Las irregularidades en el desalojo forzado que sufrió la defensora de derechos humanos Maríel Guadalupe Bonilla Dumit y los obstáculos para entablar su defensa, revelan el contubernio entre el personal del Juzgado Décimo Segundo, especializado en materia financiera, representado por el Juez Ismael De Gante Sánchez, y los empresarios Beltrán Villagra, avalados por el Presidente del Tribunal, Roberto Flores Toledano.

Integrantes de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH)  denunciaron que el desalojo se llevó a cabo dos días antes de la audiencia mediante la cual se impugnó la ilegalidad del lanzamiento, además de que autoridades mantuvieron en reserva el expediente del caso, sin notificar oportunamente al Albacea, con el fin de impedir la posibilidad de defensa y otorgar ventaja a Beltrán Villagra para su ejecución.

Explicaron que este caso tiene como origen las irregularidades de un juicio que Beltrán Villagra, en representación de Levinia Arellano Cabrera, misma que por treinta y cinco mil pesos en 2010 compró la vivienda desalojada. Dicho juicio fue seguido en contra de María Elvira Guadalupe Dumit Garzón, fallecida desde 1992.

Fernando Javier Beltrán Villagra, titular del despacho Beltrán Villagra y Asociados Jurídico Empresarial, cesionarios de la empresa ZENDERE cuyos directivos fueron ejecutivos que laboraron en HSBC, antes BITAL, banco que originalmente otorgó el crédito hipotecario a los padres de Mariel Bonilla Dumit en 1990, son los compradores de la cartera vencida y especuladores inmobiliarios que han amasado su fortuna con base a este tipo de juicios.

“El 21 de mayo pasado, una comisión de la Red de Defensa de los Derechos Humanos y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo acudimos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, acompañando a Mariel Bonilla e Israel Sampedro a una reunión con el Secretario Adjunto, Guillermo Morales Rodríguez, a quien se le expusieron todas las arbitrariedades de las que está plagado el juicio desde su origen en el año 2003, y el mismo secretario, bajo el discurso de respetar la autonomía jurisdiccional de cada Juzgado,expresó que como Tribunal no pueden impedir las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que los jueces a su cargo cometen”, expuso la RDDH en un comunicado.

Aseguraron que la manera en que se violenta el derecho humano a la vivienda de los defensores de derechos humanos Mariel Bonilla e Israel Sampedro, no es un caso único, sino que miles de familias de mexicanos estén siendo despojados de sus viviendas, producto de la corrupción y usura que funcionarios de gobierno cometen en contubernio con “particulares”.

Exhortaron al pueblo en general, a las víctimas de desalojo y desplazamiento forzado a denunciar, a hacer públicos sus casos y a actuar de forma organizada en la defensa por el derecho humano a la vivienda.