La educación en disputa

  • Guillermo Aréchiga Santamaría
Este contexto nos permite repensar el objetivo de las políticas públicas que debe impulsar el Estado

El pasado mes de julio, más de 30 millones de mexicanos votaron por cambiar la dura realidad que viven cotidianamente, votaron para lograr la Cuarta Transformación de nuestro país. Y para ello, la educación es determinante en la formación del perfil de las y los futuros mexicanos, por lo que el rumbo de la política educativa es definitoria del país que estamos construyendo.

Este contexto nos permite repensar el objetivo de las políticas públicas que debe impulsar el Estado, particularmente, el rumbo de la política educativa. Para algunas personas, la política educativa del gobierno federal impulsada a través de la mal llamada "Reforma Educativa" resulta adecuada dado que responde a los estándares neoliberales. Para otras, el camino a seguir es el retorno a los tiempos anteriores a la misma.

El día de hoy estamos frente a la extraordinaria oportunidad de repensar la educación y en consecuencia, el país al que aspiramos. Sin duda, existe prácticamente un consenso acerca de la necesidad de revertir la evaluación punitiva impuesta a los docentes, que además de no arrojar resultados tangibles en la calidad de la educación, lastimó profundamente a las y los maestros. Pero más allá de simplemente revisar estas normas, vale la pena adoptar una visión de Estado que piense en el bienestar de las generaciones futuras y tomarle la palabra al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, sobre la inclusión de la Educación Superior como obligatoria en la Constitución, como un derecho de todas y todos los mexicanos que debe garantizarse.

En el debate sobre la política educativa, hay un largo camino que recorrer y muchos asuntos por analizar a fondo. Respecto a la Educación Superior, es necesario reformar el marco normativo, operativo, financiero y de los perfiles docentes de las Escuelas Normales, para convertirlas en auténticas Instituciones de Educación Superior, que puedan definir sus planes y programas de estudio, administrarse conforme a las necesidades de sus comunidades educativas, y contar con elementos que les permitan planear en mediano y largo plazo, sus necesidades de inversión física y financiera.

Además, es urgente garantizar y dar certeza a los derechos laborales de las y los trabajadores educativos, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, redefinir los fines y objetivos a los que debe dirigirse la política del Estado, garantizar transparencia y evitar la simulación en la operación de los recursos humanos, materiales y económicos que aportan tanto el Gobierno Federal como los Gobiernos Estatales.

El día de ayer, en la comparecencia del Secretario de Educación Pública en la Glosa del 6to Informe de Gobierno, nuestra participación frente a las diputadas y diputados,  dejó en claro que tanto las acciones como  el discurso de las autoridades educativas actuales, están completamente alejadas de la realidad que aqueja a nuestras comunidades, de las necesidades de las escuelas y bajo la sospecha de corrupción.

En un país en el que de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, 64.5% de los estudiantes de educación básica tienen un dominio insuficiente de matemáticas; y en el que de acuerdo al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, solamente 51.6% de las escuelas públicas disponen de drenaje y 30% no disponen de agua de la red pública, es indispensable preguntarse ¿Cuál es el papel de cada persona involucrada en la educación de nuestras niñas, niños y de nuestros jóvenes?

Desde la Cámara de Diputados estamos dando el primer paso necesario, al atender el marco legal que determina los fines de la política educativa, así como los medios que habrán de seguirse para alcanzarlos. Una vez partiendo de esto, será tarea de todas y todos implementar esa visión que nos debe hacer avanzar en conjunto hacia una educación pública incluyente, de calidad, pertinente y acorde a las necesidades de las comunidades y respetuosa de sus docentes.

Es tiempo de incluir a todas las voces de nuestra sociedad para definir el rumbo de la política educativa, y de elevar el debate en torno a la educación que queremos para las futuras generaciones de mexicanos. Como maestro de profesión, se nos queda de tarea. 

Opinion para Interiores: 

Anteriores

Guillermo Aréchiga Santamaría

Licenciado y Maestro en Derecho Penal Universidad Cuauhtémoc. ExJefe Estado Mayor Policía Fiscal Federal Director del Instituto de Profesionalización PGJ de Puebla y ExSecretario de Seguridad Publica y Transito Municipal Puebla