Aunque la ley deja en libertad a los ciudadanos de ejercer o no, su derecho constitucional de votar en las elecciones convocadas para elegir candidatos a ocupar cargos de representación popular; hoy por las graves condiciones de vulnerabilidad económica, de inseguridad pública, desempleo, crecimiento de la pobreza, salud y por la forma irresponsable y errática como el presidente López Obrador ha manejado el problema de la pandemia del coronavirus, todos los electores que no tengamos un impedimento de movilidad personal debemos de acudir a votar el domingo 6 de junio.

Las elecciones, sean de carácter federal, estatal o municipal, son la mejor y única herramienta que tenemos los votantes para evaluar el trabajo realizado por las autoridades gubernamentales. Sería irresponsable de nuestra parte, no utilizar en forma adecuada esa valiosa herramienta de la democracia mexicana.

Debemos entender que el voto no es una mercancía con la que podamos lucrar, poniéndola al alcance del político que nos ofrezca una despensa, una baratija o se comprometa a otorgarnos una prestación económica o refrendarnos las ayudas económicas que se entregan con fondos públicos, no con dinero de servidores públicos oportunistas. 

Lamentablemente -salvo alguna que otra rarísima excepción-, los electores no tenemos una oferta de candidatos idóneos que posean las características elementales que se requieren para sacar a México de la catástrofe en que se encuentra hundido desde hace dos años y medio a causa de malas decisiones gubernamentales.

Muchos candidatos son personas que carecen de aptitud para desempeñarse el servicio público, particularmente en el poder Legislativo. A otros simplemente los mueve el interés de hacer una carrera política con la finalidad de obtener, mediante el menor esfuerzo, dinero y prebendas que no tienen en su ocupación laboral habitual. Otros son, notoriamente impresentables. Pero a final de cuentas, todos ellos aparecerán en las boletas electorales y entre ellos habremos de escoger, particularmente, a los nuevos diputados federales

No obstante que, en términos generales, no existe el material humano idóneo para hacer la selección de candidatos que necesita el país para dar el primer paso que lo saque del hoyo en que lo sumió el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que escoger entre lo que nos ofrecen los partidos políticos para la jornada electoral del 6 de junio. 

La prioridad nacional, de suyo inmediata e inaplazable, es romper el control absoluto que tiene el presidente López sobre la Cámara de Diputados para evitar que en los tres años y medio de gobierno que faltan para que concluya su mandato constitucional continúe obteniendo reformas parlamentarias anticonstitucionales.

Como la reforma energética que sacó adelante para afianzar el monopolio improductivo y contaminante de la CFE y golpear la generación de energía eléctrica eólica ahuyentando del país a inversionistas extranjeros.

Para romper la nociva hegemonía que tiene Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, es imprescindible que los electores hagamos tres cosas cuando estemos frente a las urnas electorales:

1  No votar por ningún candidato postulado por Morena.

2  No votar por el PVEM, PT ni Fuerza México porque son partidos paleros del presidente López Obrador y de Morena.

3  Votar por los candidatos opositores que se encuentren mejor posicionados en las encuestas.

Ahora más que nunca, México necesita que los electores votemos el 6 de junio de manera consciente, meditada, movidos por el interés del país, de manera responsable y no impulsados por dádivas o por creer en promesas siempre incumplidas por cuestiones de simpatía personal.

No debemos caer en el engaño de que con el gobierno de López Obrador el país está mucho mejor que con los de sus antecesores neoliberales y conservadores.

Lo cierto, es que ahora que la propaganda lópezobradorista nos dice que estamos muy bien, estamos peor que cuando nos aseguraban que  con el conservadurismo estábamos muy mal.

Con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, el país está peor que antes. Durante los 30 meses que han trascurrido de su mandato, más que a gobernar, se ha dedicado a utilizar el tiempo en sembrar el antagonismo, la división, el odio y rencor entre los mexicanos a quienes perturbado mentalmente se obsesiona en encajonar en dos grupos.

Uno compuesto por los integrantes del  pueblo que él califica de sabio y bueno, al que según su decir él pertenece y al que sin reglas de operación de ninguna índole y con absoluta opacidad entrega apoyos económicos con el dinero que aportan a la hacienda pública, mediante el pago puntual de impuestos de quienes formamos parte de la economía formal.

El otro grupo -en la peculiar narrativa de López- está integrado por supuestos o reales adversarios políticos suyos, a quienes insulta, calumnia, difama y acusa de corruptos y partidarios de reinstaurar una corrupción que sólo no ha sido extirpada de la administración pública federal sino que, con AMLO en el Palacio Nacional, la corrupción se ha incrementado y extendido escandalosamente en todos los ámbitos del gobierno federal.

Nueve obras públicas de cada diez que están ejecutándose y nueve de cada diez compras gubernamentales que se efectúan, no han sido sometidas al procedimiento de licitación pública que establece la ley. Se han efectuado por adjudicación directa.

Abriéndose así, de par en par, las puertas de la administración pública para que entre libremente la corrupción del diezmo.

La economía nacional pasa ahora, con AMLO montado ya en la silla presidencial, uno de los peores momentos.

