantó, de nombre Fermín; y considero que esto es una irregularidad, porque a esta persona se le identificó plenamente, incluso antes de que fuera detenido. Tras una investigación de la Policía Ministerial se hizo un retrato hablado y básicamente es una fotografía fiel de esta persona, aunado a que también se le identificó por sus características físicas, su tono de voz y comportamiento”, manifestó.

“Sin dudas es la persona que nos levantó a mí y a Jesse; y no sabemos bajo qué argumentos haya salido una persona que fue plenamente identificada por habernos agredido y levantado”, afirmó.

Gerardo también recordó que, en una reunión con el procurador de Justicia, Víctor Cararancá Bourget, éste le comentó que probablemente Fermín Martínez sería sentenciado a 20 años de cárcel, aunque para los servidores públicos los ilícitos tienen doble agravante, es decir, pasaría 40 años en prisión.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección General de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ, cuyo responsable es Benjamín Albores. Sin embargo, Gerardo aseguró que jamás lo volvieron a citar para solicitarle alguna información o notificarle algún trámite. Incluso, en una ocasión acudió al Ministerio Público para conocer los avances de la investigación, pero sólo le dijeron que “estaba bien amarrada” y que todo iba bien.

El reportero pidió que este caso no quede impune, pues tanto él como Jesse pusieron su confianza a las autoridades para que esclarecieran los hechos, y por ese motivo tampoco solicitaron el apoyo de un abogado particular, ya que también pensaron que se actuaría conforme a la ley y con justicia.