La sucesión y los medios de comunicación

  • José Pascual Urbano Carreto
La agenda informativa y el espacio mediático está controlado por empresas mediáticas monopólicas

Una de las situaciones que caracterizan a las sociedades actuales es que cuentan con una estructura de medios de comunicación dominados por redes corporativas empresariales, las que se encuentran controladas por grupos oligárquicos que conforman sistemas poderosos de carácter monopólico.

A nivel mundial se puede afirmar que los grandes grupos conocidos como oligopolios de la comunicación, de forma ostensible dominan o han dominado, el panorama mediático. Ahora, como resultado de la economía de mercado y de la alta concentración que el sistema neoliberal propicia, podemos subrayar que, en el mundo hasta hace muy poco tiempo, eran tan solo cuatro los principales grupos de comunicación que controlaban prácticamente la totalidad de la información, entretenimiento y comunicación que se transmite. El resto de medios de una u otra forma estarán repitiendo aquello que los primeros originan.

Dichos grupos, auténticos holdings de la comunicación, son: Time Warner Inc., Walt Disney, Viacom/ CBS y News Corporation (21st Century Fox y News Corp.), quienes controlan más del 70 por ciento del negocio, que hoy el mundo amplio de la comunicación supone en el planeta. Es evidente, que en gran medida serán estos grupos los que definen qué tenemos que ver, cuál es la agenda y rango de lo noticioso que ocurre en el mundo y cómo debemos entretenernos. Desde luego, esto encierra también una intención incuestionable de decirnos qué debemos pensar, opinar e incluso sentir, lamentablemente a nivel mundial predomina el criterio de funcionamiento de la máxima ganancia, aunque ya gana terreno que el criterio debe ser el bienestar de los seres humanos.

En México hay tres grandes cadenas de televisión: Televisa, TV azteca e Imagen. Pero se debe hacer notar que hay más corporaciones mediáticas, pero el número sigue siendo muy restringido, las que dominan son las mencionadas anteriormente. Se debe informar que los medios son controlados por unos cuantos magnates que se encuentran como socios dominantes en las empresas que abordan el panorama de la información por medio de sus empresarios, directores y conductores de los medios. Se puede resaltar en el panorama de los medios de comunicación a los siguientes:

1. Periódicos
El Economista, Excélsior, El Financiero, El Heraldo de México, El Norte, El Sol de México, Milenio, El Universal, La Jornada, La Crónica, y Reforma,  entre los más conocidos. En las revistas el grupo ligado a los intereses del régimen anterior es aplastante y solo se salva el diario La Jornada, además de las que ahora están ligadas al nuevo gobierno por cuestiones institucionales.

2. Las televisoras
En las televisoras el nivel concentración corporativo es más notorio; allí tenemos como las más importantes a Televisa, Canal Once, Exa TV, Canal 22, Canal del Congreso, Multivisión, Televisión Azteca, ADN Proyecto 40.

En cuanto a las radiodifusoras las grandes compañías de medios dominantes en las televisoras controlan también en los grupos más importantes de la radiodifusión. Se puede afirmar que los medios de comunicación en nuestro país se encuentran en manos de unos cuantos corporativos y que los principales accionistas de hecho controlan las empresas monopólicas y con eso se puede sustentar que la acción de los integrantes de la Comisión Federal de Competencia (COFECE) quien poco o nada ha hecho para controlar las conductas monopólicas de los corporativos mencionados.

El fenómeno de la corrupción tiene una variante general que se denomina la captura del estado, que consiste en la apropiación de parte de los magnates, de los estados, para desde allí impulsar reglamentaciones favorables a sus intereses; y así lo hicieron al impulsar por medio de sus aliados en el aparato gubernamental la aprobación de reglamentaciones que les permitieron, por medio de las privatizaciones, adueñarse de espacios comerciales y productivos estratégicos. Con el apoyo de recursos del erario se instauró una serie de reglamentaciones que durante mucho tiempo les permitieron eludir y evadir impuestos. Con la captura del Estado se legisló para crear organismos constitucionalmente autónomos para desde ellos hacer maniobras que legitimaran sus acciones arbitrarias inmorales, pero con esos órganos darles la apariencia de legales. Como ejemplo se puede citar la conducta de algunos.

