El pasado proceso electoral ha sido uno de los más violentos en nuestra entidad y en el que más actividades antidemocráticas e ilegales se han llevado a cabo: compra de votos, parcialidad del organismo electoral, uso electoral de los recursos públicos, uso del aparato del Estado, campañas negras y específicamente violencia el día de la jornada electoral. En el distrito 9 federal, al norte de la Ciudad de Puebla, la violencia llegó al extremo, con 12 balaceras en las colonias del norte de la Ciudad de Puebla, provocando que muchos ciudadanos se quedaran sin ejercer su derecho al voto.

La sociedad poblana quedó lastimada por parte de quienes son capaces incluso de arriesgar la vida de las personas por mantener sus privilegios. La resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, votada mayoritariamente por magistrados propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el 2016, es decir propuestos por el régimen anterior, e inapelable según la Constitución; refleja en buena medida el deseo de mantener el estado actual de la vida pública sin considerar que más de 30 millones de mexicanos y mexicanas mandatamos con nuestro voto un cambio de fondo y no sólo de forma, realmente una cuarta transformación, incluyendo la celebración de procesos electorales trasparentes, en igualdad de condiciones para todos los participantes y apegados a derecho. Como bien lo mencionó el Magistrado José Luis Vargas Valdez: Validar la elección en Puebla es validar que todo se puede en un proceso electoral. 

Puebla vivirá, en un futuro inmediato, uno de los momentos sociales y políticos más complicados. La ley y sobre todo la Constitución deben cumplirse. La obligación de quienes sí tenemos un compromiso con la ciudadanía que representamos es utilizar todos los recursos legales, institucionales y sociales, y las facultades que la ley nos confiere, para vigilar que el Gobierno del Estado, legalmente, pero ilegítimamente validado, se ocupe de trabajar en estricto apego a derecho y en beneficio de los poblanos, y no en beneficio propio.

Hoy estamos obligados a impulsar una agenda de legislación y de política pública que sea para beneficio de la gente, a ser auditores ciudadanos que permanentemente vigilen el actuar de un gobierno ilegítimo para que, con todos los instrumentos legales disponibles, se garantice el respeto a los derechos humanos, a las garantías individuales consagradas en la Constitución y al derecho a disentir; el buen uso de los recursos públicos, la transparencia, la rendición de cuentas y que el dinero público sea para invertir en la gente y no en grandes obras que sólo maquillan a Puebla, sin transformar la realidad de desigualdad e inequidad en la que viven millones de poblanos.