Los cambios en el sistema político para la gobernabilidad

  • José Pascual Urbano Carreto
Avances en lo electoral, mismos usos en el ejercicio gubernamental

Consideraciones iníciales

 

En nuestro país las modificaciones al sistema político han sido profundas, solo limitadas por lo que nuestra clase política ha considerado como lesivo para la conservación de su dominio. Lo que ha determinado que se modifique de modo muy sustantivo, en el sistema político, lo relacionado con la manera de acceder al poder del estado y se ha tocado muy poco lo relacionado con la forma de gobernar. Ello ha conducido a conformar un sistema político incongruente, en lo electoral muy avanzado, con resultados que evolucionaron de lo que fue el panorama del sistema de partidos con uno dominante y el resto con un papel testimonial a un panorama de partidos competitivos, con inclusión en todos los niveles de gobierno, con alternancia en todos los niveles gubernamentales y con un panorama plural en las preferencias electorales de la sociedad; en tanto que en la forma de gobernar se sigue actuando a la manera de los tiempos del partido casi único.

Es natural que se presenten muchas dificultades en el diseño estructuración de las políticas para la solución de los problemas, más aún cuando se pretende pasar a la aplicación de lo aprobado de manera autoritaria en espacios no plurales y por tanto no representativos.

Por las negociaciones entre partidos es posible llegar a aprobar los cambios de manera general pero las dificultades comienzan cuando se pretende aprobar las leyes reglamentarias y,más aún, cuando se quiere llegar a su aplicación. Eso ha sucedido con las llamadas reformas estructurales referidas a las reformas: educativa, energética, judicial, etcétera. Básicamente las relacionadas con el Pacto por México.

Por tener cambios solo parciales, en el sistema político el funcionamiento del mismo presenta sendas incongruencias, las reformas tanto tiempo  perfiladas por los analistas y por las organizaciones partidarias, se logran concretar en lo general, como reformas constitucionales, pero enfrentan dificultades crecientes cuando se pretende aterrizar lo legislado en las leyes reglamentarias y más aún cuando se emprende el proceso de aplicación. Todo ello puede atribuirse a la pretensión de ignorar los cambios a las modificaciones en el sistema político generadas por las sucesivas reformas que trajeron en la conformación del nuevo panorama político con fuerzas emergentes y con nuevos representantes de poderes en los distintos niveles de gobierno. Más bien se optó por circunscribir los acuerdos para concretar las reformas a nivel de las burocracias partidarias y a los espacios del legislativo que se encuentran en un espacio dominado por las burocracias partidarias. En mi modesta opinión, el nuevo elemento dentro de la dinámica política es que a nivel de los órganos ejecutivos hay una pluralidad ligada de manera directa con la acción política de los ciudadanos organizados, ya en sus partidos políticos o como independientes, que han logrado una pluralidad en los niveles de gobierno; así que hoy tenemos a una parte de la sociedad  vinculada a sus autoridades, vinculadas a las acciones que se realizan en torno de sus autoridades ejecutivas en la presidencia de la República, en los gobiernos de cada entidad federativa y a nivel de los municipios, y tienen origen en la acción de los partidos o de los independientes y, por supuesto, en contacto con los órganos opositores, así como los organismos de la sociedad civil.

La omisión esencial

 En las discusiones se marginó a las autoridades ejecutivas de las entidades federativas y de modo muy notorio a las autoridades municipales,  las  consecuencias no se hicieron esperar: las reformas han encontrado una férrea oposición especialmente en los estados gobernados por la oposición pero también en los que gobiernan ciudadanos afines a la política que les dio impulso y las concretó, ya que se cometió el error elemental de no abrir espacios plurales para concretar las mencionadas reformas estructurales. 