Es pertinente aclarar que las instancias electorales, los órganos constitucionales autónomos han estado actuando por encima de sus atribuciones, de acuerdo a la Constitución, tales instancias están para cumplir con sus atribuciones dentro de lo que marca nuestra Carta Magna y las leyes de la materia. En el proceso de 2017-2018 procedieron a llenar las omisiones cometidas por el Poder Legislativo de ese momento, ya que estableció que las elecciones se deberían ajustar a lo decretado que la jornada electoral en el 2018 que debía realizarse en el primer domingo de julio y no como contenía la legislación vigente que se debería realizar en el primer domingo de junio. Con ese olvido dejaron de emitir una ley reglamentaria correspondiente con el decreto del mes de febrero, contenido en una disposición comprendida en un transitorio constitucional, por esa omisión, el Poder Legislativo permitió que los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) elaboraran un reglamento de elecciones y con él se substituyó lo que debió hacerse, la ley reglamentaria de ese proceso y desde allí se explica que los órganos autónomos en comento no solo aplican ley sino son ya indebidamente legisladores.

En ese contexto, en la coyuntura de renovación de los Poderes de la Unión y la renovación de poderes en las entidades federativas se están utilizando a fondo desde sus trincheras, especialmente desde los medios de comunicación como radio, televisión y prensa, y sus espacios en internet han orientado los Salinas Pliego, los Azcárraga y demás magnates que han diseñado una orientación editorial, que es reproducida por sus comentaristas y conductores, los que se han apropiado lo que se denomina en comunicación mediática el marco de análisis de la información intentando que lo que es la agenda informativa compartida por ellos en el espacio de comunicación con las conferencias mañaneras del Presidente.

Lo anterior no tendría nada de extraño; lo ilegal y anómalo es que se dedique hasta con mentiras a atacar sistemáticamente al régimen progresista del presidente de la República. Me abstengo de comentar algo sobre lo que afirmo, porque para constatarlo basta con escuchar lo que en los medios dominados por los monopolios de la rama dicen acerca de la actual situación en lo relacionado con la seguridad, con las obras más importantes del gobierno y con los logros del gobierno progresista. La orientación editorial consiste en:

1. Mantener la libertad de los conductores de los programas de radio y televisión sumados con las redes de los medios asentados en el Internet, pero manteniendo la obligación de ellos de ajustarse a las orientaciones denominadas como la orientación editorial.
2. El contenido de la orientación es simple aceptar que se influya por el gobierno progresista en la agenda informativa, pero saturar el marco de análisis informativo con sesgos en la presentación de la información; es decir, reportar los eventos que suceden en la vida del país, pero resaltando lo que pueda dar la impresión de que las estrategias del gobierno progresista no son adecuadas. Para ello ocultan las cosas positivas de la gestión, exageran las cosas espectaculares y resaltan lo que como consecuencia del combate a la impunidad genera resistencia de los grupos de criminales para que se aplique la ley a sus actividades ilícitas pretendiendo que se perciba como actos que se pueden caracterizar como actos de venganza, en lugar de reconocer que ello representa el método para evitar que se continúe impunemente cometiendo ilícitos.
3. Pretenden mostrar que lo que se realiza para superar problemas, como es el de la seguridad ciudadana, se resuelva como por arte de magia. No reconocen que se está avanzando y pretenden ocultar que su conducta responde a una inconsciente acción de colaboración con la delincuencia, el colmo es cuando de plano los que atacan al gobierno progresista colaboran y hasta son parte de las redes delincuenciales, en ese caso se pretende mostrar al gobierno como incapaz de resolver ese tipo de problemas. Simplemente desconocen que los grupos que hoy conforman la oposición fueron los que permitieron y estimularon a las redes de corrupción y posibilitaron que esos actos fueran impunes, con esa conducta posibilitaron que los grupos delictivos se fortalecieran y que ahora cuenten con dinero y organización que incluye a ejércitos privados para proteger sus actividades ilícitas, por ello cuando quiere mostrar un gobierno fuera de control simplemente calientan la plaza generando actos de violencia espectaculares.
4. Entre los enemigos del gobierno progresista hay grupos e individuos ligados a las redes de la delincuencia organizada.     

Los medios y sus dueños cooperan en los hechos con la delincuencia, pero la ventaja, es que, la situación es tan escandalosa en la orientación editorial en contra de la 4T de los medios mencionados, que han perdido credibilidad.

En el marco de lo que he comentado se puede analizar lo que se ha intentado crear con la imagen mediática de un personaje como la senadora Xóchitl Gálvez, que a pesar de que sus declaraciones y pretensiones no sean compartidas por núcleos importantes de los ciudadanos mexicanos, y no puede ser de otro modo; se quiere hacer creer que es sumamente popular y que es personaje progresista, a pesar de estar apoyada por personas con toda su estela de posiciones conservadoras, pero como esos son los que la apoyan se debe esperar que rechacen la mejor distribución de los ingresos y de la riqueza, que sean partidarios de la discriminación de los mexicanos humildes, que sean partidarios de saquear al erario por medio de privilegios y más aunque sean los actores principales en los escandalosos actos de corrupción.

