Entre los años 2002 y 2008 en Colombia se ubica la ejecución de más de 6.042 civiles víctimas de los “falsos positivos” como práctica latente durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y sucedáneos según informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Frente a los mal llamados “Falsos Positivos” auspiciados directamente por parte del Estado a través de sus instituciones militares, el Tribunal del Departamento de Santander se pronunció mediante sentencia condenatoria a la nación “por falla en el servicio de las tropas debido a una actuación arbitraria,  ilegítima y desproporcionada en el uso del monopolio legítimo de la violencia , y, acto seguido, solicitó a dichos agentes medidas restaurativas mediante las cuales se “reconozca la responsabilidad por parte de mandos militares del ejército y figuras políticas sobre las ejecuciones sistemáticas de civiles indefensos reportados como dadas de baja en combate, en complicidad de actores legales e ilegales dentro del entramado estatal” (1).

Sin embargo, solo hasta el 3 de octubre el Ministro de Defensa de Colombia en cabeza de Iván Velásquez, decidieron en acto público dar vía al mandato de la justicia colombiana, dando así, por fin, una luz en medio de la oscuridad a los familiares que claman justicia, tras una batalla iniciada quince años atrás por un grupo de madres de los jóvenes, quienes han venido conociendo ante la opinión pública como las Madres de Soacha.

Frente a este escenario, en el cual  la violencia y el olvido se han tomado a un país sin memoria, las Madres de Soacha, como se autodenominó el colectivo de madres de los jóvenes asesinados por el Ejército Nacional, que han hecho el llamado a la justicia, a la verdad, y, porque no, a la sensatez de los acto res institucionales político-institucionales implicados: el expresidente Álvaro Uribe Vélez,  el exministro de Defensa Juan Manuel Santos - quien sería presidente entre el 2010 y el 2018,  y los mandos militares sobre los asesinatos de sus diecinueve hijos sucedidos sistemáticamente entre el 2002 y 2008 .

El protagonismo de las Políticas de Seguridad, como uno de los valores del Estado a los que responde en un escenario internacional, caso de la Doctrina de la Seguridad Nacional que de Estados Unidos bien supo llevar a los escenarios latinoamericanos configuró en mi país el denominado “Plan Colombia”, cuyo objetivo sería el de terminar el conflicto armado interno en Colombia y promover la lucha contra el narcotráfico bajo el gobierno de Andrés Pastrana Borrero entre el periodo de 1998-2002, continuado al pie de la letra por sus predecesores Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. En la ejecución de dicho plan, se destinó una suma importante del presupuesto público, en un país económicamente dependiente de actividades extractivas de recursos, como lo es el caso del departamento de la Guajira con la presencia de la empresa Cerrejón y la concesión en licencias mineras de más del 80% del territorio colombiano.

Paradójicamente, en Colombia, los departamentos que basan su economía en el extractivismo y por ende reciben cuantiosas regalías, poco y nada se percibe de aquello, ya que, casos como la corrupción rampante en los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y la muerte sistémica de niños y niñas campesinos e indígenas en el caso de la Guajira, en donde opera la gigante en extracción del carbón Cerrejón,  es evidencia de que, a la sombra del “desarrollo” y de la prelación de recursos para la “Seguridad Democrática”, en Colombia se muere de hambre en suelo rico.  Una parodia más de tantas, en las cuales se encuentra inmerso el país del “Sagrado Corazón de Jesús”.

Por tal, una sociedad hastiada de muertes, masacres y desapariciones desde la génesis de la República, que en ciernes se debatió entre conservadurismo y liberalismo en los años veinte, la guerra ha sido eje fundamental para configurar el imaginario social sobre la nación colombiana.  Al día de hoy sigue siendo esta la constante característica que conmina un escenario apoteósico, catártico, aquel “holocausto bíblico” como bien supo referir nuestro Nobel de Literatura, QEPD (2).

En ese sentido, la guerra como la continuidad de la política por otros medios, en palabras de Alexis de Clausewitz (3), se aplica al pie de la letra en nuestro territorio, al tiempo que, la amnesia colectiva se muestra palpable, hiriente y desdeñable; el dicho “sálvense quien pueda” tan sonado en la jerga colombiana, se asume como un elemento configurativo más de nuestra característica individualidad, negacionismo y subdesarrollo.

Así las cosas, un Estado que brilla por su ausencia en gran parte del territorio, que prostituye a los aparatos de justicia y que saquea las arcas del presupuesto público para alimentar cómodamente la “Jaula de Hierro de las Oligarquías”, que tras años de oleadas de democratización son vivísimas y palpables, la conmiseración que se le pretende dar al pueblo por medio de dicho acto público del reconocimiento de  responsabilidades frente a los mal llamados falsos positivos por parte del gobierno actual. Lejos están Uribe y Santos por reconocer dichas responsabilidades, además del contubernio de agentes estatales con grupos criminales ilegales según investigaciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Por tal, frente al escenario descrito, vale la pena reflexionar sobre cuál es el sentido de estos actos y cuál el impacto verdadero a las madres, hermanas, esposas y amigas de los jóvenes asesinados, que en palabras puntuales ni son falsos ni son positivos.  A la larga, el asumir responsabilidades atisba un horizonte posible para la anhelada paz en este país; tamaña tarea en un constructo social y político históricamente violento, oportunista, egoísta, y, por qué no, voluble y soluble: sí, naturaleza humana; sí, instintos guerreristas; sí, individualidad rampante y constante; sí, Estado de excepción, oportuno y omnipresente en nuestra Realpolitik.

Referencias
(1)  http: www.ramajudicial.gov.co
(2) Márquez, G (1996).  Noticia de un Secuestro
(3) Clausewitz, A () De la Guerra.