He venido planteando que el espacio necesario se relaciona con lo que representaría una ampliación de la democracia representativa, que al tener espacios deliberativos con representantes ejecutivos, generaría una dinámica mejor: además de escuchar a los representantes de los ciudadanos tendría que traducirse en una indiscutible obligación de tomar en cuenta las diversas opiniones y así después de consensuarlas tener una normatividad más cercana a la sociedad y por tanto con una mayor fuerza legitima y por ello con más viabilidad.  Así, lo que hoy es un déficit de las reformas y sus objetivos sería atribuible a las fallas en su elaboración, descuido en los diagnósticos o de entendimiento de la naturaleza del problema, y de ningún modo caer en la confusión por  la  mezcla de los elementos mencionados anteriormente, con lo hoy  predominante, que es  la falta de consenso expresada  como principal  dificultad para concretar los cambios y lograr los beneficios que pudieran traer las mencionadas reformas.

Si el espacio hubiese tomado en cuenta la nueva composición del mosaico político y su nueva dinámica hoy estaríamos en posibilidad de evaluar la verdadera valía de las reformas y no, principalmente, si los impulsores son menos populares que los que se oponen a las reformas en comento.

La situación se ha venido complicando, así que tenemos procesos en la aplicación de las reformas que indican dificultades: en el plano de la reforma energética se reclama con legitima indignación, por los ciudadanos, que se prometió al presentarse la reforma energética que se evitarían los llamados gasolinazos y en durante el gobierno de  EPN se buscó cancelarlos, lo que no se previó es que la situación mundial de los energéticos principalmente el de los derivados del petróleo se modificaría tan radicalmente para México, los precios del hidrocarburo se modificaron radicalmente hacia la baja, pasaron de más de 100 dólares el barril de crudo a menos de 50. Al mismo tiempo que nuestra reserva  petrolera se mermaba, lo que afectó de modo significativo a las finanzas públicas de nuestro país. Nuestras exportaciones petroleras disminuyeron en cantidad y en valor,eso se tradujo en la necesidad de hacer ajustes en la estrategia energética y se procedió sin decirlo explícitamente a comprar la gasolina a Estados Unidos a los precios internacionales y a venderla a precios por encima del costo, ello –se dijo- para obtener fondos que pudieran cubrir las carencias presupuestales generadas por la nueva situación de nuestra industria petrolera. El error no estriba en hacer finanzas sino en querer engañar acerca de la situación, en mi opinión se debió recurrir a explicar que había que comprar y vender gasolina en la nueva situación de competencia generada por la reforma energética, y mantener la estabilidad de las finanzas para el país.

 Cuando se plantea el incumplimiento de las promesas se omite considerar que los cambios en el panorama que vive México son importantes y que deben ser considerados por su gobierno y que ello puede explicar parte de la limitación para cumplir las promesas, me parece por lo menos apresurado concluir que lo prometido no se cumple por lo erróneo de la reforma energética, como si lo que se hubiera hecho anteriormente no presentara también algunos errores importantes, por ejemplo, el reparto de los recursos que se denominaron excedentes petroleros en lugar de capitalizar a PEMEX para modernizarla y hacerla competitiva, recordemos qué pasó con la promesa de construir una refinería en el gobierno del presidente Felipe Calderón. Pero aquí, insisto, en que los espacios para discutir y aprobar las reformas a la industria energética se limitaron al espacio del ejecutivo de la nación y a la concurrencia de las burocracias partidarias, muy distinto hubiera sido si se hubieran incluido a los ejecutivos de las entidades federativas, a los municipios y a los organismos relacionados con la rama energética. Aquí cabe la consideración de la suprema asamblea republicana de la que puede considerarse como embrión de ella a la CONAGO. 

