La crisis que ha generado en México la amenaza arancelaria de Donald Trump tiene alcances sobre las garantías individuales que debieran preocuparnos por los visos autoritarios que ha mostrado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: tenemos derecho, constitucionalmente, a la libertad, a la educación, a la igualdad, al trabajo con una remuneración justa, a la vivienda, a la salud, a la expresión de las ideas, a transitar libremente por el territorio nacional, a ser tratados con justicia.

Aparentemente México trabaja bajo presión para contener la belicosidad de Estados Unidos, cuyo gobierno le ha endilgado la responsabilidad de frenar a quienes huyen de la violencia y el hambre. Lo que veremos en los siguientes días serán detenciones, envío de militares a la frontera sur: el viernes 14 de junio renunció el jefe del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, ignorado para que Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, atendiera el conflicto migratorio-arancelario. Lo inimaginable es que a ese cargo llegó Francisco Garduño, quien estaba a cargo de las prisiones federales.

Sí, los policías, los militares, ocupan puestos estratégicos con la complacencia de un presidente que aún despierta las simpatías de una gran mayoría de mexicanos que supongo ignoran sus derechos a la educación, a la igualdad, a una remuneración justa, a la vivienda, a la salud, a la expresión de las ideas, a transitar libremente por el territorio nacional, a ser tratados con justicia. Sí, a todo ello tienen derecho, pero no todos se benefician. Y están a punto de perder, los mexicanos, el único derecho que les queda: el derecho a la libertad. López Obrador ha decidido que en su propia tierra los mexicanos deberán identificarse si quieren viajar; el anuncio lo hizo la mañana de este 18 de junio: se pedirá identificación a quienes compren boletos de autobuses, principalmente para viajar trayectos largos, porque un porcentaje alto de los pasajeros se traslada sin ser del país y sin ningún registro.

En su mañanera conferencia de prensa indicó que durante las negociaciones con Estados Unidos sobre los aranceles, les mostraron videos de autobuses que pasaron con migrantes desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hasta la frontera norte. No dijo ¿cómo obtuvo esos videos el gobierno de Estados Unidos?, ¿operan en el país sin que el gobierno mexicano esté enterado?, ¿no transitan también ellos sin que se tenga un registro de sus movimientos y de lo que hacen?

¿No basta que México refuerce la vigilancia en todos los puntos de entrada y salida del país? ¿No es suficiente que combata la corrupción en las estaciones migratorias, en los puertos, en los aeropuertos, en las carreteras?

No, el actual gobierno de México vio una oportunidad de oro para controlar el libre tránsito de los mexicanos. De nada sirve que las autoridades juren cumplir y hacer cumplir la ley. De nada sirven los acuerdos que en materia de seguridad firmen entre sí estados, municipios y federación. No. Van sobre el ciudadano al que ven como un sujeto al que se debe controlar.

El diario español El País publicó este lunes 17 de junio que según “las estimaciones del gobierno mexicano, 2019 puede batir el récord del mayor número de migrantes que transiten este país en su camino al norte: unos 800 mil”. ¿Por dónde entran tantos migrantes que ninguna autoridad los ve? Llegan al día, en promedio, 2 mil 191 personas diarias a México y nadie se da cuenta. ¿Quién es el responsable de que esos autobuses lleguen repletos de personas a la frontera?

Lo que viene, una vez que el presidente López Obrador dijo que todos los que viajan deberán identificarse, es algo similar a lo que se vivió en 1994 en la parte final del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari y los primeros años de la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León: filmaban a los pasajeros al subir al autobús y ya arriba, sentados, debían mostrar una identificación mientras los volvían a videograbar; había retenes en puntos estratégicos y en ellos el autobús debía pararse para que los militares revisaran con perros los espacios para las maletas y dieran al menos una vuelta por el pasillo de los autobuses. Aquellos años en las calles de Xalapa, Veracruz, cuando gobernaban el estado Patricio Chirinos y Miguel Ángel Yunes Linares, a quienes traían el cabello largo los detenían, los revisaban, les pedían que se identificaran. Eran los tiempos en que a toda costa intentaban identificar a zapatistas y a simpatizantes del subcomandante Marcos.

El actual gobierno federal ya tiene un pretexto: las amenazas de Trump, pero está obligado a informar qué dependencia tendrá los registros de hacia dónde se trasladan los pasajeros; está obligado a decir qué se hará con esos datos. ¿Quién, señor presidente, garantiza que no se hará mal uso de esa información?

Periferia

Líneas de autobuses informaron en redes sociales cosas distintas: ADO dijo que es requisito para abordar la unidad mostrar una identificación oficial, pero no dice si impedirá subir al autobús a quien no se identifique. Omnibus de México indicó que para comprar boletos será necesario mostrar una identificación oficial, pero no dice si evitará vender a quien no se identifique.

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*Director Editorial de www.datamos.com.mx