La reforma electoral que propone el presidente López Obrador o sirve para mejorar la eficiencia de la representación política, o es un cálculo para cobrar viejos y nuevos agravios y afirmarse como gobernante reacio a la institucionalidad de los contrapesos.

En el entendido de que la democracia no se define por la reducción de la institucionalidad política, sino por la expansión creciente. La concentración es oligarquía; la expansión, libertad (república).

Si la reforma es para mejorar, en este momento se estaría debatiendo no la reducción del número de diputados plurinominales (200), el reemplazo del Consejo General del INE y de ministros electorales, sino las mejores prácticas para garantizar una efectiva representación política de las regiones y grupos excluidos en los congresos y en los puestos de gobierno.

Tenemos una representación política contrahecha y unos gobernantes electos tocados por la presencia del crimen organizado, de acuerdo con testimonios, declaraciones e incluso denuncias presentadas ante organismos internacionales (ONU-OEA), por los principales partidos de oposición.

Un caso muy ilustrativo: los indios no están representados ni en las cámaras y congresos locales ni en los ejecutivos municipales, no obstante haber comisiones de asuntos indígenas y distritos electorales clasificados de indígenas (véase el caso de la reelecta diputada Manuel del Carmen Obrador Narváez, que concitó la oposición e impugnación de los pueblos indígenas de Chiapas; ratificada por una sala regional).

Tampoco se toca uno de los temas más ominosos y trepidantes de nuestras elecciones de junio pasado, que incluso pone en duda nuestra viabilidad democrática: la eventual intervención del narcotráfico en las elecciones pasadas (ver relatoría presentada por PAN-PRI-PRD ante Luis Almagro en Washington).

Tampoco se ha logrado impedir que el dinero ilegal corra a raudales en las elecciones, chicas y grandes. O incluso casos muchos más domésticos, pero igualmente punibles, en los que altos jerarcas meten las manos para favorecer a unos y perjudicar a otros candidatos (hasta ahora nadie se explica razonablemente cómo fue que una señora de apellido Zapata ganó el distrito de Huauchinango).

El presidente persiste en su idea de implementar una reforma electoral y modificar la composición de los órganos electorales (INE y TEPJF). Si prospera en su afán, como todo indica que será, por primera vez se estará legislando no para atender una demanda de la oposición política, sino del presidente de la República.

Como se sabe, el ciclo de reformas de gran calado comenzó en 1977: entonces se reconoció la legalidad del Partido Comunista Mexicano; se institucionalizó la oposición de izquierda y tuvo voz y voto en el Congreso. Se conjuró la violencia. Una exigencia de las fuerzas políticas progresistas e incluso del PAN, que abogaba porque el PC saliera de la clandestinidad.

La del presidente Andrés Manuel será una reforma impuesta desde los techos de la presidencia de la República, con el consecuente rechazo de la oposición, de la oposición de izquierda liberal, y de los expertos. Eso sí, será una reforma de la izquierda oficialista, si consentimos en que Morena es un partido de izquierda, lo que en los hechos dista mucho de serlo.

La idea de fondo es reemplazar a los consejeros independientes (Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama), y tal vez remover a la mayoría de los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En los hechos se tratará de alinear los órganos electorales.

La proposición de suprimir las diputaciones de mayoría relativa (200) quedará como quedó la promesa de reducir las prerrogativas a los partidos políticos.

Para The New York Times, la reforma del presidente López Obrador “es inevitable”. Cobró nuevos bríos con los magros resultados en las votaciones del pasado 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes, ubicados como los causantes de todos los males nacionales y de ser adversarios declarados de los avances del gobierno.

Lo cierto es que de querer mejorar la calidad de las elecciones y los procesos para hacer gobierno, primero se debe investigar a fondo las denuncias de los presidentes de los partidos de oposición, del gobernador de Michoacán, de muchos testigos, de las víctimas (amenazas y muertes), de analistas, y determinar si deveras el crimen metió la mano y, en el caso de que sí, hasta dónde los triunfos de Morena fueron resultados de aquel.

Pero eso no nunca se hará porque pone en riesgo el registro del partido.

Chayo News

En una encuesta del periódico Reforma de mediados de abril, el 68% de los entrevistados dijo que confía en el INE, y el 58% en el presidente de la República.  Entre el Ejecutivo y los ministros (TEPJF) es de tres puntos porcentuales a favor de los togados.

@ocielmora