A partir de esta fecha vamos a iniciar una serie de reflexiones enfocadas a la sensibilización de las personas respecto de los derechos humanos. El objetivo primordial es que nuestra audiencia, lectores y seguidores puedan concebir la paz como un proceso que va desde el interior hacia el exterior, que la idea de dignificación de los derechos humanos sea necesaria para todas las personas, que nos autorregulemos en materia de no discriminación, que construyamos herramientas propias para generar procesos de alerta que eviten lastimar, discriminar o violentar a otra u otras personas, que podamos construir en la conciencia de cada individuo la idea de comunidad ideal ocupada en la dignificación de los derechos humanos, para que todas las personas podamos vivir en paz, con plena felicidad y buscando potencializar nuestros talentos, en lugar de mantenernos en un constante estado de vigilia para evitar  ser violentados.

En esta ocasión iniciaremos con la propuesta de “sensibilizar para no violentar periodistas”. El primer paso que tenemos que dar es identificar cuál ha sido, desde la administración de Rafael Moreno Valle hasta la fecha, el común denominador en el estado de Puebla que amenaza, violenta, lastima, criminaliza a periodistas, con independencia del tema de crimen organizado. Esa acción ha salido, en mayor o menor intensidad, desde el área de Comunicación Social del gobierno del estado; me parece que los dos momentos más oscuros y graves se vivieron en la época de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y Rafael Moreno Valle Rosas, en el resto de las administraciones con menor intensidad, pero también sucedió.

Hay que recordar que lo acontecido en el período de Mario Marín Torres relativo al caso de la periodista Lydia Cacho está íntimamente ligado a un hecho entre el Estado y el periodismo, donde también se involucró el sector empresarial en la entidad; todo lo sucedido inició, se procedió y nunca se logró enderezar en su desarrollo y atención. Habrá quien tal vez me sacrifique, pero, este acontecimiento marcó un antes y un después de la administración de Mario Marín.

Nadie me podrá debatir que él cómo presidente municipal fue uno de los mejores o hasta la fecha el mejor que ha tenido la ciudad de Puebla, y como gobernador antes del incidente mencionado, se veía como una formidable administración, y aquí es donde tal vez muchos no estén de acuerdo, e incluso me señalen, pero comparado con los gobiernos posteriores al marinismo, su administración no fue mala; sin embargo, la relevancia nacional mediática que generó este caso, destruyó la buena impresión y opinión de esa administración y el futuro político de la mayoría de quienes acompañaron a Mario Marín, salvo pocas excepciones, que nada tuvieron que ver con ese incidente, que lograron sobresalir y trascender a través de los años.

Lo sucedido con el gremio de los periodistas en las administraciones pasadas pudo evitarse. Soy un convencido de que, si se pudo haber prevenido todo lo anterior, impedir tanta violencia. Tanto daño, tanto dolor a personas inocentes que lo único que hacen es su labor de servir al pueblo desde su trinchera, algunos comunicando, algunos defendiendo, algunos más administrando. Me enfocaré en quien en los periodos anteriores ha sido el sujeto agresor para provocar que hacía adelante evolucione en ser el agente de paz y es quien será la persona que encabece la Comunicación Social del gobierno del estado de Puebla.

Es fundamental que quien encabece el área de Comunicación sea un aliado de la paz, de los derechos humanos, de la dignidad de las personas y un creador y promotor de procesos armónicos; por lo mismo se requiere la deconstrucción de tradiciones añejas, que en nada suma a esta cultura de la paz. Por lo mismo hace falta que se construya no sólo como un vínculo o enlace, sino como el intermediario entre el poder y la sociedad, pues esa persona será quien encabece los trabajos de armonización mediática en el estado de Puebla.

Esta nueva visión y forma de vinculación debe ser no solo con los medios de comunicación, sino con los diversos titulares de Comunicación Social en los municipios, así como en la representación de cada uno de los poderes, diputados, líderes de opinión, organizaciones, y universidad, entre otros. Esta persona, quien organice, gestione entre el poder público con periodistas, columnistas, reporteros, fotoperiodistas y dueños de medios, no debe olvidar que es pieza fundamental para quien ejerce dicho poder público, factor importante en la toma de decisiones con el mejor y mayor sustento de información, y que las que se tomen en lo público sean las mejores, pues son los responsables de comunicación social quienes deberían de lograr la sensibilización de las figuras que están ejerciendo el poder en sus diversas áreas: presidenta de México, gobernadores, presidentes municipales, diputados, secretarios de Estado, ministros, magistrados de todos los niveles, porque muchas veces quien ejerce el poder no siempre es sensible de la labor de comunicar y el efecto que causa.

Pero también tenemos la obligación todas las personas, sean o no del sector público, de autorregularnos con respecto a lo que es la libertad de expresión, pues esta tiene límites que nadie tendría que pasar, por ejemplo los derechos al sigilo de la vida privada, la intimidad, a no dañar el honor, la honra, la moral de ninguna persona y mucho menos ir en contra de la paz pública o a la seguridad nacional, siendo la base solamente de lo debemos de tomar en cuenta y esto lo menciono porque, todos los que tenemos la oportunidad de estar frente a un micrófono, una cámara, una tinta, debemos de ver nuestro instrumento de labor como una herramienta que construye paz y no como un arma que provoque destrucción.

Por lo señalado en el párrafo que antecede, es necesario identificar que también existen sujetos de riesgo que sistemáticamente están más expuestos a los medios: las víctimas, las personas más vulnerables y revictimizadas bajo la bandera del ejercicio de la libertad de expresión, como la exposición a fotografías, videos o notas que no comunican, dañan; por eso es necesario que no solo el sector público participe en estos procesos sino los medios de comunicación tradicional y alternativos en favor y protección de las víctimas, así como para otros sectores en situación de vulnerabilidad. El Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos avalado por la ONU y el Programa Nacional de Educación de Derechos Humanos, son herramientas formidables para la construcción de procesos para no revictimizar, dañar o afectar a las víctimas ni otras personas.

Urge crear e institucionalizar el Sistema Nacional de Derechos Humanos (SINADEHU) que esté integrado por los sistemas estatales y que a su vez están compuestos por los sistemas municipales para priorizar tareas de prevención de las violencias, atención a víctimas de derechos humanos y delitos y su acompañamiento posterior a la reincorporación social de las víctimas; sistemas que deben estar integrados no solo por las áreas afines o con enfoque de derechos humanos, sino la inclusión de organizaciones de la sociedad civil, academia, colectivos de profesionistas, medios de comunicación, líderes de opinión, necesariamente abierta a todas las personas con interés de participar mediante esquemas sumamente públicos, transparentes y de fácil acceso.

Desde el ámbito estatal no necesitamos esperarnos a que se cree o instale un sistema nacional, estamos en condiciones jurídicas, administrativas, de talentos y de estructuras para construir el Sistema Estatal de Derechos Humanos para El Estado De Puebla (SEDHP) para potencializar la municipalización de los derechos humanos, considerando como una herramienta de construcción local la generación de los comités de paz cuyo origen se sustente en la base social y con las acciones, costumbres, esquemas de representación existente en cada uno de los barrios, vecindades, juntas auxiliares, rancherías, colonias, fraccionamientos clústeres y municipios donde se establezcan.

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