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Crecen ataques a la prensa en Puebla en este gobierno: Artículo 19

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La entidad pasó en un año del décimo al segundo lugar nacional en agresiones contra periodistas
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Puebla pasó en el último año del décimo al segundo lugar nacional en agresiones contra periodistas, según lo dio a conocer este lunes la organización Articulo 19.

Al presentar su reporte sobre el primer semestre de 2020, señala que Puebla sólo está detrás de la Ciudad de México en ataques contra la prensa, y en conjunto con Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, las 5 entidades concentran el 48 por ciento de los casos totales en el país.

Articulo 19 citó que en la primera mitad del año documentó 49 agresiones en Puebla, y como organización ha emitido siete alertas por hechos perpetrados por funcionarios públicos en el estado.

Incluso, expuso que más de la mitad de los casos están ligados al gobernador de la entidad.

“(…) existe un efecto multiplicador donde la misma estrategia del gobierno de Andrés López Obrador se repite en los estados. En vez de fungir como espacios de diálogo o de transparencia informativa, tanto el presidente como los gobernadores utilizan las conferencias de prensa, en temas generales y de la salud, para estigmatizar y denostar a la prensa. En Baja California, Jaime Bonilla y su equipo son responsables de al menos 11 bloqueos y estigmatizaciones contra medios críticos. El gobernador ha llamado mentirosos a quienes investigan y disputan los datos presentados sobre el manejo de la pandemia. En Puebla, 25 agresiones (de 49 reportadas), poco más del 50% del estado, son vinculadas directamente al gobierno de Miguel Barbosa quien rechaza preguntas de medios quienes le han cuestionado”, se expone.

Cada 10.75 horas, una agresión contra la prensa en el país

La organización documentó 406 agresiones contra periodistas y medios de enero a junio en todo el país, lo que representa un incremento del 45 por ciento en comparación con las 280 agresiones documentadas durante el mismo periodo en 2019. Dicho de otra manera, hoy se agrede a la prensa cada 10.75 horas.

Con 609 agresiones, el 2019 –primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador– fue el año más violento contra la prensa en la última década.

Sin embargo, en los primeros seis meses de este año “ya se alcanzó el 66 por ciento de este infame récord. Como comparativo, este primer semestre de 2020 ya superó el total de agresiones documentadas en todo 2015. De continuar esta tendencia, el 2020 sería el año más violento para la prensa desde que Artículo 19 tiene registro”.

Asesinatos, los casos extremos

En el primer semestre del año se documentó el asesinato de dos periodistas de enero a junio: María Elena Ferral, el 30 de marzo en Veracruz, y Jorge Armenta, el 16 de mayo en Sonora.

Aunque en total, son 4 asesinatos en 2020, considerando los casos de Pablo Morrugares, asesinado el 2 de agosto en Guerrero, y Julio Valdivia, el 9 de septiembre en Veracruz. Éste último ocurrió apenas la semana pasada. Con estos, suman 15 periodistas quienes perdieron la vida por su labor bajo la actual administración.

Las principales agresiones contra periodistas y medios registradas en 2020 son amenazas, intimidaciones y hostigamientos, así como bloqueos informativos y alteraciones de contenido.

Se detectaron 96 amenazas, de las cuales 40 fueron de muerte. Esto representa un incremento de más del 26 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Además 91 casos de intimidaciones y hostigamientos, lo que implica un incremento del 40 por ciento. “En particular, las campañas de desprestigio se duplicaron. Con 36 agresiones, casi llegan al total de 39 registradas a lo largo de todo el año pasado”.

Los bloqueos informativos y alteraciones de contenido registrados ascendieron a 61 casos, lo que representa una duplicación de éstos.

Se registraron 47 ataques físicos. Lo que implica un preocupante aumento del 80 por ciento, dada la vulnerabilidad que este tipo de agresiones representan para la integridad física de periodistas en México.

Artículo 19 urgió a los gobiernos federales, estatales y municipales a revertir esta tendencia de violencia, dado que las obligaciones del Estado en materia de protección a periodistas requieren materializarse en una actuación diligente y eficaz para evitar los asesinatos y el aumento de otros ataques contra la prensa en razón de su labor.

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