En las últimas dos semanas tuve el honor de ser la voz del Congreso mexicano en la Primera Reunión de la Red Latinoamericana de las Comisiones del Futuro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y en la Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias que se celebró en Doha, Qatar.

Como legisladoras y legisladores tenemos la responsabilidad de representar la voz de la ciudadanía, pero no únicamente en el parlamento de nuestro país, sino también en el exterior, que se sepan los problemas que afectan al mundo entero. 

Ante las amenazas tecnológicas, medioambientales, sociales y económicas de las naciones, debemos construir consensos y vencer las diferencias políticas-partidistas, en los congresos, para avanzar en una agenda que beneficie a la comunidad internacional sin distingo alguno.

El mundo se mueve de forma más vertiginosa que en el pasado. Las amenazas y desafíos que hoy enfrentamos registran situaciones no resueltas de tiempos anteriores.

Por ejemplo, América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más desiguales del planeta con altas concentraciones de ingresos para muy pocos y bajos recursos para amplios sectores de la población. En estos indicadores, las mujeres siguen llevando la peor parte; se estima que después de 2020, acelerado por la pandemia, desastres o conflictos en sus localidades, más del 11.4 por ciento de las mujeres (15 a 64 años) y el 17.1 niñas (0 a 14 años) viven en condición de pobreza extrema y entre el 63% y el 76% ha experimentado algún episodio de violencia, situación que aumenta todos los días.

Por otra parte, si bien, los adelantos en materia de inteligencia artificial facilitan cada vez más las tareas y el uso masivo de redes sociales nos ha dado mayor acceso a la información, el uso de algoritmos sesgados ha distorsionado contenidos e inclusive, se utilizan para el reclutamiento de personas en actividades ilícitas y de violencia extrema como el terrorismo.

La guerra contra el narcotráfico ha generado efectos no deseados, afectando significativamente la tranquilidad de las comunidades, al intensificar otras actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión, la trata y el tráfico de personas o el blanqueamiento de capitales.

Se estima que las organizaciones criminales en el caso de México reclutan aproximadamente 7 mil miembros al año, donde entre el 5 y el 8 por ciento son mujeres que se involucran en principio como un medio de autodefensa y una forma de evitar ser victimizadas, y también como en los grupos terrorista por relaciones familiares o grupos cercanos de amigos.

Investigaciones de mujeres sentenciadas por delitos relacionados con el crimen organizado, refieren que la mitad ganaba menos de 200 dólares al mes antes de ser encarceladas y una de cada cinco sufrió abusos físicos, sexuales y emocionales por parte de un familiar. La selección de mujeres por parte de los grupos criminales se da por la creencia de que pasan desapercibidas, son más observadoras y pacientes, y evitan el radar de la policía y el ejército.

En este contexto, la política como la actividad que nos permite hacernos cargo de los asuntos públicos, discutirlos y plantear alternativas para resolverlos, nos obliga a quienes estamos involucradas en su ejercicio, a tener mayor responsabilidad en nuestro actuar.

En el caso del Congreso de nuestro país, de cara al inicio de la LXVI Legislatura, es necesario que la mayoría calificada, antes de atender su agenda parlamentaria, evalúe la inmediatez y relevancia de otros temas que afectan a la ciudadanía. Más allá de las diferencias ideológicas o partidistas se deben atender los temas urgentes que no tienen color. Se deben construir consensos y no solamente refugiarse en lo que pueda implicar las diferencias políticos partidistas.  

La función prospectiva y estratégica de los países es indispensable y debe organizarse de modo que sea un ejercicio permanente en el que participen las diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria.

El propósito de la prospectiva legislativa es anticipar las opciones estratégicas que tiene el Estado, con base en un pensamiento a largo plazo que adopte políticas y coordinar con efectividad la agenda pública, no solo del Congreso sino del conjunto del país, a través de una mayor capacidad para el diálogo social permanente. Esto implica tender puentes, coordinar actores, generar consensos y alianzas que permitan afrontar estos grandes desafíos.

Es menester tener una participación proactiva en nuestros parlamentos y países, para asegurarnos que se inserte de forma transversal e interseccional la perspectiva de género y la defensa de los derechos humanos en la legislación y en las políticas públicas de nuestros países para construir sociedades justas, igualitarias y pacíficas.