Muchas opiniones y declaraciones han aparecido en los medios locales y nacionales a propósito de la tragedia sufrida por una gran cantidad de poblanos residentes en las comunidades de la Sierra Norte poblana.  Entre ellas llaman mucho mi atención las de los responsables de la administración pública. Así tenemos que el director del Sistema Nacional de Protección Civil unas horas apenas después del ingreso de la tormenta a la región se apresuró a difundir, palabras más, palabras menos, que; “Gracias a la coordinación de las instancias  de gobierno,(bla, bla, bla….), no habían desgracias que lamentar en la zona”; horas más tarde, el gobernador del estado en su visita  a la zona siniestrada y ante algunos afectados, le atribuyó al “cambio climático” la presencia del evento meteorológico. Por otra parte el día de ayer, el gobernador electo anunció  que en su administración elaboraría un Atlas de Riesgos por cada región socioeconómica.

Sobre el rollo de falsedades automáticas emitidas por el vocero federal en materia de protección civil, ni hablar. De por sí poco puede creer ya la ciudadanía en sus autoridades, pero no puede pasarse por alto que los políticos frecuentemente padezcan el docto prurito de opinar sobre cualquier tema, también lo es que con la misma asiduidad cometen dislates que en escenarios trágicos -como el del pasado fin de semana-, pueden entenderse como un intento de engaño a la humilde población severamente damnificada.

No, no debe intentarse confundir a la comunidad para tratar de evadir la responsabilidad de una insuficiente política gubernamental (léase interés) en materia socio ambiental. En primer lugar porque la tormenta Earl no fue atípica, ni fue extrema en intensidad o duración, como sí lo fueron los efectos sobre el suelo y sus asentamientos; en segundo lugar, porque el gobierno estatal tiene la  responsabilidad fundamental de velar por la seguridad de los poblanos. No hay manera de eludir la carga. Bastaría revisar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, y la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, además de revisar las alternativas que tienen disponibles otras instancias federales de apoyo operativo, de prevención y de financiamiento, como la SEDATU, por ejemplo. Simplemente el tema de la seguridad de los poblanos en el contexto de riesgos naturales, ha sido pasado por alto por la administración estatal y en mi opinión existe responsabilidad oficial.

Luego los poblanos nos encontramos con el remedio propuesto por el próximo gobernador, para atender el problema: Se contará con un Atlas de Riesgos por cada región del estado. Supongo que alguien se lo sugirió con muy buena intención pero con un desconocimiento bárbaro de los contextos técnicos, científicos y normativos implicados en un Atlas de Riesgos Naturales.

El contexto técnico tiene qué ver con la definición del espacio a estudiar y su contexto geopolítico administrativo y social. Esta particularidad descubre la necesidad de estudiar territorios municipales; el alcance científico supone una propuesta metodológica interdisciplinaria de abordaje congruente con la caracterización socio-ambiental del territorio, y los alcances normativos están ya definidos por el Sistema Nacional de Protección Civil y coordinado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Todos los Atlas de Riesgos se integran  a la base nacional de datos, a través de los programas informáticos especiales previstos para incorporar información por municipio. No pueden incorporarse datos regionales.

Pero adicionalmente, la SEDATU anualmente incluye en su presupuesto, un programa de prevención de riesgos, a través del cual otorga apoyo financiero a los municipios del país que lo soliciten, para elaborar sus Atlas de Riesgos Naturales. Pero el apoyo no queda ahí, cada Atlas de Riesgos debe sugerir acciones para reducir o evitar los riesgos identificados en el estudio y la SEDATU aporta los recursos para ello a fondo perdido. El estado de Puebla tiene 217 municipios y menos del 20% de ellos cuenta con un Atlas de Riesgos Naturales.

Pero la prevención de desastres por riesgos naturales no sólo se resuelve con un Atlas. Este fundamental instrumento de planeación debe dar lugar a la elaboración del  Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal para asegurar las estrategias de aprovechamiento de los recursos y, a partir de ahí, ser complementado con el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de cada municipio. Pero antes que todo esto se detone, es preciso contar con el ordenamiento ecológico territorial estatal por cuencas hidrológicas.

No, no es sencillo. Nadie puede pensar que lo sea. Sólo hay que pensar en las consecuencias de no planear el desarrollo integral de las comunidades. Ya no estamos en aquellos tiempos en que el gobernante resolvía todos los problemas de las comunidades, con obras como puentes, edificios públicos y caminos. La administración pública es mucho más que declaraciones al vapor.