El asalto a la Embajada de México en Ecuador, suscitado el 6 de abril, no tiene justificación alguna pues es una clara violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961; no obstante, este acontecimiento es una evidencia más del pésimo manejo que ha tenido la política exterior de México durante la presidencia de López Obrador y asimismo, del menoscabo de la posición del país en el continente americano.

Sostengo lo anterior porque si bien la irrupción de la policía ecuatoriana a la sede mexicana a partir del argumento de que se temía por la posible fuga del exvicepresidente Jorge Glas, quien permanecía en la embajada mexicana desde diciembre del año pasado tras haber solicitado asilo político al gobierno de México es un incumplimiento del artículo 22 de la Convención antes mencionada, las declaraciones y decisiones de AMLO al manejar la relación bilateral durante los días previos al suceso también dejan mucho que desear respecto de la actuación de la diplomacia mexicana.

En lo que va del sexenio López Obrador ha demostrado un nulo entendimiento de la importancia de tener una política exterior coherente y alineada a la política interna, así como la relevancia de desempeñar un papel activo en el ámbito internacional. Esta ignorancia del contexto mundial actual se ha visto reflejada en errores básicos como el de externar públicamente opiniones sobre los asuntos internos de otros países y, al mismo tiempo, exigir el respeto del principio de “no intervención” en cuestiones internas de los Estados. Una incongruencia absoluta.

Dicho esto, en términos de diplomacia es reprobable que en una “mañanera” el presidente mexicano cuestionara la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales de Ecuador que le dieron el triunfo a Daniel Noboa en agosto del año pasado y que, además, lo relacionara con el asesinato del entonces candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Hago un paréntesis para aclarar que no apruebo ni defiendo las decisiones del gobierno de Noboa ya que dichas acciones violaron la soberanía de México y comprometieron la seguridad del personal de nuestra misión diplomática, sin embargo, tampoco considero acertado callar ante las graves equivocaciones que AMLO ha cometido en materia de política exterior. 

En mi opinión, ese hecho sirvió como el incentivo perfecto para elevar las tensiones al máximo con el Estado ecuatoriano, pues tras las declaraciones de AMLO, la respuesta desde Quito fue nombrar a la embajadora de México en ese país, Raquel Serur, como “persona non grata” y solicitar su salida del país sudamericano. Cabe decir que al día siguiente, el gobierno que representa a la 4T difundió un comunicado en el que se informaba la decisión de México de otorgarle asilo político a Jorge Glas Espinel.  El comunicado también señala la obligación de Ecuador de respetar la decisión del gobierno mexicano de aceptar la solicitud de asilo de Glas y, por ende, enfatiza al gobierno de Noboa que, en caso de que México solicite la salida del asilado, Ecuador tiene que proporcionar de forma inmediata el salvoconducto correspondiente.

La decisión de México de concederle asilo político al Sr. Glas es un aspecto de la crisis que se ha debatido poco debido a que la atención la ha acaparado el allanamiento de la embajada mexicana, no obstante, la realidad es que así como Ecuador transgredió preceptos fundamentales del derecho internacional en lo relativo a las misiones diplomáticas, México también cometió faltas respecto a lo estipulado en la Convención de Caracas sobre asilo diplomáico de 1954, en particular el artículo 3: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales…”.

El expediente del exvicepresidente Jorge Glas, quien ocupó el cargo de 2013 a 2017 durante la presidencia de Rafael Correa y unos meses en la presidencia de Lenín Moreno, no se distingue por ser el ejemplo de buenas prácticas de gobernanza, sino todo lo contrario: en 2017 abandonó el cargo al ser declarado culpable de recibir más de 13,5 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht y se le condenó a cumplir seis años tras las rejas. Como si fuera poca cosa, en 2020 volvió a ser declarado culpable, en otro caso, por aceptar dinero a cambio de la adjudicación de contratos públicos entre 2012 y 2016 y lo sentenciaron a 8 años más en prisión (Kwai, 2024).

