La historia empezó muy bien: desde el discurso de toma de posesión, el presidente de la república planteó la decisión de avanzar hacia una reforma educativa que construyera un sistema profesional de carrera docente con un componente central de evaluación y un registro o censo nacional para saber con precisión un dato que aunque parezca increíble sigue siendo un misterio: cuántos maestros trabajan –o cobran- en el sistema educativo nacional.

A partir de ahí vinieron acciones que generaron expectativas positivas, visiones esperanzadoras que hacían pensar en que por fin el gobierno mexicano se atrevería a realizar la reforma profunda y radical que requiere la educación para responder con una formación de calidad a las exigencias cada vez más retadoras de la sociedad de la información.

Se anunció la firma del “Pacto por México” en el que está incluida la reforma educativa como un punto nodal, se envió la iniciativa de reforma constitucional al congreso y se dio un golpe espectacular que hablaba de la firmeza con que se quería realmente cambiar la educación del país: la detención y procesamiento legal de Elba Esther Gordillo, que desde el liderazgo vitalicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación constituía un obstáculo explícito para llevar adelante la reforma planteada.

Los cambios fueron aprobadas en el congreso federal y en un tiempo bastante corto se aprobaron también en los congresos estatales necesarios para que los cambios a la constitución pudieran ser considerados oficialmente como un hecho. La reforma constitucional se publicó entonces en el Diario oficial de la federación.

A partir de ahí se dio un paso más que fue comentado en este espacio como un signo de esperanza hacia la transformación de la educación en México. Este paso crucial fue la designación de la junta de gobierno del INEE conformada por muy reconocidos académicos y el acertado nombramiento de la Mtra. Sylvia Schmelkes como presidenta del nuevo instituto responsable de la evaluación educativa en el país.

El panorama no podía ser más esperanzador para una gran mayoría de la sociedad mexicana que está exigiendo a gritos desde hace mucho tiempo el cambio en el sistema para poder garantizar una formación adecuada para las nuevas generaciones de ciudadanos y contribuir con ello a detonar las condiciones para un desarrollo más amplio, firme y equitativo de nuestra economía y nuestra sociedad.

Sin embargo, como también apuntamos en su momento aquí, la reforma constitucional no es propiamente una reforma educativa sino la modificación legal que pone apenas las condiciones para que dicha reforma pueda construirse. La constitución del nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tampoco es la reforma sino la creación de un instrumento institucional para coadyuvar a la construcción del sistema profesional de carrera docente y a la evaluación de todo el sistema educativo.

La historia empezó muy bien pero hace meses que parece haberse detenido y entrado en una pausa muy riesgosa. Porque hasta ahora no se ha realizado la aprobación de la legislación secundaria que reglamente los cambios y brinde el marco normativo para la actuación del INEE y para que la Secretaría de Educación Pública pueda iniciar la reforma educativa real, es decir, el conjunto de cambios en el funcionamiento de la estructura administrativa del sistema, la formación docente, los mecanismos de acceso, promoción y en su caso, remoción de docentes y directores escolares, la evaluación curricular y en su caso la modificación de planes y programas de estudio y todos los demás elementos que comprenden el conjunto de acciones que realmente impactan en lo que sucede en la vida cotidiana de las aulas que es finalmente lo esencial en el proceso educativo.

Ante esta pausa en la aprobación de la normativa, la SEP se mantiene sin mayores cambios: se anuncia el fin de ENLACE que fue un avance indudable en la cultura de evaluación, transparencia y rendición de cuentas del sistema educativo ante la sociedad –antes de su degradación por ligarlo al ingreso salarial de los maestros- sin plantear ningún mecanismo de evaluación alterno, se plantea abandonar la cartilla escolar y volver a la calificación numérica. Cambios de formas y detalles menores cuando urgen las transformaciones sustanciales.

En el terreno sindical, lo que ocurrió con tanto ruido y campaña mediática respecto a la detención de la lideresa del sindicato quedó simplemente en un golpe de imagen. El sindicato continúa con la misma estructura y funcionamiento y no se ve ningún signo ni voluntad política para avanzar en su transformación y democratización real.

De este modo, los dos grandes monstruos que mantienen atrapados a los docentes y directores e impiden que la escuela realmente se modifique y responda a los tiempos siguen ahí, intactos y monolíticos.

La próxima semana inicia un nuevo ciclo escolar. Los niños y jóvenes mexicanos siguen avanzando en su recorrido por los distintos niveles educativos. El tiempo no se detiene en la vida de millones de educandos que tienen derecho a una formación que los habilite para vivir en el mundo complejo y demandante del siglo XXI, como parece haberse detenido en la agenda de los políticos que hablan ya de la reforma política, la reforma energética y otras reformas pendientes cuando no han concretado todavía la reforma educativa que con tanto énfasis se difundió.