 Los corporativos mediáticos añoran aquella situación en que ellos dibujaban una realidad conveniente para sus intereses y, por medio de campañas publicitarias y con fraudes electorales podían implantar el poder que les permitía gobernar sin la anuencia de los ciudadanos. Ese fue uno de sus privilegios que hoy el gobierno progresista ya no les permite.

En el proceso interno para transitar hacia definir estructuras y más adelante definir candidatos las dos alianzas que perfilan proyectos de país distintos, el progresista de Morena y sus aliados y el de la alianza liderada por los magnates y partidos neoliberales para resolver sus procesos de acuerdo a sus métodos, han tenido que promover publicitariamente a los prospectos a coordinar la defensa de la 4T unos, y la coordinación para fundación del Frente Amplio por México.

La actual oposición se queja de que se está publicitando a los prospectos de la 4T en espectaculares y actos multitudinarios, el asunto es que se viene realizando de acuerdo a su normatividad y respetando lo que es la normatividad general vigente y, además, porque tienen  capacidad de convocatoria reclaman que se está aplicando recursos significativos pero dejan, los de la oposición, de valorar lo que podría significar en recursos económicos los tiempos de radio, televisión, diarios digitales e Impresos que se identifican en los medios tradicionales de comunicación. Para tener idea de lo que eso puede significar basta con escuchar pacientemente los espacios que esos medios dedican a los prospectos de la opción conservadora neoliberal y saqueadora, y a partir de ello, hacer un cálculo de los inmensos recursos que se están dedicando para lograr la promoción para todos los prospectos conservadores y especialmente para la senadora Xóchitl Gálvez. Realmente así se dimensionaría lo que se está aplicando por parte de ellos para proyectar a esos personajes, pero aun así no han logrado el éxito esperado por ellos, sin tomar en cuenta aun los asuntos irregulares que se presentaron en la metodología para conseguir por parte de esos aspirantes cubrir los requisitos en la obtención de la precandidatura.

Ya existe la denuncia de irregularidades en el registro de las firmas de apoyos, que ya generaron la renuncia al proceso por uno de los aspirantes panistas y una anunciada denuncia ante autoridades competentes. Lo que el denunciante plantea es que los partidos mayoritarios del Frente, ya se decidieron por una candidatura para otorgar la coordinación. O sea, dice el denunciante, que el proceso de selección fue una simulación, un fraude.

La trama de simulación de renovación ciudadana en el bloque opositor ha quedado evidenciada, con la reciente designación de los candidatos a diputados y senadores del frente de oposición, integrado por los partidos PRI, PAN y PRD resaltan los personajes que han saqueado al país, han sido acusados de enriquecimiento inexplicable y varios de ellos son señalados por sus vínculos con el crimen organizado (cárteles y mafias de cuello blanco).     

Ellos, cuando tuvieron el poder simularon que querían corregir algunos excesos y crearon órganos constitucionales autónomos y legislaron para que de allí se legitimara sus ilícitos, por ejemplo, se creó la Comisión Nacional de Competencia Económica (COFECE) que tenía como objetivo evitar las estructuras y prácticas monopólicas, pero cual fue nuestra sorpresa, que la dicha comisión no ha combatido las prácticas monopólicas de los magnates de los medios, y sin embargo ha permitido que jueces de lo administrativo emitan suspensiones en contra de leyes que tienden a preservar la soberanía nacional sobre los sectores estratégicos, tal es el caso de las leyes referidas a la Industria Eléctrica y la de Hidrocarburos a pesar de que la Ley Federal de Competencia establece que el Estado mexicano debe garantizar el control de las áreas estratégicas de la actividad productiva del país, en especial el ramo de los energéticos, la energía eléctrica y los hidrocarburos en su producción, su distribución y en asegurar su abastecimiento a precios accesibles a los mexicanos y para ello el Estado puede crear empresas de carácter público y en algunas asociarse con el capital privado, siempre preservando para el estado la rectoría de estos sectores y obviamente cuidando que los recursos públicos se apliquen en favor de la nación. Al aprobar el Poder Legislativo emitió la Ley de la Industria  Eléctrica y la de Hidrocarburos en el Poder Judicial, algunos jueces se atreven a decretar suspensiones en la aplicación de la citada normatividad, porque según ellos se está vulnerando la situación de competencia en esos sectores, favoreciendo con esa postura a empresas privadas nacionales y extranjeras, que dicho sea de paso con el pretexto de alentar energías limpias se les viene otorgando un escandaloso subsidio, tal es el caso de Iberdrola. La legislación mencionada establece:

Los agentes económicos referidos en los dos párrafos anteriores estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley, respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.