Los problemas y sus posibles soluciones

 En el importante tema de la educación la reforma educativa presenta un proyecto muy interesante, pretende superar los grandes rezagos que presentan la mayoría de los sistemas: el educativo no es la excepción cuando permanecen más o menos estables sin corresponder con los cambios propios de la evolución social en el ámbito de carácter mundial, nacional y local en el marco de grandes cambios científicos y tecnológicos así como políticos, demográficos y sociales. Los mexicanos queremos estructurar nuestro sistema con la experiencia propia y con lo que el conocer otras experiencias nos enriquece, eso es muy bueno, lo que es imperdonable es no tomar en cuenta la situación de nuestro sistema educativo real funcionando, con alumnos en distintas situaciones de carácter económico y social, con instituciones insuficientes para atender la demanda de educación y sin valorar lo que significa contar con una planta de profesores con muy diversas situaciones laborales, de preparación didáctica y científica, girando además en situaciones de carácter político muy concreto. La existencia de una organización como el SNTE, la CENTE y otras organizaciones magisteriales de carácter más local. Y todo lo anterior vinculados a la diversidad de organizaciones que sustentan la pluralidad de autoridades detentando el poder. Frecuentemente se presentó durante la discusión de las reformas a la educación hechos que debieron atenderse de manera especial, tal es el hecho de que junto a la reforma diseñada en el Congreso de la Unión en varios estados de la república se diseñaron reformas educativas locales de la entidad federativa, lo que correspondió lógicamente con el hecho de que en la conformación de la reforma propuesta por el ejecutivo federal logróconsenso a nivel los legisladores controlados por las burocracias partidarias y se dejó fuera de la discusión a los ejecutivos de las entidades federativas, a los municipios y a las fuerzas que agrupan a los miembros del sector educativo, en un espacio de pluralidad que hubiese permitido la deliberación de todos los mencionados la reforma educativa se hubiera enriquecido y se le hubiese inyectado una gran dosis de legitimidad seguro que se hubiese respetado los derechos laborales de los profesores y se hubiese logrado una amplia concurrencia de ellos para establecer los puentes de transición para lograr una reforma aplicable y con una muy consistente viabilidad. No tendríamos los conflictos que hoy retrasan las necesarias reformas, eso hubiese sido posible si el espacio de discusión del pacto por México se hubiera complementado con los ejecutivos de las entidades federativas y con ello integrar a las fuerzas de los actores principales del ámbito educativo.

Como lo que se diseñó, no contempló todo lo que se debió integrar en el espacio de deliberación diseño y acuerdo, es bueno que se admita que el remedio está en subsanar esa deficiencia integrando al espacio de revisión de lo avanzado a las fuerzas mencionadas y comprometerse a realizar las modificaciones necesarias, es decir dar un nuevo y serio impulso a las reformas de nuestro sistema educativo.

En el combate a la inseguridad un problema es la conformación de la estructura de nuestro equipo de seguridad policial, tenemos a la gendarmería, la policía federal, la policía estatal, los policías municipales y las policías auxiliares. Con recursos muy limitados y con mandos en cada nivel que poco piensan en coordinarse para garantizar la seguridad ciudadana, se pensó durante el mandato del presidente Calderón en unificar mandos policiales y en coordinar para lograr eficientar la acción policiaca al tiempo que se lograría una mejor utilización de los recursos de los cuerpos de seguridad. La intención fue buena, pero se presentó el obstáculo de que chocaba con las preferencias de los ejecutivos de todos los niveles por representar eso, la posibilidad de perder la autonomía de los distintos ámbitos de demarcación política. Por ello solo una instancia democratizadora colegiada que se haga cargo de designar a los mandos podrá dejar intocada la facultad de nombrar y coordinar el mando policial, al tiempo que se logra constituir mandos únicos y autoridades reconocidas por su legitimidad, además de garantizar mejor uso de los recursos y más efectivas acciones para garantizar la seguridad ciudadana.

La delincuencia ordinaria y la profesional se enfrentarían a fuerzas de seguridad mejor preparadas y con recursos más amplios y modernos. Así posiblemente se llegaría pronto a tener policías que ocasionalmente requiriesen la cooperación del Ejercito y la armada de México, pero normalmente tendrían la capacidad para someter a los que pretendan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos mexicanos, de ese modo se podría en un plazo corto hacer que el ejército y armada volvieran a sus cuarteles.

