La aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el Congreso de la Unión no es más que la declaratoria de oficial de la militarización, la dictadura y el Estado de excepción en México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) vuelve a mostrar el lado fascista y represor con el que ha obtenido y mantenido sus distintos periodos presidenciales en el país durante el siglo XX y, ahora, en el XXI.

Aunque pareciera que esta ley prepara el escenario de militarización y represión para el proceso electoral y los comicios de 2018, en realidad muestra cuál ha sido la esencia de la política interior que ha tenido Enrique Peña Nieto durante su periodo presidencial y del futuro del país. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, actuación de grupos paramilitares, con o sin narcotraficantes como aliados, represión y criminalización de la protesta social y combate contra la organización de la clase trabajadora, estudiantes, normalistas y profesores, mujeres, entre otros sectores de la población, ahora son legalizados para que el Ejército y la Marina actúen como lo han hecho durante los últimos años, pero con el permiso oficial y la venia de los Poderes de la Unión para convertirse en práctica cotidiana.

La nueva traición de las “instituciones democráticas” mexicanas a su pueblo, ahora apuestan a la dictadura legalizada, ya que ésta fue el sello de este gobierno, desde el principio. La democracia mexicana (o al menos su intento discursivo institucional, de libro de texto) es, precisamente, lo antagónico a cualquier democracia mínima en cualquier lugar del mundo. Militarizar el país significa una afrenta ilegítima contra la población, contra quien el Estado dirige, ahora legalmente, la bayoneta. La matanza de 1968 ahora legaliza al agresor y se pone de su lado; la Guerra Sucia se lava y se transforma en la defensa de la patria y la lucha contra un pueblo perverso que se atrevió a ver por sus intereses; la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue reducida, ahora, al abatimiento de unos terroristas, y los fusilados de Tlatlaya son reducidos a la defensa “preventiva” de las heroicas Fuerzas armadas contra unos agresores que atentaron contra la digna institución castrense: pura, bondadosa y defensora divina de la soberanía del Estado. La milicia, ahora, enfrenta abiertamente la población que ya no tiene derecho alguno al poder público que lo beneficie y, mucho menos, a alterar o modificar la forma de su gobierno, a menos que esté dispuesta al derramamiento de sangre. 

Derecha, centro o izquierda atentan contra su pueblo y se ponen del lado del agresor y asesino histórico vestido de verde o blanco. Por acción, omisión y aquiescencia, todos los poderes ponen en juego la dignidad humana, única posesión de la clase antagónica a los dueños del dinero y de las decisiones públicas en el país. Derecha que viola por obra e izquierda que lo hace por omisión la vida plena y que no sólo dan la espalda a su pueblo, sino que le apuntan con las armas manchadas de tantos y tantos asesinatos ilegales que han perpetuada las fuerzas armadas, mismas que afilan sus caninos para gozar con lo único que saben hacer y que lo disfrutan tanto: matar.

Pocos años atrás, la sociedad mencionaba ¡Fue el Estado! ¡Fue el Ejército! Ahora, Estado y Fuerzas Armadas dicen “sí, lo hicimos y lo volveremos a hacer”, salvo una nueva característica, ahora tienen un salvoconducto que les permite asesinar a su pueblo, ya no con castigo, sino ahora con honores, con premios y con estricto apego al Estado de derecha (no de derecho).

Permiso a la muerte institucionalizada. Gobierno fascista que militariza; sociedad presuntamente culpable, perversa a la que hay que imponer la bota, por la sencilla razón de exigir sus derechos. Institucionalización de la dictadura, nueva gran reforma estructural del salvajismo del estado neoliberal mexicano.

Picaporte  

Las instituciones autónomas en México sólo han servido para sangrar el presupuesto y legitimar las políticas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y, ¿dónde están los resultados? Un Instituto Nacional Electoral (INE) altamente capacitado y, con un gran gasto, para el nuevo fraude electoral; un Banco de México que inyecta dólares a la economía para que está no muestre su cara de enfermedad extrema; un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que no evalúa al sistema educativo pero culpa a los docentes del fracaso del mismo, y que está más preocupado porque Andrés Manuel López Obrador lo desaparezca, en caso de ganar la presidencia que buscar la mejora de la educación; una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que lanza mil recomendaciones y no esclarece las grandes deudas nacionales con la dignidad y los derechos fundamentales de los mexicanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) que hace públicos los pequeños robos y oculta a los grandes ladrones; la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) que sirve a los intereses de las grandes corporaciones en detrimento de todo un pueblo; qué decir del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al servicio de los consorcios mediáticos y, finalmente, de una Fiscalía General de la República inepta y corrupta.

Institutos autónomos poco autónomos y muy caros. Paradoja. Quizá valga menos autonomía para verdaderamente serlo.