El conflicto que  existe en el Distrito Federal, por la forma en que la Asamblea Legislativa (ALDF) designó como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos a Perla Gómez Gallardo, en sustitución de Luis González Plascencia y la judicialización en contra del proceso, vía dos juicios de amparo promovidos por ex candidatos, así como de tres solicitudes de información dirigidas a la oficina de Transparencia de la ALDF para conocer los criterios de selección aplicados por los legisladores, reflejan los vicios de un procedimiento contaminado, precisamente por la intromisión de personajes como el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera y su secretario de Gobierno quienes al interior del Órgano dieron línea para apoyar la propuesta de Gómez Gallardo, sin importar su escasa experiencia en la materia y que su perfil no era el idóneo para ocupar el cargo.

Es muy difícil que prosperen los juicios de amparo y más aun, que la oficina de transparencia dé a conocer los criterios que orientaron la decisión de los asambleístas, para quienes éste es un caso cerrado.

Dicha actitud no debe extrañarnos, ya que es una práctica recurrente de los Gobernadores y Congresos estatales que en la designación de los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos se emitan convocatorias donde se invita a las organizaciones no gubernamentales, universidades, colegios y grupos defensores de derechos humanos a proponer candidatos a ombudsman, a sabiendas que la decisión final será conforme a la línea del partido que tenga mayoría y que convenga al ejecutivo del Estado  que no puede sustraerse a intervenir para que se nombre a una persona que le sirva de tapadera o comparsa para evitar le emita recomendaciones o lo haga ver mal ante los ciudadanos por las violaciones a derechos humanos que cometan él o sus subordinados.

De ninguna manera los mandatarios estatales pueden poner en riesgo que llegue a esos cargos una persona independiente, pensante y con conocimiento de la materia, ya que prefieren un sujeto a modo que no se interponga ni impida se cometan actos violatorios a derechos humanos, de tal suerte que si hacemos un análisis de la forma en que fueron electos los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de todos los Estados del país encontraremos que se cumple religiosamente con dicha regla. Lo importante es manejar en el discurso el respeto a los derechos, cuando en los hechos es lo último que preocupa a las autoridades estatales y ni se diga del ámbito federal.

Nos parece increíble que, después de haberse aprobado una reforma constitucional en la materia en julio de 2011, a nivel general en México, se haya incrementado el número de quejas por violaciones a los derechos humanos a consecuencia de la guerra al narcotráfico y del aumento de la delincuencia organizada, que han sido un buen pretexto para que se cometan todo tipo de atrocidades en contra de la población civil, lo que ha derivado en que se vayan acumulando cada vez más quejas en contra del Gobierno mexicano en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde casos de desapariciones forzadas, tortura, genocidio, entre otros, lo que seguramente hará que en pocos años México ocupe uno de los primeros lugares en sentencias condenatorias por todos las violaciones cometidas por las autoridades del Gobierno Federal y el ejército.

Otro elemento preocupante, es que las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados actualmente son consideradas como dependencias del gabinete ampliado de los Gobernadores, es decir, a ellos deben el puesto y en consecuencia su actuación debe ser acorde a los lineamientos que se dicten en las oficinas gubernamentales, ya que si de algo carece su actuación es de independencia y autonomía.

Reflejo de esta situación, es el hecho de que su presupuesto depende de lo que el ejecutivo proponga a las Cámaras de Diputados y que en la mayoría de los casos, se determina de acuerdo al capricho de los mandatarios, total, para qué necesitamos que los ciudadanos conozcan sus derechos, si de todos modos cuando se los violemos no vamos a hacer nada para reparar el daño.

Conviene que se mantenga la ignorancia en estos temas y que la gente se acostumbre a que si se le violan sus derechos, tienen razón las autoridades por la guerra en contra de la delincuencia o por la seguridad de la población.

Con Ombudsmans ignorantes y sometidos, se gobierna mejor y los gobernadores, incluido el Jefe de Gobierno del DF, pueden dormir tranquilos y cometer violaciones a derechos humanos, sin preocuparse por una recomendación ya que para eso tienen a quien les cubra las espaldas. ¿Y los ciudadanos? ¡Bien gracias!