Una de las primeras obligaciones de cualquier gobierno es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Ningún programa social, ninguna obra pública y ningún discurso de desarrollo puede sustituir la responsabilidad fundamental del Estado de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las personas. Cuando esa obligación comienza a debilitarse, la confianza ciudadana también empieza a deteriorarse.

Porque hay una diferencia enorme entre sentirse seguro y que te digan que estás seguro.

La seguridad pública no se mide por boletines, conferencias o estadísticas aisladas. Se mide por la tranquilidad con la que una familia sale de su casa, por la confianza de un comerciante para abrir su negocio, por la certeza de un conductor de que podrá recorrer una vialidad sin convertirse en víctima de un delito.

Esa es la verdadera evaluación que enfrentará esta semana el secretario de Seguridad Pública durante su comparecencia ante el Congreso del Estado. Debería ser el momento para responder las preguntas que diariamente se hacen miles de poblanos y que difícilmente encuentran respuesta en los boletines del Gobierno.

La comparecencia no debería centrarse en cuántos operativos hubo, sino en explicar por qué hechos que hace unos años parecían excepcionales hoy forman parte de la conversación cotidiana de Puebla.

Y es que hay cosas que no deberían convertirse en noticia porque simplemente no tendrían que ocurrir. Salir de casa con la tranquilidad de regresar, conducir por una vialidad sin temor a una agresión, caminar por una calle sin pensar en la delincuencia o dejar un vehículo estacionado con la confianza de encontrarlo completo deberían formar parte de la normalidad de cualquier sociedad.

Es en esencia, el propósito de la seguridad pública. No se trata únicamente de patrullas recorriendo las calles, de operativos espectaculares o de conferencias de prensa donde se presentan cifras alentadoras. La verdadera seguridad se mide de otra manera: por la tranquilidad con la que viven las familias, por la confianza de los comerciantes para abrir sus negocios y por la certeza de que la ley prevalece sobre la violencia.

Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero debate.

Basta recordar algunos de los acontecimientos que han marcado la agenda pública durante los últimos meses. Uno de los casos que más preocupación generó fue el del denominado "Tirador de la Vía Atlixcáyotl", una serie de ataques contra automovilistas en una de las vialidades más importantes y transitadas de nuestra entidad. Lo que inicialmente parecían incidentes aislados terminó convirtiéndose en una investigación por múltiples agresiones, algunas de ellas cometidas con arma de fuego, obligando incluso actualmente a desplegar operativos especiales para intentar localizar al responsable.

Pero la preocupación que enfrenta los poblanos tampoco termina en los hechos de violencia que ocupan los encabezados. Hace apenas unas semanas, la propia Fiscalía General del Estado difundió un listado con 75 personas localizadas sin vida que ya fueron identificadas, pero cuyos cuerpos permanecen sin ser reclamados por sus familiares como parte del Programa de Identificación Humana del Instituto de Ciencias Forenses.

Más allá del esfuerzo institucional por lograr su identificación, la publicación de esa lista también refleja una realidad que no puede pasar inadvertida: detrás de cada nombre existe una historia interrumpida, una familia que aún desconoce el paradero de un ser querido o que, por distintas circunstancias, no ha podido reclamar sus restos.

Ese hecho, por sí solo, obliga a una reflexión. Porque cuando una autoridad se ve obligada a publicar decenas de nombres de personas fallecidas para intentar reunirlas, al menos de manera póstuma, con sus seres queridos, queda claro que la discusión sobre seguridad va mucho más allá de las estadísticas.

Pero quizá uno de los episodios que más conmocionó a la opinión pública ocurrió a principios de marzo de 2025, cuando fueron localizados los cuerpos de nueve jóvenes, cinco hombres y cuatro mujeres en el municipio de San José Miahuatlán, en los límites de Puebla y Oaxaca. Los cuerpos presentaban huellas de violencia y varios de ellos fueron encontrados desmembrados, en un caso que colocó nuevamente a Puebla en los titulares nacionales e internacionales.

Más allá de las investigaciones sobre los responsables y las circunstancias particulares del crimen, el hecho dejó una pregunta inevitable entre la ciudadanía: ¿cómo puede una escena de esa magnitud formar parte de la realidad de un Estado que aspira a ofrecer condiciones de paz y seguridad?

Pero la percepción de inseguridad no surge de la nada. También encuentra sustento en los datos oficiales. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, durante los primeros meses de 2026 Puebla registró 157 homicidios dolosos, 253 mujeres reportadas como desaparecidas en apenas cuatro meses y 2,701 carpetas de investigación por violencia familiar únicamente durante el primer trimestre del año. A ello se suma que la entidad se ubicó entre los estados con mayor incidencia delictiva del país durante el primer bimestre de 2026, con 12,491 delitos del fuero común, un promedio superior a 200 delitos diarios.

Asaltos al transporte público con pasajeros lesionados por arma de fuego, robos violentos a cuentahabientes, personas desaparecidas cuya búsqueda continúa años después, investigaciones por secuestro que siguen abiertas y diversos hechos delictivos que ocupan diariamente los encabezados de los medios de comunicación. Cada caso tiene su propia historia, pero todos comparten un mismo efecto: alimentan la percepción de que la violencia dejó de ser un episodio excepcional para convertirse en parte de la rutina informativa.  

Frente a ese panorama, vale la pena preguntarse: ¿la estrategia de seguridad está diseñada para reducir los delitos o para acostumbrarnos a ellos? ¿En qué momento dejamos de sorprendernos por una balacera porque al día siguiente otra noticia igual ocupó su lugar?

Este miércoles, el secretario de Seguridad Pública no comparecerá únicamente ante las diputadas y los diputados. En realidad, comparecerá ante miles de poblanos que todos los días evalúan la estrategia de seguridad desde una perspectiva muy distinta a la de los informes oficiales.

La evalúan cuando escuchan una balacera, cuando conocen de una desaparición, cuando ven las imágenes de otro homicidio o cuando regresan al lugar donde dejaron estacionado su vehículo con la incertidumbre de encontrarlo completo. Porque los ciudadanos no califican la seguridad con porcentajes, la califican con la tranquilidad con la que viven.

Y mientras esa tranquilidad siga siendo una asignatura pendiente, ninguna estadística, ningún boletín y ninguna comparecencia será suficiente para convencerlos de que las cosas realmente están mejor.

Porque la seguridad no se presume, se garantiza. Y cuando la realidad contradice al discurso, son los ciudadanos quienes terminan emitiendo el veredicto.