Sara Rebeca Bañuelos Guadarrama, quien es licenciada en Ingeniería Química, y José Luis García Parra, que estudió Comercio Internacional, son las dos personas más cercanas al gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Ambos perfiles fueron definidos por Armenta Mier como encargados de la transición para las mesas de trabajo que sostendrán con la presente administración, que encabeza Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Sara Rebeca Bañuelos Guadarrama estudió Ingeniería Química, atravesó su educación superior en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y obtuvo la cédula profesional 5805994.

Entre su experiencia como funcionaria destaca que, durante la administración estatal del exgobernador Guillermo Pacheco Pulido, se desempeñó como directora del Consejo de Seguridad Pública; también trabajó como parte del equipo de apoyo y asesoría en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla.

Respecto a José Luis García Parra, este personaje cercano al gobernador electo estudió la licenciatura en Comercio Exterior y su cédula profesional es 4146111. Sin embargo, siempre ha estado ligado al ámbito de la política.

En su trayectoria destaca que fue asesor legislativo en la Cámara de Diputados entre los años 2015 y 2018, así como secretario técnico del mismo poder entre 2018 y 2022.

Entre sus cargos más recientes está el de ser coordinador de asesores del gobernador electo Alejandro Armenta en el Senado de la República entre 2022 y 2023, poco antes de que fuera destituido por el propio Armenta de ese puesto tras ser exhibido en un auto deportivo de alta gama.

Los dos personajes, el sábado 29 de junio, fueron anunciados como parte de la coordinación central del equipo de transición del morenista en cara al proceso de entrega—recepción entre las administración entrante y saliente.

Esta coordinación central se estructura en siete comisiones iniciales, a las que se sumarán tres más durante la primera semana de julio.

El proceso de transición se realizará en total conformidad con la Ley y bajo la autorización de la Secretaría de la Función Pública, reafirmando su carácter institucional y formal establecido en la Constitución. (CR).