En el mercado de derivados existen instrumentos, opciones, denominados “puts” o “put options”. Estos contratos apuestan a que el activo subyacente del derivado baje su precio a cierto nivel para ejecutar el derecho a ser ejercido, logrando una utilidad exponencial.

En el juego político opera un esquema similar. El ejecutivo federal sabe perfectamente que su próximo movimiento, llámese “Reforma Electoral” es una batalla perdida. Sabe por mera aritmética, que no habiendo podido aprobar una Reforma Eléctrica en la que se pretendían reformar tres artículos de la Constitución, en el que obtuvo a su favor el 55 por ciento de la Cámara de Diputados cuando requería el 66 por ciento; somete a los diputados en esta nueva aventura: una reforma donde pretende desaparecer al INE, organismo autónomo constitucional, proponiendo la reforma de 18 artículos de la Carta Magna, es decir, seis veces los artículos pretendidos a reformar en la Reforma Eléctrica y por tanto seis veces más complejo, sin mencionar que el proceso demanda ser concluido en un tiempo substancialmente menor al requerido para el caso de la Reforma Eléctrica. Evidentemente es una apuesta a perder.

La lógica

En el juego político, como en el mercado de derivados, existe un incentivo muy atractivo a perder, en vista del jugoso premio al ejercer la opción cuando el precio del bien subyacente (probabilidad de pasar la reforma) es suficientemente baja.

Teniendo la certeza que no alcanzará la proporción necesaria de la Cámara de Diputados para aprobar modificaciones a nuestra Carta Magna, conforme al 135 Constitucional, la apuesta resulta atractiva pese al “argumento” que justifica la apuesta: 24 mil millones de pesos de ahorro por la eliminación del Instituto Nacional Electoral y Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); desaparición de organismos electorales estatales y federalización de elecciones; cambios en el financiamiento de los partidos; y, desaparición de la mayoría relativa y primera minoría para la elección de diputados y senadores. ¡Muy atractivo ahorro! 

¿Qué representa dicho ahorro?

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que los costos de la cancelación del Aeropuerto en Texcoco ascendieron a 331,995 millones de pesos y que aún podía incrementarse este monto por la liquidación del 70 por ciento de la deuda contratada a través de la emisión de bonos para pagar la construcción, así como por costos adicionales que pueden generarse por la liquidación de contratos pendientes, juicios y demandas interpuestos.

En este sentido, el ahorro que nos representa la flamante iniciativa de Reforma Constitucional significa un 7.2 por ciento de los costos de cancelación del Aeropuerto de Texcoco. Tomando en cuenta las pérdidas estimadas por el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas en inglés) de hasta 3 mil millones de dólares en inversiones eólicas y hasta 6 mil millones de dólares al año en inversiones en el sector fotovoltaico, podemos inferir que solo estas inversiones de MXN 180 mil millones son exactamente 7.5 veces mayor al pretendido ahorro derivado de la llamada Reforma Electoral.

En resumen, para quien diseñó la Reforma, el ahorro no es el atractivo. No resarce el daño de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco en lo más mínimo y tampoco se compara con lo perdido en inversiones en energías limpias derivado de la pérdida de credibilidad institucional para invertir en nuestro país y generar empleos para nuestros paisanos.

El atractivo está precisamente en que la expectativa es que dicha reforma no pase ni en su primera fase, con lo que se ganará un premio mucho más jugoso: La victimización del Ejecutivo Federal por funcionarios “traidores a la patria” (que de hecho simplemente están haciendo las funciones para las cuales están legalmente facultados) por no haber podido llevar a cabo tales reformas “tan benéficas para nuestro país”, con lo cual, transfiere a terceros la responsabilidad de sus nulos resultados.

¡Ahora la apuesta tiene toda la lógica y resulta extraordinariamente atractiva!