La contaminación del Río Atoyac fue el único tema controversial que sorteó la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, en su comparecencia ante el pleno del Congreso del estado, que mantuvo la condescendencia este jueves, el segundo día de pedir cuentas al gabinete del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta con motivo del informe de gobierno.

En su informe de 20 minutos, la funcionaria presumió avances en materia de conservación del medio ambiente, pero reconoció que en 2021 por segundo año consecutivo el Río Atoyac se mantuvo como la segunda cuenca de agua más contaminada de México.

Esto detonó algunos cuestionamientos y comparaciones entre legisladores, ya que Nora Merino Escamilla (del PT) y Tonantzin Fernández Díaz (de Morena) culparon del asunto a la poca intervención de las administraciones pasadas.

El diputado local yu dirigente del partido Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, reprochó la falta de atención y estrategia para el saneamiento del Atoyac.

Como exigió a la funcionaria que no delegue el problema a la siguiente administración, Beatriz Manrique aseguró que ya se han atendido 8 de las 11 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“La realidad es que no hemos atendido la problemática del Río Atoyac. Se ha demostrado que la contaminación del río ha tenido repercusiones en la salud humana, recursos naturales y medio ambiente. Se han presentado denuncias para su atención, sin embargo, las sanciones no han sido suficientes, pues los empresarios prefieren pagar multas y seguir realizando descargas”, reprochó el legislador.

La secretaria defendió que para combatir el daño ambiental se hizo un convenio con una organización de Reino Unido, para actualizar la Ley Estatal del Cambio Climático.

También presumió un convenio instruido por la CNDH para generar un marco institucional con el gobierno federal y el gobierno de Tlaxcala.

“El tema del Río Atoyac tiene una complejidad importante, pues la parte alta de la cuenca se encuentra en Tlaxcala. La recomendación de la CNDH emitió una serie de puntos y recomendaciones para el saneamiento”, refirió.

Detalló que en 2021 se realizaron 40 por ciento más visitas de supervisión en comparación con el año anterior (en pandemia); 55 clausuras a empresas y seguimiento a las denuncias ciudadanas, además de recorridos para la detección de contaminantes.

Manrique Guevara detalló que uno de los puntos con mayor incidencia es en la zona de San Martín Texmelucan, donde se realizan cientos de descargas por lavado de textiles, pero sostuvo que clausurarlas no es una estrategia viable porque se contribuye a que se realicen en otros puntos de la cuenca.

Para amortiguar las críticas, Merino Escamilla atribuyó la falta de acciones y el aumento de la problemática a “los malos gobiernos del pasado”, pues acusó al exgobernador Antonio Gali Fayad de desviar los recursos destinados al saneamiento.

“En el gobierno de Tony Gali se desviaron más de mil millones de pesos que serían destinados para el saneamiento del Río Atoyac”, denunció.

Calidad del aire y denuncias por maltrato

Manrique Guevara también dio cuenta del trabajo que se ha realizado en Puebla para el manejo de residuos sólidos. Aseguró que se han mejorado los procesos internos y se ha logrado un incremento del 250 por ciento de la capacidad de los centros de acopio, almacenamiento y utilización de residuos de manejo especial.

En cuanto a la calidad del aire, aseguró que hay seis equipos más en la red estatal de monitoreo atmosférico. Dentro de los objetivos para regular a las industrias de energía, dijo que se mejoró los procesos para la obtención de licencias de operación y fuentes fijas, a través de una plataforma para agilizar este trámite para las empresas industriales. 

Detalló además que el año anterior se realizaron 43 denuncias penales por maltrato animal.

A la vez se atendieron tres contingencias ambientales, como el socavón y las explosiones de San Pablo Xochimehuacan y Felipe Ángeles.

También informó que se inició el programa Puebla Resiliente, que consistirá en el trabajo conjunto de 22 municipios para revisar su planeación urbana con el enfoque de riesgos especialmente en Huejotzingo y Juan C. Bonilla por la aparición del socavón en la zona que acabó con el hogar de una familia.

En cuanto a la contaminación visual, se realizaron 83 clausuras de anuncios, 197 retiros de publicidad y 67 retiros voluntarios.