En el Congreso de Puebla se buscará elevar a delito grave el feminicidio, para que amerite prisión preventiva oficiosa, así como declarar a la retención de sueldos de funcionarias como violencia política de género.

En una iniciativa presentada este miércoles se propuso incluir a los asesinatos por razón de género en la lista de delitos graves, a fin de que los Ministerios Públicos ordenen de oficio la detención inmediata de los sospechosos.

La reforma propuesta en la sesión de la Comisión Permanente involucra a los artículos 238 y 248 del Código de Procedimientos Penales, que ya contemplan la prisión preventiva para el homicidio doloso, el secuestro y la violación, entre otros.

Con esto se pretende eliminar el vacío legal que existe en el estado, ya que la Constitución Mexicana contempla el feminicidio como delito grave, sin embargo, a nivel estatal esto no es así hasta el momento.

Puebla cerró 2019 como la cuarta entidad del país con más feminicidios, al sumar 50 carpetas de investigación de enero a octubre, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Extienden violencia política

Por otro lado, se busca extender el concepto de violencia política de género, a fin de que englobe la retención de salarios a servidoras públicas.

Para esto se propuso modificar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el capítulo que fue agregado hace dos meses para legislar la violencia política en el estado, pues hasta octubre Puebla era de los nueve estados del país que no reconocían a esta conducta como un tipo de violencia.

La intención es agregar tres fracciones al artículo 21 Ter, para agregar tres prácticas que constituirían violencia contra las mujeres, que son:

“Distribuir de manera inequitativa los recursos para las campañas políticas; condicionar o retener el pago de sus dietas o salarios; y cualquier otra conducta análoga que se realice afectando u obstaculizando la participación o la libertad de los derechos político-electorales de las mujeres”.

Violencia mediática será discriminación

Otra propuesta realizada este día consiste en que la violencia mediática contra las mujeres se considere un acto de discriminación, que el gobierno del estado estará obligado a impedir.

La reforma presentada busca agregar a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación una fracción al artículo 6 bis, que enlista los actos discriminatorios, para que se incluya como uno nuevo el:

“Promover odio y violencia por medio de la publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación o redes sociales, que de manera directa o indirecta injurie, difame, discrimine, deshonre, humille, atente contra la dignidad o promueva la explotación de las personas, generando desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia”.

Las iniciativas fueron presentadas por la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, y se turnaron a comisiones para su discusión y análisis antes de su aprobación.

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