Sin duda alguna, la política mexicana, bajo el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha dejado ver el lado más autoritario, represor, cínico e inverosímil de un Estado. Tan sólo en este mes, marzo, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, logró la aprobación de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, Ley Atenco, medida que no sólo criminaliza la protesta social, sino que distingue en la participación ciudadana una peligrosidad latente, la cual debe ser combatida. Por tal motivo (pareciera), el gobierno de Eruviel Ávila le otorgó un reconocimiento a Eruviel Ávila (no es un error de redacción) por su trayectoria. Pero la violación de los derechos humanos con leyes de este tipo no sólo se institucionaliza en el mayor bastión priista, sino también en el país. Priistas y miembros del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Encuentro Social (PES) y Parido Nueva Alianza (Panal), aprobaron la modificación al artículo 29 constitucional, con lo que se permite la suspensión de derechos humanos y el estado de excepción ante la percepción presidencial de una situación de inseguridad o invasión extranjera.

Tal como lo hizo Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal, en marzo de 2013, con el Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el control de multitudes, el cual criminalizaba la protesta social, daba autoridad a elementos policiacos frente a manifestantes, violaba los derechos humanos, avalaba la represión y el uso de la fuerza excesiva, así como la privación de la vida, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, logró que el 18 de marzo pasado, se aprobara en su entidad la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, mejor conocida como Ley Atenco. Dicho protocolo, al igual que el del Distrito Federal, criminaliza a los manifestantes, el derecho a protestar y parte del principio de peligrosidad de la ciudadanía. Principios como el de legítima defensa que ampara a los ciudadanos, se usan en el protocolo como facultad de los elementos policiacos para privar de derechos o la vida a los manifestantes. Esto se puede observar en el artículo 8, el cual menciona:

Artículo 8. Cuando sea excepcional, estrictamente necesario e inevitable, para proteger la vida de las personas y la del elemento, estos podrán hacer uso de armas letales.

¿Cuándo son situaciones excepcionales? ¿quién las define de esa manera? ¿cuándo y para quién es estrictamente necesario privar la vida de los manifestantes? ¿cuándo y para quién es inevitable asesinar a alguien que protesta?

Por si quedara alguna duda, podría leerse el artículo 9, fracción IV, que menciona:

Artículo 9.

IV Asegurar que las armas de fuego y sus cartuchos se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera que disminuya el riesgo de daños innecesarios o injustificados.

Si estos procedimientos son vinculados con el Artículo 14, puede entenderse el sentido propio de la criminalización de la protesta social.

Artículo 14. Los elementos podrán emplear la fuerza en el control de multitudes y disturbios públicos, para restablecer el orden y la paz social, con el fin de evitar actos de violencia, daños a terceros, propiedades y la integridad de las personas. […].

Esto quiere decir que, para mantener el orden, la paz social y el respeto a la “vida” y la propiedad, se permite a las fuerzas policiacas el uso brutal de la fuerza, hasta privar de la vida a “quien se crea potencialmente peligroso”. Al puro estilo de Gustavo Díaz Ordaz, el priismo reprime (como lo hizo Enrique Peña Nieto en San Salvador Atenco) y, mientras los estudiante y el pueblo en general buscaron la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, los cuales instituían el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida por la población, ahora los gobiernos autoritarios buscan legalizarla.

Asimismo, en esta ocasión no hubo sólo aplausos en un informe presidencial, al estilo diazordacista, al gobernador del Estado de México, sino que su propio gobierno le otorgó un reconocimiento por su calidad humana. El Periódico Oficial. Gaceta de Gobierno del Estado de México, publicada el 15 de enero, mencionaba:

“ÚNICO. Se otorga la “Medalla al Mérito Administrativo y Fiscal 2015”, al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de México, Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, reconociendo su gran trayectoria profesional, calidad humana e invaluable apoyo que ha brindado día a día a este órgano impartidor de justicia administrativa, coadyuvando a su evolución de acuerdo a las necesidades jurídicas, sociales y tecnológicas que requieren los justiciables, al permitirle canalizar sus demandas y satisfacerlas para adaptarse a los nuevos escenarios que se presentan en la actualidad, incrementando la productividad de su personal, y optimizando la utilización de sus recursos.”

No le bastaba el nombre de alguna vialidad al gobernador, sino que Eruviel Ávila daba un premio a Eruviel Ávila por su trayectoria profesional, apoyo en la impartición de justicia administrativa y calidad humana, esta misma la que motivó la Ley Atenco.

Pero el eruvielazo de la Ley Atenco tuvo eco hasta la federación y, tras la amenaza hecha por el estado Islámico a México y las discusiones sobre la posibilidad de que la célula islámica use como trampolín al país para atentar contra el creador del Estado Islámico, Estados Unidos, la comisión de gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el Estado de excepción y la suspensión de derechos humanos cuando el presidente de la república lo considere oportuno. La mayor parte de los partidos políticos ratificaron sin cambios la minuta que el Senado aprobó el 9 de diciembre pasado, bajo el argumento de otorgar un mecanismo que permita al poder ejecutivo suspender derechos humanos y garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

¿El presidente de México, Enrique Peña Nieto, determinará quién es el “enemigo público”? ¿podría hacerlo frente a las violaciones constantes y sistemáticas de los derechos humanos en su gobierno; ante las desapariciones forzadas, como en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; ante los fusilamientos flagrantes en Tlatlaya; ante la violación de los derechos de migrantes; ante los encarcelamientos a quien se opone a su gobierno, es decir, a los presos políticos; ante el asesinato de reporteros y defensores de derechos humanos? ¿realmente el presidente tiene la facultad moral para hacerlo?

Resulta sorprendente que tanto la Ley Atenco como la aprobación de la modificación al artículo 29 constitucional vean como un peligro a la población, a la ciudadanía, al pueblo. De Thomas Hobbes a Carl Schmitt, la peligrosidad del Otro exterior es cuestión de cuidado, pero es de mayor cuidado la peligrosidad funcionalista del Otro interior. De Díaz Ordaz a Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila, la represión legalizada y la criminalización de la protesta social se buscan establecer no sólo como ley sino como norma. Parafraseando a Benito Juárez: a mis amigos la mano, a mis enemigos el rigor de la ley.

El Estado no sólo enfrenta una crisis económica profunda, leyes de este tipo lo que demuestran es la profunda crisis política y moral del gobierno federal y de los estatales, que al no lograr establecer consensos, buscan el uso de la ley para intimidar a quien protesta ante las injusticias que ellos mismos provocan.

Picaporte

Y, por si no fuera suficiente, Javier Duarte y su comitiva se ven de nuevo en un escándalo. Los Porkys, hijos de familias pudientes en Veracruz, son solapados por el gobierno jarocho, ante flagrantes abusos sexuales y violaciones a mujeres en la entidad. Curioso, otro priista que se ha distinguido por violaciones de derechos humanos, presuntos acosos y homicidios a reporteros y por autoritarismo. Difícilmente, Dios hará libre al gobernador y su indecorosa comitiva, a menos que el gobernador jarocho se crea Dios y haga libres a los vástagos de los adinerados y poderosos de Veracruz.