Lo que revela el trágico suceso ocurrido en el bar Sala de Despecho, donde fueron asesinados tres jóvenes, no sólo evidencia un deterioro en las condiciones de seguridad del municipio de Puebla, sino también expone una problemática estructural en la narrativa institucional sobre la violencia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en diciembre de 2025 el 84.5 % de la población de Puebla capital manifestó sentirse insegura. En el mismo periodo de diciembre de 2024, la cifra fue de 75.5 %, lo que representa un incremento de poco más de nueve puntos porcentuales en la percepción de inseguridad.

Es metodológicamente correcto comparar el mismo trimestre en distintos años, pues contrastar periodos no equivalentes puede conducir a interpretaciones erróneas debido a variaciones estacionales en dinámicas sociales y económicas. Sin embargo, cuando en el mismo periodo anual se observa un aumento sostenido en la percepción de inseguridad, el dato deja de ser coyuntural y se convierte en indicio de un fenómeno estructural.

Desde el discurso gubernamental, suele argumentarse que la percepción se ve influida por el consumo de noticias negativas o por el contexto nacional. No obstante, el propio diseño metodológico de la ENSU desestima parcialmente esa tesis. El instrumento incluye preguntas orientadas a la experiencia directa del entorno inmediato, tales como:

“En los últimos tres meses, ¿ha escuchado o visto en los alrededores de su vivienda situaciones como…?”
“En este mismo periodo, por temor a sufrir algún delito, ¿cambió sus hábitos respecto a…?”

Es decir, la percepción reportada se vincula con vivencias concretas en el espacio local, no exclusivamente con narrativas mediáticas externas.

El hecho de que el homicidio ocurriera en Angelópolis, una de las zonas de mayor plusvalía de Puebla, detonó una reacción nacional. Desde 2024, la violencia ha alcanzado espacios tradicionalmente asociados con la élite económica de la ciudad. Mientras que en juntas auxiliares ya se advertían signos de deterioro, hallazgos de cuerpos embolsados, proliferación de “picaderos” en el Centro Histórico y otros indicadores de descomposición social, el impacto en zonas de alto poder adquisitivo alteró el equilibrio simbólico de la percepción pública.

Subyace aquí un problema de construcción social de la criminalidad. Persiste la idea de que el delito se concentra en sectores socioeconómicos bajos y que la violencia es una consecuencia “natural” de la marginalidad. Esta premisa constituye una dicotomía artificial y empíricamente falsa: la criminalidad atraviesa todos los estratos sociales, incluyendo la delincuencia de cuello blanco, la corrupción, el fraude fiscal y los delitos financieros. Reducir el fenómeno a una sola clase social no sólo es incorrecto, sino que reproduce un sesgo de confirmación funcional a la narrativa oficial.

En segundo término, el caso exhibe una práctica discursiva recurrente desde mediados de la década de 2000: la tendencia a sugerir, de manera explícita o implícita, que la víctima estaba vinculada al crimen organizado, con lo cual el Estado diluye su obligación constitucional de investigar con exhaustividad. La insinuación de que se trató de un “ajuste de cuentas” opera como mecanismo de legitimación retrospectiva del homicidio y como estrategia de control de daños políticos.

Esta lógica no es nueva. En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, desde el aparato gubernamental se promovieron versiones que buscaban vincularlos con el narcotráfico, intentando erosionar la legitimidad social de la exigencia de justicia. De igual manera, en 2010, los estudiantes Jorge y Javier fueron asesinados por elementos del Ejército en el Tecnológico de Monterrey; posteriormente se acreditó que la escena fue alterada para simular una agresión. En diciembre de 2024, el Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito en Nuevo León confirmó la sentencia contra cinco militares por estos hechos.

Aceptar que la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar dependa de la “buena conducta” real o presunta de la víctima constituye una renuncia institucional al Estado de derecho. La justicia no es condicional ni selectiva. Cuando la sociedad valida la narrativa de que “algo habrá hecho”, no sólo normaliza la revictimización, sino que habilita que, ante cualquier hecho futuro, el Estado pueda recurrir al mismo recurso discursivo para deslindarse.

Es particularmente peligroso asumir que la zona geográfica donde ocurre un asesinato basta para inferir la culpabilidad moral de la víctima. Ese razonamiento no sólo es falaz; también sienta un precedente que eventualmente puede volverse contra cualquiera. Si hoy justificamos la violencia bajo la presunción de pertenencia al crimen organizado, mañana el mismo argumento podría utilizarse para manchar nuestro nombre.

El caso del bar Sala de Despecho no es únicamente un episodio trágico: es un espejo que refleja el deterioro en la percepción de seguridad, la fragilidad de la comunicación política en materia de violencia y la urgente necesidad de recuperar un principio básico del constitucionalismo moderno: el Estado tiene la obligación incondicional de investigar toda privación de la vida, sin importar la identidad o el estatus social de la víctima.

Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), diciembre 2024 y diciembre 2025. Resultados sobre percepción de inseguridad en Puebla capital. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/