Gana el presidente Andrés Manuel con los resultados de la consulta del domingo. Aun con el raquítico 7 por ciento de sufragios emitidos, muy lejos del 40 por ciento requerido. Y aún reuniendo los votos solicitados no se habría llegado a nada como el mismo presidente explicó el lunes.

Pierden las víctimas y gana la prevalencia de la impunidad. La consulta no se concentró en los horrores y verdugos del pasado, sino en meter a la cárcel a cinco expresidentes. Fue el dato inoculado en la opinión pública desde la presidencia de la República y el partido Morena. Hoguera en la plaza pública; no investigación y justicia en tribunales.

El presidente ganó un recurso político inobjetable para defender su inacción respecto de su promesa de campaña de investigar y, en su caso,  castigar violaciones graves a los derechos humanos.

Exhumar los fantasmas de la guerra sucia es un tema imprescindible para domesticar nuestra bárbara democracia. No hay cambio que valga sin reconciliación con el pasado. Vicente Fox, consciente, prometió crear una Comisión de la Verdad y refrendó su dicho en su discurso inaugural (en diciembre de 2000).

Un año después el presidente ejecutivo de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, le envió una carta pública. Lo insta a “establecer una comisión de la verdad que investigue los abusos del pasado en México” (21 de agosto de 2001).

Aclara que la “búsqueda de la verdad en torno a los abusos ocurridos durante gobiernos anteriores no es una cuestión de venganza política o cacería de brujas”. Le advierte que sería una “tragedia” que su gobierno dejara pasar la oportunidad.

¿A qué delitos se refería el representante del organismo internacional de los derechos humanos con el nombre de guerra sucia? En primer lugar a las atrocidades cometidas por el régimen priista en contra de estudiantes en los años de 1968 y 1971.

Las desapariciones forzadas de cientos de presuntos guerrilleros y de supuestos simpatizantes. Personas arrojadas al mar desde aviones de la fuerza aérea. Algo muy sabido y documentado.

Personas que habrían sido obligadas a ingerir gasolina para enseguida prenderles fuego. En la montaña de Guerrero seguidores o simpatizantes de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas eran lanzados en pozos de miles de metros de profundidad por miembros del Ejército.

Gente de los pueblos hacía guardia día y noche alrededor de ellos para evitar el suplicio de  familiares. El Ejército arrasó y quemó pueblos enteros con el pretexto de que se encubría a guerrilleros.

En el quinto año de gobierno de Carlos Salinas se hizo pública una lista con nombres de varios cientos de dirigentes políticos del Partido de la Revolución Democrática asesinados en su gobierno sólo en Guerrero. La información se generó y difundió en los Estados Unidos, y fue retomada en México por algunos medios.

Las desapariciones forzadas es otro de los abominables delitos de lesa humanidad. Caso emblemático en México es el del campesino  Rosendo Redilla, ocurrida también en Guerrero en el contexto de la guerra sucia. En agosto de 1974 fue detenido ilegalmente y desaparecido por elementos del Ejército Mexicano.

Desde entonces se desconoce su paradero. Los organismos de la sociedad civil denunciaron su desaparición en instancias nacionales e internacionales. En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la primera sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por “violaciones graves a los derechos humanos”.

En noviembre de 2011, en un hecho inusual, el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública por la desaparición del dirigente político en un pueblo de su tierra.

“Como gobierno responsable y comprometido con la democracia y el estado de derecho, ofrecemos disculpas a la familia del señor Rosendo Radilla Pacheco, por su desaparición forzada y por el sufrimiento que ha padecido su familia durante estos 37 años”, y se develó una placa.

Lamentablemente hasta ahora ni los responsables materiales e intelectuales han sido llevados ante las autoridades, no obstante las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, en enero de 2018, tenía un registro de 34,656 personas reportadas como desaparecidas (Crímenes de lesa humanidad en el marco de la lucha contra las drogas, 2018)

Los delitos que caen dentro de la categoría de violaciones graves a los derechos humanos se han incrementado. Al azar mencionamos Aguas Blancas, allá mismo en Guerrero, Acteal, Chiapas, Tlatlaya, Edo de México, Nochixtlán, Oaxaca, y la multiplicación de las matazones del sexenio en curso.

La característica común en esas entidades y regiones es el grado alto y muy alto de rezago social, marginación, y población en pobreza y pobreza extrema. Y gobiernos caciquiles. En Guerrero, la entidad más lastimada, la 4T nombró gobernador siguiendo el patrón caciquil del PRI.

Las violaciones ya no sólo se concentran en el centro y sur sureste. Como hasta el año 2000. A partir de entonces el mapa se extendió a todo el país. En el norte las bandas coludidas con el aparato de gobierno se han cebado con los migrantes centroamericanos.

En su último año Fox trató de saldar su compromiso con la escaramuza en contra del expresidente Luis Echeverría acusándolo de genocidio, por su presunta responsabilidad en los acontecimientos de 68 y 71.

Un magistrado federal (2006) libró una orden de aprensión domiciliaria en contra de Luis Echeverría Álvarez y ordenó que fuera juzgado por probable responsabilidad de delito de genocidio; pero no prosperó por modificaciones a la ley impulsadas por el Senado.

El presidente Obrador nunca se propuso en serio atender la demanda de las víctimas y enfrentar los horrores del pasado con base en experiencia exitosas en otros países. Tampoco hubo la voluntad de crear una figura constitucional ex profeso. El pasado no es meter a la cárcel a Salinas y Calderón.

El lunes el presidente aclaró la verdad. Dijo que aún con el 40 por ciento de los votos no habría sido posible meter en la cárcel a los expresidentes (como arengó su partido), pues –dijo– que se tendría que abrir un proceso legal y no se pueden violar los derechos humanos de nadie, y que el asunto no es legal, sino moral y político.

¿Qué faltó?

@ocielmora