Respecto al combate a la corrupción, lo que es evidente por lo sucedido en nuestro país a nivel privado y de ciudadanos en general, así como en el ámbito del sector público considero que se ha avanzado enormemente con la aprobación de la normatividad anticorrupción y será muy importante tener un fiscal anticorrupción, pero no debe olvidarse que ese fiscal y todos los encargados de presidir órganos autónomos de supervisión y vigilancia deberán ser nombrados por instancias que garanticen su autoridad y su independencia, y ahí pienso que los ejecutivos de las entidades federativas y el presidente de la República podrían ser la instancia que colegiadamente nombrara y respaldara al fiscal para garantizar su independencia y autoridad, en apoyo a esto solo menciono que a pesar de las resistencias para instituir la normatividad anticorrupción solo fue posible lograrla por el concurso de las fuerzas plurales que gobiernan a nuestro país, esas mismas fuerzas constituidas como suprema asamblea republicana podrían nombrar al fiscal anticorrupción,  respaldar las acciones que su naturaleza requiere, podría reivindicar a cualquier autoridad que injustamente fuera acusada y eso sería creíble, pero también podría llamar a cuentas a la autoridad que incurriera en ilícitos, podríamos terminar con la impunidad y por ello los ilícitos serían mucho menos frecuentesy los que tuvieran la tentación lo pensarían varias veces.

En el combate a la corrupción, sería sano que los ilícitos se hicieran de la responsabilidad de quien los comete y de ningún modo admitir que hechos bochornosos de un ex directivo del deporte, el robo de unas playeras o de que lo realizado por aspirantes a fiscal anticorrupción presenten ante el senado ideas plagiadas y se les registre  para competir o bien se pretenda que lo del presidente municipal dijo “que robó, pero poquito”. Ello es cierto sucedió en México o tuvo protagonistas mexicanos. Ello no es paradigma de la cultura o espíritu de lo mexicano.  Lo más que puede decirse sobre lo anterior es que entre los 120 millones de mexicanos contamos con algunos pillos que son tolerados por quienes debían vigilar e impartir justicia.

Cambiemos lo que Ya no funciona, fundemos el nuevo federalismo

 La verdadera razón de las limitaciones en los cambios es pretender mantener el sistema para ejercer el poder propio de los tiempos pasados en México, aquellos  que se caracterizaron con el sistema de partido dominante casi único y con las formas autoritarias y centralistas de ejercer el poder.

Para resolver lo complicado de gobernar un país como México es indispensable establecer un sistema de autoridad colegiada para ampliar el poder de los ejecutivos del país y, al mismo tiempo,  limitar el poder arbitrario de ellos, y eso solo se puede estructurar en colegiado que los incluya para darle más poder al estado, a la nación y limitar a los ejecutivos de manera individual, modificar su poder para hacerlos más poderosos, para resolver los problemas, pero menos para cometer ilícitos y más aún para que puedan hacer cosas indebidas impunemente, el supremo poder nacional. La asamblea ejecutiva de la nación tendría facultades para apoyar a los gobernantes, pero también para llamarlos a cuentas, así quien propondría a  los integrantes de los órganos autónomos de vigilancia y supervisión sería el poder supremo de la nación y serían avalados por el Congreso de la Unión y de igual modo se procedería con los integrantes del poder judicial, con los cuerpos de seguridad nacional, policías, ejército, armada y demás cuerpos de seguridad, con ello se podría pensar en policías con mando único. Así se podría con mucho más facilidad someter al fenómeno de la corrupción y a combatir a los integrantes del crimen organizado.

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José Pascual Urbano Carreto

Licenciado en Economía (BUAP) con estudios de Maestría y Doctorado en Economía (UNAM). Diplomado en Comercio Exterior (UDLAP). Docente en la BUAP. Secretario de Relaciones Exteriores del STAUAP y secretario General del SUNTUAP. Coordinador Administrativo del HU (BUAP). Miembro del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.