Este primero de mayo se cumplen 51 años del asalto al Carolino y la masacre en contra de los estudiantes que apoyaban las luchas sociales y se solidarizaban con la clase trabajadora de Puebla.

Pero, ¿cómo se llegó a este criminal acontecimiento?

El 14 de abril de 1972, Gonzalo Bautista O’Farrill había sido nombrado gobernador por el Congreso del Estado de Puebla en sustitución del General Rafael Moreno Valle, gobernador constitucionalmente electo, quien había renunciado.

En ese año de 1972 el movimiento de Reforma Universitaria había triunfado y había llevado a la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla al Químico Sergio Flores, miembro del Partido Comunista Mexicano, nombrado por el Consejo Universitario el 19 de septiembre. Otro triunfo del movimiento había sido la creación de la Preparatoria Popular “Emiliano Zapata” en febrero de 1970 y que en 1973 dirigía el Lic. Alfonso Vélez Pliego.

Sin embargo, estos triunfos llevaban aparejados los golpes mortales de las fuerzas más oscuras de Puebla que, el 20 de julio de 1972, habían asesinado arteramente a Joel Arriaga Navarro y cinco meses después, el 20 de diciembre, a Enrique Cabrera Barroso.

En ese año, el 18 de octubre de 1972 el entonces gobernador Bautista llevó a cabo una concentración anticomunista en el Zócalo de la ciudad de Puebla y ahí le entregó al procurador la lista con “los nombres de los autores intelectuales de los crímenes cometidos y que el pueblo ha señalado” (artículo de Gerardo Peláez Ramos del 15 de diciembre de 2010. Fuentes: Rebelión. Gerardo Peláez remite al artículo de Fermín Alejandro García en su artículo de La Jornada de Oriente del 17 de julio de 2006).

Esta lista estaba encabezada por el Ingeniero Luis Rivera Terrazas, le seguía el Licenciado Alfonso Vélez Pliego y otros universitarios.

La violencia ejercida contra los universitarios y sus familias continuó, pues se allanaron sus casas y se lanzaron impunemente petardos en ellas, incendiando sus coches poniendo en riesgo las vidas de sus pequeños hijos, hijas y de ellos mismos.

De hecho, el asalto al Carolino perpetrado el 1 de mayo de 1973, no fue sino el intento por asestarle un golpe definitivo a la lucha universitaria iniciada desde 1961 y que había desembocado en la construcción de la universidad democrática, crítica y popular.

Fueron los estudiantes los que se enfrentaron a granaderos y francotiradores en los edificios que rodeaban al Carolino. Estaban convencidos de que su lucha había alcanzado la forma de vida democrática que la propia universidad había asumido y eso era lo que defendían.

Los cuerpos de los estudiantes caídos se velaban en el Salón Paraninfo de la Universidad; y aunque el gobierno federal ofreció investigar lo ocurrido y castigar a los culpables, nunca lo hizo, y Bautista O’Farrill simplemente renunció al cargo.

Desde entonces la rectoría de la universidad hizo saber que ningún miembro de las autoridades gubernamentales entraría al recinto universitario en tanto no se esclarecieran los crímenes cometidos en contra de Alfonso Calderón Moreno, Ignacio Enrique González Romano, José Norberto Suárez Lara, Víctor Manuel Medina Cuevas y Amalia Romano García.

Recordar a los estudiantes caídos el primero de mayo de 1973 es erigirlos en el símbolo de la lucha estudiantil por hacer efectivos sus derechos, en especial su derecho a la educación, tal y como lo establece el artículo tercero constitucional en su fracción IV: “Toda la educación impartidas por el Estado será gratuita”.

Sabemos que esta lucha es ardua y difícil, pues las decisiones que al respecto han tomado el Poder Legislativo y el Judicial no abonan a la causa estudiantil sino todo lo contrario. Han aprobado una Ley General de Educación Superior que, siendo secundaria, condiciona la gratuidad de la educación a la existencia de un “fondo” que está previsto para garantizar la obligatoriedad de la educación superior y no su gratuidad.

Y en el caso del Poder Judicial los tribunales han fallado en contra de las demandas de amparo interpuestas por los y las estudiantes (es el caso de los amparos en contra de las autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua) pidiendo se respete su derecho a la educación pública gratuita, violentando la Ley Suprema.

Sin duda la historia de nuestra Universidad sostiene al estudiantado en sus demandas y en su lucha.

¿No les parece a ustedes de la mayor importancia guardar en la memoria los momentos culminantes de la historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para recordar a quienes fungen como sus autoridades que no pueden darles la espalda a quienes fueron víctimas de la represión brutal?

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