La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) informó que ayer, luego de la difusión de la denuncia pública  del desalojo forzado del que fueron víctimas los defensores de derechos humanos Guadalupe Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales, miembros de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), abrió el expediente correspondiente y realiza las diligencias pertinentes.

“Este organismo constitucionalmente autónomo, ha buscado a través de la Red de Defensa de los Derechos Humanos a la agraviada; entre tanto, solicitará los informes en colaboración, con el fin de determinar la competencia de esta Comisión y en su oportunidad, estar en aptitud de poder determinar si se trata de una presunta violación a los derechos humanos”, señaló en una tarjeta informativa enviada a este medio”.

Miembros de la RDDH denunciaron el proceso plagado de irregularidades a cargo del  Juez Ismael De Gante López quien ordenó el desalojo con fuerza pública, incluso facultando a la Diligenciaria NON para tal efecto, ya que el Diligenciario Par tiene una queja administrativa por llevar a cabo una diligencia de manera ilegal respecto al mismo juicio.

Acusaron que le fueron entregadas fichas técnicas de las graves violaciones procesales en dicho juicio, tanto al propio Juez como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Sin embargo omitieron las irregularidades y se consumó el desalojo forzado, subrayaron.

“Hay una clara evidencia de violaciones a derechos humanos básicos como es el de certeza jurídica, derecho de audiencia y el derecho humano a la vivienda. Por lo que este caso trasciende un problema entre particulares que cuestiona y pone en duda por la vía de los hechos el carácter ético, legal y los criterios de los Juzgadores en los procedimientos para las resoluciones judiciales. Situación que exige de una intervención apegada a los estándares internacionales en derechos humanos, de lo contrario, el gobierno del estado se convertiría en cómplice por aquiescencia de estos actos”, establece un comunicado de la RDDH.

El posicionamiento solicita al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Gobernador Rafael Moreno Valle:

“Que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla garantice la imparcialidad de la administración de justicia en tanto asuma la responsabilidad de estudiar de fondo el Incidente de Oposición de Ejecución de Sentencia propuesto por Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, y resolver conforme a derecho y principios constitucionales dicho incidente.

II.A realizar en el ámbito de sus atribuciones una investigación exhaustiva e imparcial respecto al actuar aquiescente de las autoridades del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Materia Financiera de esta ciudad de Puebla con Javier Beltran Villagra en representación de María Levinia Arellano Cabrera a efecto de sancionar administrativa y/o penalmente a los responsables.

A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, les pedimos muy atentamente expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno al gobierno del Estado de Puebla y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para que atiendan puntualmente la presente petición.”