Una vez más, los mexicanos somos testigos de la pésima situación que vive nuestro país en materia de defensa y protección de los derechos humanos, atendiendo al informe que anualmente organismos como Amnistía Internacional presentan ante la opinión pública y que contrasta de manera contundente con los datos que el presidente de la CNDH dio a conocer en su último informe de actividades, presentado ante el Ejecutivo Federal, lo que denota que vivimos en un mundo de ficción, donde cada quien cree lo que le conviene o lo que le causa menos daño.

Temas tan sentidos como la violación sistemática a los derechos humanos de los migrantes, los feminicidios, los derechos de los pueblos indígenas, la tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, la muerte de periodistas, entre otros, nos llevan a concluir que, a pesar de la reforma en la materia que entró en vigor el año 2011,  los avances han sido casi nulos, ya que salvo los asuntos que han llegado a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha logrado que el Gobierno de la República se halla visto obligado a acatar las resoluciones, reconociendo públicamente que aún se tienen muchos pendientes en la materia, aunque esto en el discurso político se ha minimizado bajo el argumento de que se trata de casos aislados.

Me parece increíble que aun y cuando la reforma amplía el campo de acción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las Comisiones estatales, sigan prevaleciendo las presiones políticas y protección a los funcionarios públicos para evitar que se den a conocer las violaciones que cometen en el desempeño de sus cargos y la forma en que eluden su responsabilidad.

La CNDH tiene asignado un presupuesto de alrededor de mil 400 millones de pesos, con una infraestructura y salarios que se consideran altos, si los comparamos con el raquítico presupuesto que los Congresos locales asignan a las Comisiones Estatales, que en muchos de los casos sólo sirven como figuras decorativas, porque se consideran parte del gabinete ampliado de los Gobiernos estatales y su actuación la sujetan a proteger la imagen y trayectoria política del gobernante en turno y en otras ocasiones sirven como garrote en contra de Gobiernos Municipales o funcionarios de nivel medio que se consideran enemigos políticos o incómodos.

Acudir al Informe de los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados es un acto protocolario donde lo que menos se dice es la verdad, se maquillan cifras, se emiten elogios a los Gobernadores y a los Diputados de los Congresos por su apoyo a las tareas de la Comisión y se justifica el uso de los recursos públicos para hacer creer al ciudadano que sus derechos humanos están en buen resguardo.

Son muy pocos los casos en los que los ombudsman locales hacen señalamientos públicos o presentan estudios serios sobre lo que sucede en áreas como las prisiones u hospitales públicos, ya que lo más importante es cuidar la imagen del gobernante y para eso en los Estados se erogan fuertes sumas de dinero, muy superiores a lo que se asigna como presupuesto de las Comisiones Estatales, ya que es más importante cuidar la imagen del Gobernador, que la de los ciudadanos que con sus impuestos aún esperan se respeten y salvaguarden sus derechos humanos.

Los ejemplos de esto son numerosos, sin importar la filiación partidista del gobernante, es un mal que ha afectado a todos y que no tiene para cuándo terminar.

En otras entregas he comentado el problema que representa la falta de autonomía de las Comisiones estatales de Derechos Humanos y las presiones que reciben para actuar enfrentando a funcionarios de diversos niveles que niegan información o simplemente ven a los visitadores de estos organismos como personas entrometidas que no merecen se les apoye en su trabajo.

Visto desde ese punto de vista, el trabajo de los presidentes de las Comisiones estatales demuestra que no tienen ningún compromiso con la ciudadanía, sino únicamente con quien les dio el puesto y de quien depende continúen en el mismo, ya que si se vuelven incómodos, lo único que les espera es vivir en el ostracismo o hasta ser víctimas de una denuncia penal por no entender cuál fue el papel que debieron desempeñar.

Lo más dramático de la situación comentada es que una vez más, son los organismos internacionales son  los que sacan a la luz la realidad de muchas de las cosas que vivimos en México, no sólo en esta área, sino también en temas financieros, políticos y de seguridad por la falta de confianza que se tiene hacia las autoridades que tienen a su cargo dar a conocer la información oficial, la que siempre contiene muchos datos, menos la verdad.