En los medios de comunicación tradicionales, los que han dominado de manera arbitraria durante todo el periodo de gobiernos neoliberales, no asumen lo que dice la Constitución y que fue adulterado por el grupo de adoradores del mercado sacrificando el interés nacional a los intereses de los negocios. Desde allí empezaron a saquear al erario y a los recursos de la nación, lejos de informar acerca de eso se dedican a dar publicidad a las acciones indefendibles de los saqueadores y sistemáticamente minimizan los avances en el combate a la corrupción y a la impunidad. Esa es su orientación editorial, y bajo esa línea pretenden crear una realidad virtual en la que los corruptos y criminales pasan según sus informaciones sesgadas a ser casi perseguidos por las ideas que defienden.

Aquí podemos localizar una clara interferencia en vida del país, por el incumplimiento de las obligaciones de los medios de comunicación en su función esencial consistente en atender y garantizar el derecho a la información, y posibilitar que se materialice el derecho a libre expresión; en este hecho se puede encontrar que por el incumplimiento de sus obligaciones, escudándose en ejercicio del derecho a la propiedad que es un derecho constitucional generar la obstrucción de los derechos a la libre expresión y al derecho a la información.

Si partimos de que la mayoría de los medios de comunicación hasta ahora se encuentran muy cercanos a los intereses de los que gobernaron durante el periodo neoliberal tenemos que al no cumplir con su cometido los dueños de los medios de comunicación y los que en ello trabajan, reporteros, conductores de noticiarios y de programas de info-entretenimiento que tienen que seguir los lineamientos editoriales estructurados por los directivos de las empresas en mención, de hecho se organizan para conformar un marco para el proceso informativo que selecciona, resalta y promueve opiniones de conductores, que son opiniones de los empleados de los medios, pero que se presentan como si fuera lo que está sucediendo en la realidad. Los excesos se notan, por el hecho de que además de ser corporativos monopólicos, en lo económico pretenden generar a partir de los medios de comunicación una realidad virtual que sirva como marco en el que se procesen los acontecimientos de nuestro país, se comportan como monopolios de la información; no hay competencia en lo económico, pero tampoco es posible por su comportamiento faccioso, que exista pluralidad en lo informativo. Lo correcto es que la Comisión Nacional de Competencia Económica, tome en cuenta lo que se establece en la constitución, respecto a la competencia económica para ordenar las conductas de los medios y lo contenido en el artículo sexto constitucional que establece:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Lo que significa que no permita a las estructuras monopólicas la anulación de lo que es obligación de los medios de garantizar la libre expresión, y de posibilitar el derecho a la información; eso es una obligación del gobierno de la República y lo está cumpliendo, pero así también tiene la facultad de vigilar que esa obligación sea cumplida por los concesionarios de esa tarea, o sea de los dueños de los medios tradicionales corporativos privados, así como, que el Consejo Federal de Competencia Económica cumpla con su objetivo esencial de acuerdo a la ley federal correspondiente.

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Lamentablemente los integrantes de los órganos de dirección de los órganos autónomos en comento son ahora parte muy importante de la oposición al régimen progresista de AMLO.

En esa trinchera tenemos a la mayoría de los empresarios de los medios de comunicación que pretenden, incumpliendo sus obligaciones de informar verazmente sobre lo que está sucediendo, evitar que se tenga una información plural e incluyente. Con el afán de proteger intereses de los grandes negociantes pretenden crear una realidad ficticia que corresponda con la defensa de sus intereses y, así, ocultar las pillerías cometidas por sus socios neoliberales con el propósito implícito de permitir que sus actos ilícitos queden en la impunidad; obviamente sus intereses son distintos a los que corresponden con el interés de mexicanos.

En tal tesitura se encuentra el hecho de que no se analice lo que los titulares de los juzgados de lo administrativo que,  ignorando lo que la Constitución establece respecto al papel del Estado en su artículo 28, otorguen amparos en contra de las normas que el Congreso de la Unión emitió para rescatar los sectores estratégicos que nuestro país tiene en el sector de los energético; tal es el caso de los hidrocarburos y de la energía eléctrica, con el argumento pueril de que se está atentando en contra de la libre  competencia, ignorando que los que se quejan de tener desventaja en la competencia, son monopolios nacionales y extranjeros que  tuvieron de su lado a los neoliberales radicales que capturaron al Estado para que se establecieran normas reglamentarias atentatorias al interés nacional y contratos leoninos. Todo en detrimento de las arcas nacionales y, por tanto, contrarias al espíritu y a la letra de la Constitución.

 

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José Pascual Urbano Carreto

Licenciado en Economía (BUAP) con estudios de Maestría y Doctorado en Economía (UNAM). Diplomado en Comercio Exterior (UDLAP). Docente en la BUAP. Secretario de Relaciones Exteriores del STAUAP y secretario General del SUNTUAP. Coordinador Administrativo del HU (BUAP). Miembro del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.