Después de criticar, un día sí y el siguiente también, durante doce años, el bajo crecimiento de la economía logrado por los presidentes Calderón Hinojosa y Peña Nieto (2% promedio, en cifras cerradas) y ofrecer un incremento de 4% desde su primer año de gobierno, López Obrador incumplió ese compromiso porque en 2019 -su primer año de gobierno-, el PIB sufrió un decremento de 1% y en 2020 una disminución de 8%, ocasionada no solo por decisiones erróneas de su gobierno, sino también a causa de daños colaterales producidos por la pandemia.

Una de las decisiones de AMLO que más perjuicios ha causado a la economía del país, es la cancelación de la construcción del aeropuerto que pudo ser uno de los más modernos del mundo y sustituirlo con una ocurrencia que nadie sabe cómo va a terminar porque el presidente de la república no dio a conocer un proyecto ejecutivo medianamente confiable.

Esta irracional y equivocada cancelación de inmediato sembró la desconfianza  entre los inversionistas nacionales y extranjeros, que a final de cuentas, son los que realmente impulsan el crecimiento de la economía del país porque generan empleos productivos, no una burocracia gubernamental improductiva.

Con el régimen lópezobradorista la pobreza no ha disminuido, sino alcanzó un desmesurado crecimiento. Hoy hay 10 millones de pobres más que antes.

El empleo no está situado en sus mejores momentos. Lo mismo que los asuntos relacionados con la salud de los mexicanos. La escasez de medicamentos ya no sólo afecta a los niños y mujeres con cáncer, sino a los derechohabientes de las clínicas y hospitales del IMSS e ISSSTE;  a los usuarios de los institutos de Alta Especialidad y hasta a la clientela del Instituto de la Salud para el Bienestar (¿?) que en sustitución ineficiente y deficiente del Seguro Popular inventó el presidente López Obrador.

Hoy la atención médica como la de los países nórdicos que nos ofreció el señor López está 10 o 15 veces más lejana que el planeta Plutón.

La seguridad pública, o mejor dicho, el problema de inseguridad que vivimos todos los mexicanos, lópezobradoristas y conservadores, es también más grave que nunca. Nadie tiene la vida ni sus propiedades -escasas o abundantes- seguras. Las estrategias de abrazos y no balazos, así como la de pretender regenerar delincuentes otorgándoles los beneficios económicos de algunos de los programas gubernamentales resultaron fallidas

¿Y qué decir de la famosa descentralización de diversas secretarías de Estado que ofreció el presidente López? ¡Nada!

El combate al narcotráfico del gobierno de la Cuarta Transformación se redujo a poner en libertad al hijo del Chapo Guzmán durante el culiacanazo. Saludar de mano y con sonrisas a la madre de este delincuente y ofrecerle disculpas por referirse a él como Chapo y no por su nombre de Archivaldo.

La pandemia del coronavirus (Covid-19) es y debe ser necesaria e imprescindiblemente, el Waterloo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la pésima forma e irresponsabilidad con que la ha manejado, primero restándole importancia y gravedad; después anunciado que como ya se veía la luz al final del túnel y había aplanado la curva podíamos abrazarnos y acabar con el confinamiento.

Otra es la realidad que nos obsequió el presidente López por su actuación irresponsable y errónea.

Doscientos 23 mil 568 personas fallecidas en México, contra 13 mil 107 fallecidas en Japón y 2 millones 413 mil 748 contagios en México y en ese país asiático 749 mil 828 contagios (cifras de la Universidad Johns Hopkins a las 18:23 horas del 1 de junio). Japón que tiene una población equiparable a la mexicana, 126 millones de habitantes.

La diferencia de muertos entre México y Japón es terrible y contundente: 210 mil 461 decesos. México es uno de los cuatro países donde de peor forma se ha enfrentado la pandemia de coronavirus.

Esa es la diferencia entre lo hecho bien por un buen gobierno, como el japonés y lo hecho muy mal por un pésimo gobierno mexicano.

Turbulento presagio

El lunes 7 de junio apunta como el inicio de una larga jornada de turbulencia poselectoral equiparable a la que se vivió en 2006.

Al negarse López Obrador a acatar la veda electoral que marca la ley y efectuar abierta o veladamente actividades de proselitismo electoral -transgresión jurídica por él mismo reconocida públicamente- dio los elementos de prueba necesarios para que se pueda solicitar la anulación de las elecciones.

Recurso legal al que podrán recurrir los partidos o candidatos que lo consideren conveniente a su interés.

López Obrador y algunos de sus corifeos -entre ellos el presidente de Morena, Mario Delgado, que vislumbran la posibilidad de una derrota, hablan de un eventual fraude electoral para dañar al partido oficial.

La historia política del presidente López nos enseña que éste jamás ha reconocido una derrota electoral. El 7 de junio podría escribirse dentro del Palacio Nacional otro capítulo de esta historia.

Es la primera vez que un partido en el gobierno hace una presunción de esa naturaleza, porque, por regla general, los fraudes electorales se instrumentan para afectar a los partidos de oposición. No al partido gubernamental.

No votemos por los

candidatos de Morena

para rescatar a México de

la catástrofe creada por

Andrés Manuel López Obrador