Invadiendo las casas de vecinos, sin autorización y sin cumplir con un incidente de oposición a la ejecución, este miércoles desalojaron de su domicilio a los defensores de derechos humanos Guadalupe Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales.

Ante esta situación los activistas exigieron que su casa no se venda hasta que se resuelva el incidente que interpusieron desde 2004, así como que el inmueble sea restituido.

Desde el pasado 28 de mayo los integrantes de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) se manifestaron afuera de las oficinas del Poder Judicial, ubicadas en la calle 5 oriente y 2 sur, para denunciar la colusión de los jueces poblanos con la empresa inmobiliaria Zendere para desalojarlos de una propiedad que les fue heredada.

De acuerdo con los activistas, algunas de las violaciones al debido proceso son que se llamó a juicio a una persona muerta, la madre de Mariel, y se declaró rebeldía porque no acudió a defenderse.

Desalojo se realizó con anomalías

Durante una rueda de prensa Bonilla Dumit explicó que meses atrás acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Puebla para denunciar las anomalías, pero les dijeron que no tenían conocimiento del caso y que estaban haciendo lo que podían.

"No están (los funcionarios del tribunal) asumiendo su responsabilidad de vigilar la actuación de los tribunales, porque puntos muy concretos son que no se están respetando las formalidades y que la sentencia deriva de un hecho violatorio de la garantía de audiencia", señaló la defensora de derechos humanos.

Guadalupe Mariel Bonilla abundó que con el incidente de oposición a la ejecución ya no se podía ejecutar la sentencia para el desalojo, sin embargo el juez decidió no resolver el recurso y adelantar la ejecución.

"Lo que estamos pidiendo es que garantías de que el inmueble no va a ser vendido, mientras no se resuelva el incidente que nosotros promovimos y que se resuelva de fondo, conforme a los derechos humanos", sostuvo.

La sentencia ya había prescrito

El incidente de oposición a la ejecución se interpuso debido a que no tuvimos oportunidad de defendernos, porque la sentencia es ilegal e inconstitucional, además de que ya había prescrito, explicó a su vez Israel Sampedro.

De acuerdo con el afectado el Juez Décimo Segundo Civil del Estado de Puebla no debió permitir que se ejecutara la sentencia por dos cuestiones: primero, porque la sentencia ya había prescrito y, segundo, porque falta por resolverse el incidente de oposición a la ejecución.

Debido a que se ejecutó la sentencia, el incidente se queda sin materia, por lo cual consideró que la actuación del juez fue alevosa para favorecer a la empresa Zendere.

Otra cuestión que destacó Guadalupe Mariel Bonilla es que para el desalojo se invadió propiedad privada de sus vecinos, sin autorización, además de que intentaron intimidarlos y que la prensa no estuviera presente en el suceso.

Para brindar apoyo a los activistas la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNEDDH) mandó una carta al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, para que analicen el desalojo forzado de sus compañeros.

Asimismo pidió que se investigue al juez Décimo Segundo Especializado en Materia Financiera de esta ciudad de Puebla, Javier Beltran Villagra, debido a las anomalías en el proceso.