La primera etapa (en 2013) de la privatización del servicio de agua potable en la capital del estado de Puebla y 24 municipios más, “fue resultado de una maquinación política y económica para beneficiar a la empresa Concesiones Integrales” y ahora se pretende hacer lo mismo para el resto de los municipios poblanos.

Así lo denunció el diputado federal del PRI, Alejandro Armenta Mier, quien recordó que dicha empresa ni siquiera participó en el proceso de licitación, sino que a través de una operación simulada que encabezó el gobierno de Rafael Moreno Valle y mediante una cesión de derechos, se benefició a la empresa Construcciones Integrales.

El legislador poblano destacó que a partir de la primera etapa de privatización la empresa aumentó hasta en más de 300 por ciento el costo del agua. Además realizó cortes al servicio e interpuso demandas legales contra supuestos usuarios morosos.

Armenta Mier subrayó que en el estado de Puebla se violenta toda norma en materia de agua, pues de acuerdo con la ONU el costo del agua no debería superar tres por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

Mientras que uno de los objetivos del Desarrollo del Milenio es “reducir a la mitad la proporción de personas que carece de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”.

Además, en febrero de 2012 el Congreso de la Unión elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, con lo que el Estado asume la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar su cumplimiento en forma accesible, suficiente, salubre, aceptable y asequible con participación de la ciudadanía.

Recalcó que aunque el artículo 4o. Constitucional establece que el agua es un derecho humano y corresponde al Estado garantizarlo, “en Puebla esto no se cumple ni se respeta”, dijo.

Y es que el pasado seis de enero el Congreso local de Puebla aprobó modificar la fracción VI del artículo 12 de la Constitución estatal, con el propósito de llevar a cabo el mismo proceso de privatización, pero ahora al resto de los municipios poblanos, “en clara contraposición a lo establecido por nuestra constitución y tratados internacionales de los que México es parte”, insistió el legislador federal.

Alejandro Armenta presentó ante la Cámara de Diputados federal un punto de acuerdo encaminado a que el Congreso de la Unión exhorte tanto al Congreso de Puebla, como al gobernador Antonio Gali, “para que se detenga el proceso legislativo para llevar a cabo la privatización del servicio de agua potable”.

Lo anterior, en virtud de que se vulneran diversas disposiciones en materia de derechos humanos del ámbito local, federal e internacional, lo cual puede generar un conflicto social en toda la entidad, advierte el diputado.

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