El Poder Judicial es un poder especial en tanto que se trata, de acuerdo a la Constitución, de un poder que, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, sus integrantes no son elegidos mediante el voto popular (ver ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?). Los miembros del Poder Judicial son propuestos por el Ejecutivo siendo el Legislativo quien toma la decisión final (Senado). Tiene la particularidad mexicana de que tradicionalmente es parte de lo que desde principios del siglo XIX se llamó un régimen presidencialista (1824) del que derivó el presidencialismo.

Su origen histórico tiene que ver con la manera en que se constituyeron los poderes con la modernidad y particularmente en los Estados Unidos (Juan y Maribel Rivera: El presidencialismo mexicano, responsabilidades, poderes y controles). El problema es que históricamente en México ha sido un poder de tercera condición que aparentemente se modificó con las reformas promovidas por Miguel De la Madrid que le concedió mayores atribuciones y un presupuesto (Guillermo Ruiz y Alberto Rocha, en La reforma al poder judicial de 1994, ¿un golpe de Estado?). En el fondo se trató de una disposición de De la Madrid quien entendía perfectamente que necesitaba un Poder Judicial a modo para lo que se venía con la aplicación del modelo neoliberal y el descontento social que generó.

Para comprender al Poder Judicial se debe saber qué es el presidencialismo mexicano. De acuerdo a los autores citados, el poder presidencial por encima de la Constitución y de las leyes que de ella se derivan, se ha debilitado sin que ello signifique que dicho poder se encuentre o se le hayan encontrado formas de control definitivas (Juan y Maribel Rivera). Es un texto de antes de 2018. El sistema de división de poderes no funcionó porque había un partido único que no permitía la autonomía de poderes. El presidencialismo metaconstitucional se debilitó el fin del siglo pasado con la alternancia de los partidos políticos, México se hizo urbano, la aparición de una opinión pública crítica, un sistema de mercado, las modernas tecnologías de la comunicación, la aparición de la controversia constitucional, etc. (Juan y Maribel Rivera).

El presidencialismo estuvo precedido de un conjunto de reformas que desde el porfiriato hasta Obregón poco a poco le fueron dando un poder al Presidente que terminó por imponerse al resto de los poderes. Del Poder Judicial se deriva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se integra por once miembros, a partir de la reforma de Zedillo en 1994, electos por el Senado, que es parte del Congreso, por 15 años y son cambiados de manera escalonada (no perder el poder del control del Ejecutivo sobre el Judicial de un momento a otro y garantía al neoliberalismo para consolidarse). Antes de las reformas de Zedillo de 1994, eran 26 y propuestos al Legislativo por el Presidente. No es extraño que el Poder Judicial en las entidades y a nivel federal forme parte de prácticas simbólicas del poder presidencial y que siempre estén atentos a lo que dice el Ejecutivo federal y local.

En parte la reacción conservadora del Poder Judicial ante el cambio de 2018 se debe a que se trata de un poder organizado, por un lado, jerárquicamente, como dice acertadamente Michel Troper (ver El Poder Judicial y la Democracia). Es decir, existe un poder discrecional entre los magistrados de la Suprema Corte y los tribunales. En las organizaciones organizadas -valga la expresión-, de manera jerárquica existe un concepto de disciplina en donde una autoridad superior ejerce un poder sobre las instancias de menor jerarquía, aunque estas gocen de una relativa autonomía en el momento de atender la aplicación de la justicia en su ámbito particular.

Lo que tradicionalmente ha sido un Poder Judicial sometido al antiguo presidencialismo significa que el Poder Ejecutivo del Presidente de la República se hizo extensivo al Poder Judicial, por eso se trató, en parte, de un presidencialismo metaconstitucional. Esa jerarquización y disciplina al interior como poder, mencionada en el párrafo anterior, debe entenderse a su vez en la existencia de un poder jerárquico al interior del Poder Judicial pero a la vez en un poder sometido al Poder Ejecutivo mexicano, por lo menos durante las décadas que antecedieron al giro popular que ocurrió en México el 18 de junio de 2018. El judicial era un micropoder ante el presidencialismo.

La pregunta que sigue es si el presidencialismo terminó parcialmente con los cambios que sugieren (Juan y Maribel Rivera). Cómo es que el Judicial lejos de convertirse en un poder sensible a los cambios que ocurrieron en 2018 se ha convertido en un poder refractario a la transformación. La respuesta es muy sencilla. El Poder Judicial sigue sometido al presidencialismo aunque ya no exista un poder ejecutivo que lo someta. En la medida en que todavía los presidentes de la República que llegaron del PAN y del PRI en los últimos sexenios tenían el manejo de las ternas que proponían al congreso para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial es actualmente un poder que pertenece al presidencialismo neoliberal del siglo XX y principios del XXI.

Ahora bien, el sometimiento no se explica solamente por el poder que ejerce el presidente en turno sobre el judicial, es decir, que imponga a los ministros. Lo que está detrás es que el Poder Judicial en las décadas de políticas neoliberales es que se neoliberalizó la aplicación de la justicia. Se requería de un Poder Judicial en donde la ley se aplicará para favorecer a un modelo de economía que favoreciera el poder de los ricos sobre los pobres. De manera particular ante el debilitamiento de las instituciones sociales, el cambio de la estructura económica del país, la ocupación del territorio por mineras, la caída del salario, entre otros factores. El Poder Judicial sirvió como legitimador y aplicador de un tipo de justicia inclinada a favor de los poderosos.

De las reformas de Zedillo al Poder Judicial se originaron las Controversias Constitucionales y los Juicios de Amparo que ahora son muy populares y conocidos porque se han aplicado en contra de los cambios y obras propuestas por Obrador. Parecen tener cierta lógica la de proteger al modelo neoliberal contra posibles interferencias. Claro que la aprobación de las reformas al Poder Judicial promovidas por Zedillo en 1994, estaban de antemano garantizadas porque el Poder Legislativo era parte del poder presidencialista. Por cierto, Heberto Castillo (qepd) votó en contra, lo mismo que Salgado Macedonio, entre otros. Fernando Gómez Mont a favor de la iniciativa (Guillermo Ruiz y Alberto Rocha, en La reforma al poder judicial de 1994, ¿un golpe de Estado?).

El debilitamiento del presidencialismo no fue un espejismo, pero sus ondas expansivas se anidaron en el Poder Judicial que se resiste a cambiar.