Sin embargo, tras varios fallos judiciales y gracias a un recurso de habeas corpus interpuesto por su equipo legal, Glas consiguió la libertad condicional en noviembre de 2022, pero a finales del año pasado fue nuevamente llamado ante la justicia por una investigación que lo asocia con el mal manejo de fondos después de que ocurriera un terremoto en la provincia de Manabí siete años atrás (BBC, 2024).  Fue a raíz de esta acusación que el exfuncionario pidió resguardo en la embajada mexicana.

Aunque se opte por argumentar y abogar por la tradición de la política exterior mexicana de ofrecer asilo político, en particular a lo largo del siglo XX, a mi parecer es lamentable que en plena crisis del sistema multilateral, el mandatario mexicano utilice las normas del derecho internacional a su conveniencia y para servir a sus intereses políticos.  Cabe recordar que el gobierno de López Obrador también le concedió asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el año de 2019 y en el 2022 a la familia de Pedro Castillo, expresidente de Perú. Ambos personajes comparten una narrativa política muy similar a la del presidente mexicano por lo que era de esperar que México les otorgara el asilo.

Dichas decisiones tampoco tuvieron un desenlace positivo para nuestro país, pues los embajadores de México en Bolivia y en Perú también fueron declarados como “persona non grata” lo que ha desencadenado un periodo de relaciones conflictivas y cargado de tensiones para la relación bilateral que México mantiene con estos dos países.  A esta situación hay que sumarle como bien señala Brenda Estefan (2024), el recién “pleito de patio escolar” que AMLO tuvo con el presidente argentino, Javier Milei, y la cercanía y defensa incondicional de su gobierno a los dictadores de la región como lo son Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela.

Así, lo expuesto hasta el momento refleja un episodio más de la mala gestión de la política exterior de México durante el actual gobierno y el deterioro de la posición que el país ha tenido en la región, la cual en el discurso del presidente es la que más le concierne a su gobierno. En palabras del embajador Arturo Sarukhán (2024), la crisis diplomática con Ecuador no se da en un vacío, ya que en gran medida López Obrador a través de su vandalismo diplomático; su incontinencia verbal; su petulancia; y la politización de la figura del asilo diplomático que viene empleando desde hace años con respecto a una serie de gobiernos, regímenes y contextos ideológicos, llevaron a este momento de profunda tensión.

Además, el embajador Sarukhán afirmó que México violentó los artículos 3 y 4 de la Convención de Caracas, al recibir en su embajada a una persona sentenciada por delitos comunes y explicó que el gobierno mexicano tendría que haber acreditado una persecución por razones políticas contra el ex-vicepresidente Glas para justificar el asilo concedido a su persona. Por último, señaló que los dos países salieron perdiendo y enfatizó en que nunca antes en la historia de la diplomacia mexicana habían declarado en un mismo sexenio a tres embajadores distintos como “persona non grata”:  Bolivia, Perú y ahora Ecuador lo que refleja el lamentable manejo personal de la diplomacia por parte del presidente López Obrador.

Recapitulando lo más importante de esta crisis: las acciones de Ecuador en la embajada de México son inadmisibles y sentarán un precedente importante en el ámbito del derecho internacional y en específico en lo que refiere a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Al respecto de este punto, hay que estar atentos en el desarrollo de la demanda que el gobierno mexicano presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), después de  lo ocurrido.

Como era de esperarse, muchos países incluido Estados Unidos se pronunciaron en contra del asalto a la embajada mexicana y exhortaron a ambos países a resolver sus diferencias por medios pacíficos. Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), con 29 votos a favor, una abstención y el voto en contra de Ecuador, acusó al gobierno de Daniel Noboa de haber violado la Convención de Viena y la política de asilo (Zerega, 2024).  No obstante, como he sostenido a lo largo del texto, las desacertadas decisiones de Ecuador no deben distraer del hecho de que la diplomacia mexicana ha experimentado un deterioro profundo durante el gobierno de la 4T lo que no sólo ha generado esta crisis, sino que ha abonado a la pérdida de prestigio internacional para nuestro país.

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