El tema de la reforma judicial no es nuevo, se planteaba desde la administración del expresidente López Obrador; sin embargo, después de los descalabros que tuvo la reforma eléctrica y electoral por no contar con las mayorías necesarias para lograr su aprobación se optó para que formara parte del Plan C.

Así que la campaña de la entonces candidata Claudia Sheinbaum se basó en consultar en las plazas a las que acudía sobre si los ciudadanos estaban de acuerdo en elegir mediante voto popular a los jueces, magistrados y ministros. Por lo que no fue algo que nadie supiera que podría pasar una vez que ganara la elección.

Después de cumplir en tiempo y forma con el proceso legislativo, el pasado 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Poder Judicial.

A partir de entonces la oposición y el mismo Poder Judicial han entrado en constante confrontación por la reforma, la cual ya es ley vigente. Manifestaciones, paros de labores con sueldo pagado, incluso hasta una suspensión de una jueza de Coatzacoalcos, que ordenaba a la presidenta suspender la reforma y eliminar la publicación del DOF.

Sin embargo, lo que ha generado consternación ha sido que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a juicio de regularidad constitucional promovidos por partidos políticos PAN, PRI y MC, por presuntamente ser violatorios de los derechos humanos.

Por lo que el pasado 28 de octubre el ministro Juan Luis González Alcántara en un inédito proyecto y cual rey Salomón ha decidido dividir la reforma judicial y aceptar algunas y rechazar otras.

Un documento más que técnico legal, parece un acuerdo político, con el que pretende otorgar algunas votaciones como las de los ministros, pero no de los jueces. Es decir, un documento con el que pretende conciliar con el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Este parece ser un “dardo envenenado” porque de aceptarlo, el Poder Ejecutivo y Legislativo estarían aceptando hacer acuerdos políticos por encima de la Constitución y aceptando per se que la reforma no cumplió con los procedimientos que marca la propia Constitución.

El Poder Legislativo ya anunció que no retrocederá y no está de acuerdo con el proyecto del ministro González Alcántara, por lo que permanecerán firmes en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, por lo que van por todo.

Queda esperar que el día 5 de noviembre los ministros, quienes ocho de ellos ya presentaron su renuncia para 2025, voten a favor o en contra del proyecto, que llevaría a México a un escenario inédito, donde un Poder de la Unión no acepte lo redactado en la Constitución con el respaldo de la soberanía, tal y como lo marca el art. 39 de la Constitución, que establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.