Tratando de hilvanar las notas periodísticas de los últimos días con la realidad de los residentes en nuestra entidad federativa y nuestra ciudad capital, es fácil reconocer que en Puebla los esfuerzos de una población que verdaderamente aplica diariamente sus esfuerzos en mejorar sus condiciones de vida y la de sus descendientes, se enfrentan a una muralla también poblana que oficialmente se opone a ello. Verá usted por qué lo entiendo así:

En la ciudad capital del estado poblano se vive el más grande fracaso en materia de prevención del delito de que se tenga registro, pero paradójicamente los funcionarios públicos que cobran por evitarlo, cada vez son más  imaginativos para auto-exculpar su ineficiencia. Han llegado al extremo de responsabilizar a las pobres víctimas por los delitos sufridos, pasando por exigirle a la sociedad que se felicite porque los decapitados y ejecutados sólo aparecen en Puebla cada tercer día y no a diario como en otros estados.

En esta cómoda posición, a las autoridades policiales no les ha llamado la atención el peligroso corredor Amozoc-Tecamachalco-Palmar de Bravo, sobre el que desde hace varios años se cometen cotidianamente atracos a negocios y vehículos de todo tipo y capacidad, provocando pérdidas económicas millonarias y generando más pobreza regional. Los productos, incluidos los vehículos robados se comercializan en la misma zona. El asunto no es menor, por cuanto se trata de una organización delictiva en la que podrían estar involucrados personajes no desconocidos del todo por la comunidad poblana. Quizá por ello las instituciones de seguridad pública han consentido que la actividad criminal en esa zona siente sus reales y que tales hechos estén al margen del insultante discurso que pregona la eficiencia operativa de las instancias estatales, federales y municipales de seguridad pública en Puebla.

En otros escenarios de la administración estatal, la protección de los recursos naturales poblanos y la protección ambiental es un asunto que por omiso continúa agravándose y pronto habrá de revertirse contra la población, pues al tiempo que se omite el cumplimiento de la normatividad ambiental en la obra pública estatal y se mantiene laxa la supervisión con las empresas afines al interés de la administración, los avances del deterioro de suelos, agua y bosques cada vez se complican y su solución se hace más costosa. Mientras tanto los pobres mortales de la iniciativa privada no favorecidos con el interés oficial, son objeto de presiones, retrasos y complicaciones debido al desconocimiento, la batalla de vanidades y sobre todo la perversidad en los funcionarios de la dependencia responsable.

En otro escenario, para el gobierno del estado en materia económica sólo un concepto puede ser difundido: La captación de inversión extranjera asociada a la instalación de la empresa automotriz en San José Chiapa. Lo que no le está permitido al poblano saber, es el monto del presupuesto público que estamos pagando y habremos de seguir pagando por la creación de poco más o menos tres mil empleos. La falta de transparencia impide conocer el dato.

El sobredimensionamiento de la presencia futura de la armadora alemana en San José Chiapa lleva con mucho, más carga de costosa promoción política personal, que eficiencia en el combate a la pobreza del 61% de los poblanos en nuestro estado o el impulso a su desarrollo económico. Imagine usted respetable lector, si el generar cuatro mil empleos directos en San José Chiapa requiere de cuando menos mil millones de pesos del presupuesto público; a tal precio, ¿cuántos cientos de miles de millones de pesos se necesitarían para erradicar la pobreza de más de tres millones de poblanos en todo el estado? No olvidar que los terrenos, las carreteras, los accesos, la infraestructura de servicios y el equipamiento urbano, así como muchos otros detalles en San José Chiapa, no han sido pagados por quien se anuncia como inversionista, sino por los recursos públicos, entre los que se suman los impuestos pagados por los poblanos más pobres.

Los verdaderamente necesitados de impulso a sus esfuerzos diarios de trabajo: los más de 864 mil poblanos en condiciones de pobreza extrema, más los 2.6 millones en condiciones de pobreza moderada, esos seguirán esperando el cumplimiento de eternas promesas; las últimas,  juradas con humildad hace poco más de tres años pero ignoradas hoy con soberbia. Esos pobres no han sido merecedores de una política pública diferenciada que les permita por sí mismos superar su situación; antes que eso, deberán arrostrar la carga de las externalidades socioambientales que les deja la política estatal de promoción a la inversión (?) extranjera.

Creo que hoy el verdadero problema del desarrollo para los pobres poblanos es la muralla constituida por una administración estatal irreversiblemente improvisada, descompuesta, alejada de toda estructura de integralidad. El panorama me parece claro: Para Puebla lo mejor está por venir; lo decepcionante es que faltan tres años para volver a sembrar esperanzas.