No es lo mismo cuidar la disciplina de los soldados que “proteger y servir a la comunidad”; para la primera tarea fue creada la Policía Militar mientras que para la segunda fue concebida la Guardia Nacional, siempre y cuando fuera de carácter civil, en sus cuadros y mandos.

Sin embargo, la ruta crítica que ofrece la Secretaría de la Defensa Nacional a los jóvenes que deseen formar parte de la GN es primero ingresar como Policía Militar y después, mediante un oficio de comisión, convertirse en guardias nacionales.

Al menos así lo confirma la mesa de reclutamiento instalada en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, en cuya convocatoria ofrece sueldos de 19 mil pesos mensuales más prestaciones sociales que marca la ley, todas apegadas al medio castrense.

De esta manera, en vísperas de cumplir cinco años de operación (la GN inició actividades de manera formal el 1 de junio de 2019), se confirma que antes que policías civiles, como marca la ley de origen, los cuadros operativos de la GN son militares en activo y representan más del 80 por ciento del total.

De acuerdo con los escasos datos disponibles, con corte al mes de abril del 2024, el estado de fuerza de la GN es de apenas 132,000 elementos, lejos de los 140,000 prometidos al inicio del sexenio y como van las cosas difícilmente en cuatro meses se cubrirán las expectativas.

Además, el grueso de la plantilla está conformada por personal operativo que realiza labores de prevención mediante patrullajes vistosos, pero poco efectivos en materia de inteligencia e investigación. En todo caso realizan labores de apoyo a las policías estatales y eventualmente municipales.

Es decir, quedan pendientes de integrar robustas áreas de inteligencia e investigación policial, ya que las Divisiones respectivas fueron desmanteladas en sus estructuras y jerarquías, así como reducidas sus capacidades humanas y técnicas. Lo anterior pese al grado de desarrollo que tenían y que las hacía competir con sus homólogos de la Policía Nacional de España, cuyo modelo permitió resolver de manera rápida y contundente los atentados de la estación de trenes de Atocha en Madrid el 11 de marzo del 2004.

Igualmente queda sin integrar un área de proximidad que vaya más allá del discurso y que realmente se involucre en la solución de los problemas de la sociedad, algo así como la Guardia Civil española que es responsable de la seguridad de las ciudades con menos de 50 mil habitantes, en su mayoría rurales. Otro ejemplo de proximidad social es el que efectúa la Real Policía Montada de Canadá, cuyo plus es que sus elementos son buscados por la población por su capacidad para resolver problemas, incluso los que están fuera de su ámbito de competencia, pero suplen con la gestión.

Sea cual sea el número de elementos que integren la GN el último día de septiembre de 2024, dicha corporación queda a deber a los ciudadanos y a sus mandos superiores, que dicho sea de paso todos despachan en Lomas de Sotelo, ya que no pudo consolidarse como se nos prometió y encima de eso en breve tendría que soportar un “segundo piso”, como reza el eslogan de la 4T.

De indicadores lo ideal sería no hablar ya que uno de los pocos datos confiables de los cuales disponemos indica que en 2022 con 106,000 elementos en números redondos, únicamente pudo detener a 2 mil 662 presuntos delincuentes, mucho menos que varias policías estatales y municipales de las capitales de los estados más densamente pobladas; todo lo demás es discurso que de tanto pronunciarse terminará desgástandose, mientras que la población continúa inmersa en un país de 188,300 homicidios dolosos con corte del día de ayer, cantidad superior a la de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón juntos.

Con estos números e infinidad de pretextos y visiones sobre el fenómeno de la violencia, así como estadísticas maquilladas o interpretadas a modo, estamos llegando al 2 de junio, día en que los ciudadanos decidirán si dan paso al “segundo piso” o prefieren que se construya una nueva “planta baja”.

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