En días recientes vi una de las escenas más perturbadoras y doloras que he visto en mi vida, decenas de personas en situación de pobreza muertas de un modo terrible, víctimas de un gobierno que ignoró o fomentó el problema, el aislamiento y la exclusión, además de grupos criminales que encontraron en la suma de dichos factores una mina de oro.

El gobierno federal ha hecho un correcto diagnóstico del problema y se ha dado a la tarea de enfrentarlo de frente. Vale la pena considerar que, como lo señaló el Presidente Andrés Manuel, esta actividad se da gracias a la corrupción de diversos funcionarios públicos y representa la pérdida anual de más de 60 mil millones de pesos, un monto casi 12 veces superior al presupuesto de la Ciudad de Puebla.

Aunado a lo anterior, es lamentable escuchar algunas críticas presentes en la agenda pública y en las redes sociales, juzgando que las víctimas merecían la muerte por ser criminales o señalando que el ejército se limitó a advertirle a la población de los riesgos. Los criminales (que lo ameriten) merecen la cárcel, no morir incendiados, y no se le puede pedir a un militar, superado 40 a 1, que controle a una multitud que comente un crimen sin evitar una tragedia distinta.

Tampoco es posible simplificar el tema, Hidalgo y Puebla son de las zonas que más tomas clandestinas tienen registradas, en nuestro estado vivimos un hecho similar pero con afortundamente menos víctimas en San Martín Texmelucan. El huachicol es una cadena de hechos ilegales que tienen ganancias millonarias y donde los más vulnerables son el último eslabón de la cadena, en este caso, las personas que en situación de pobreza perdieron la vida por querer robar una cubeta de gasolina.

Aplaudo el esfuerzo del Presidente por combatir por primera vez este delito con el peso con que el crimen organizado debe ser tratado. Celebro que el gobierno se enfrente a quien ha hecho tanto daño al erario, mientras fue fomentado y tolerado por los gobiernos anteriores. Es pertienen citar un tuit del Dr. Lorenzo Meyer diciendo: “Gobernar un país es tarea difícil e ingrata, más difícil si su red institucional esta carcomida y aún más si se decide repararla y afectar a quienes se han beneficiado de su descomposición. Ese es nuestro caso”.

Hoy en calidad de ciudadanos, nos toca enfrentar las consecuencias de muchos años de corrupción e impunidad y nos toca más que nunca luchar por un país con mejores oportunidades para nuestros hijos y nietos. Desde nuestra trinchera, tenemos la responsabilidad social y moral de continuar en la construcción de un país justo y libre de actos violentos.