Si el Frente Ciudadano por México, no recurriera al clientelismo como lo hacen todos los partidos políticos y eligiera a su candidato presidencial mediante una elección abierta al electorado, podría resultar una opción atractiva para los millones de mexicanos que repudiamos al PRI. Lamentablemente, existen indicios que revelan que ninguna de estas dos cosas ocurrirá.

Por principio de cuentas, el FCM no es un frente ciudadano. Es la asociación de tres líderes partidistas que decidieron agrupar a sus respectivos partidos políticos (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) con la finalidad de derrotar al PRI en la contienda electoral del 1 de julio de 2018. Con ese fin obtuvieron el aval de las cúpulas  y órganos intermedios de esos organismos.

El Partido Encuentro Social expresó su interés en formar parte del Frente Ciudadano, pero quienes lo encabezan no mostraron interés en incorporarlo a sus filas.

Al viejo estilo de los partidos políticos y gobernantes que para jalar adeptos  ofrecen e implementan procedimientos distributivos de fondos públicos ─a los que colocan la etiqueta de programas sociales─ el FCM ofrece una “Renta Universal Básica” que consistiría en entregar cierta cantidad de dinero a todos los ciudadanos. Pero Ricardo Anaya, irresponsablemente, omitió informar el monto de esta prestación económica y la forma como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtendrá los recursos suficientes para financiarla.

Convertido, ahora, en aguerrido promotor de esa pensión social, el dirigente del PAN, olvida que el partido político que representa, la bancada panista en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y él, estuvieron en contra  que esa pensión se incluyera en la constitución política de la capital del país que se promulgó el 5 de febrero de 2017.

Anaya olvidadizo como ha demostrado que es, olvidó que siendo diputado y presidente de la Cámara de Diputados, votó a favor de que el entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes, en forma automática, pasara a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción. Tiempo después, el panista dio marcha atrás y se manifestó en contra de lo que antes apoyó.

La estrategia de construir alianzas entre partidos políticos, como podría ser ahora el caso del Frente Ciudadano por México, por regla general, produce buenos resultados electorales. El ejemplo más reciente radica en las elecciones efectuadas hace cinco meses en el Estado de México. Si el PRI no se hubiese aliado con el PVEM y el Partido Nueva Alianza, habría sido derrotado y  hoy, el gobernador de esa entidad federativa no sería un miembro del clan atlacomulquense del Mazo Vélez-del Mazo González-del Mazo Maza.

Delfina Gómez candidata de Morena obtuvo un millón 871 mil 542 votos y Juan Zepeda del PRD logró un millón 84 mil 571 sufragios. Esos dos partidos, en alianza, no sometiéndose el PRD a Morena, como lo prendió arbitraria y antidemocráticamente el Peje López Obrador, habrían derrotado al PRI por una diferencia de 915 mil 404 votos. En estas circunstancias, Alfredo del Mazo III, no sería hoy gobernador del estado más poblado del país.   

Algo semejante podría ocurrir en 2018, si el llamado Frente Ciudadano por México realmente contara con una estructura ciudadana interesada y comprometida en democratizar la vida política del país y en abatir la desigualdad económica que empobrece a millones de mexicanos y enriquece desmedidamente a unos cuantos. 

Pero por lo que hasta ahora se observa, ninguna de estas dos cosas ocurrirá.

El discurso de quienes encabezan el Frente Ciudadano  ha generado entre la opinión pública una sensación de imposición, al argumentar que no es conveniente abrir al electorado la designación de su candidato presidencial porque se infiltrarían personas afines al PRI, que deslegitimarían la elección.  

Bajo este torcido argumento los líderes Ricardo Anaya del PAN, Alejandra Barrales del PRD y Dante Delgado del Movimiento Ciudadano, justifican que el proceso selectivo de la coalición partidista no se efectúe en forma democrática, mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos, en elección abierta, sino tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía a través de encuestas.

Esos sondeos de opinión podrían utilizarse como disfraz para ocultar la eventual imposición de los candidatos frentistas a la presidencia de la república y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Que serían, en el primer caso el panista Ricardo Anaya y en el segundo, la perredista Alejandra Barrales.

El expriista Dante Delgado, que prácticamente llegó al final de su vida política activa, no representa obstáculo alguno para Anaya y Barrales. Obviamente, se conformaría con continuar usufructuando las aportaciones de dinero público que puntualmente le entrega el Estado mexicano a través del Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, de recurrir la dirigencia frentista a este método, el Frente Ciudadano por México corre el riesgo de dividirse. Toda vez que grupos importantes de panistas han expresado que no están dispuestos a aceptar imposiciones de ninguna índole. Lo mismo sucede en las filas del perredismo.

Miguel Mancera ha declarado que si el FCM designa a su candidato presidencial por imposición y “dedazo” no participará en las actividades de ese organismo. Si no hay un método de selección claro, abierto, con el que estemos de acuerdo, dijo, “no voy”. No se debe tratar de simulaciones. Pues éstas caen por su propio peso y la ciudadanía no se dejará engañar.

De ocurrir esto, Mancera buscaría la candidatura presidencial por el PRD y de obtenerla el Frente Ciudadano por Mexico se desmoronaría.

Aunque siendo gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, en septiembre de 2015 pidió ─o le ordenó─ a su esposa Martha Erika Alonso que renunciara a la presidencia del DIF para imponerla como secretaria general del comité ejecutivo estatal del PAN, ahora que pretende la candidatura presidencial por ese partido político, paradójica y convenencieramente, se pronuncia contra la imposición de un candidato que no sea él.

Hoy, que el exgobernador poblano camina tras la candidatura presidencial, afirma que no aceptará que el FCM lleve a cabo la patraña de imponer, mediante el clásico “dedazo” al candidato presidencial de esa alianza partidista.

El proceso  electoral donde los electores mexicanos habremos de elegir al próximo presidente de la república prácticamente ha comenzado. Todos los políticos, que aspiran a obtener la candidatura presidencial están haciendo hasta lo imposible por obtenerla.

De manera independiente Margarita Zavala y Jaime Heliodoro Rodríguez encabezan el grupo de los sin partido. Por el PAN, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle y por el PRD, Miguel Ángel Mancera.

Sin que sea novedad y a nadie sorprenda, Andrés López Obrador, por tercera ocasión consecutiva, se autodesignará candidato presidencial. Esta vez por el partido político de su propiedad.

Por lo que se puede observar, de quienes pretenden la candidatura principal, ninguno reúne el perfil del gobernante que el país requiere para salir del prolongado estancamiento en que se encuentra la economía mexicana, ni para enfrentar eficientemente los graves problemas de inseguridad y corrupción que aquejan a la nación.

Margarita Zavala, por ser mujer podría  hacer un gobierno novedoso. José Antonio Meade, por formar parte del gabinete del presidente Peña Nieto, nada haría para enjuiciar y castigar a los servidores públicos que en este sexenio cometieron actos de corrupción. López Obrador, por su tendencia al populismo, empeoraría la situación económica del país al convertirlo en la versión mexicana de Venezuela. Miguel Mancera  reproduciría, en todo el país, el desastre en que convirtió, con su pésimo gobierno, a la Ciudad de México.

Aun siendo Osorio Chong, el priista mejor colocado en las encuestas, es factible que el presidente Peña, si actúa emocionalmente opte por designar candidato del PRI a su delfín Aurelio Nuño, quien tendría la encomienda de cubrirle la espalda y si lo hace razonadamente escogerá a José Antonio Meade.