Despido, cárcel o muerte, el sello de este gobierno
- Oscar Barrera Sánchez
La lista de despedidos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la amenaza de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la destitución de 3 360 profesores que no participaron en la evaluación de docentes muestra la verdadera cara de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Se matan dos pájaros de un tiro: por una parte se asienta la privatización de la industria petrolera mexicana y se trasgreden los derechos y la dignidad laboral de los docentes y; por otra parte, se envía un mensaje a los demás trabajadores sobre la ruta a seguir por el gobierno federal contra todos aquellos no sólo que no apoyen la privatización de la nación, sino las consecuencias del derecho de expresar su inconformidad y participar para mostrarla. En México, el derecho a la libertad de expresión se castiga y, una forma de ese escarmiento, es el despido.
Desde el 24 de enero pasado, fue anunciado por las autoridades de PEMEX que 10 mil 533 trabajadores serían despedidos y sus plazas serían congeladas, con la finalidad de alinear la estructura, tanto organizacional como ocupacional, en la paraestatal. Los despidos están en marcha, las listas fueron publicadas. El gobierno federal privatiza el sector energético, lo entrega a los privados, quienes se servirán de “una empresa del Estado” para comercializar los hidrocarburos obtenidos por los privados.
Asimismo, el despido de profesores, sin liquidación, es un golpe certero para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y una alineación totalmente coercitiva del gobierno federal a los trabajadores magisteriales. No hay derecho a disentir, es el mensaje de Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño. Despido de profesores disidentes, amenaza permanente de desempleo de docentes, que, junto con la descalificación mediática y las exigencias de grupos empresariales, ponen en riesgo no sólo los derechos laborales de los maestros, sino sienta el precedente más importante para regresar al Porfiriato del siglo XXI.
Estas dos acciones gubernamentales sólo son un botón de muestra de las reformas “estructurales” que no sólo privatizan los bienes materiales e intangibles de las y los mexicanos, sino que, de manera perversa, instaurar un régimen empresarial que dosifique los derechos fundamentales a conveniencia del gran capital.
Ahora los derechos (habría que preguntarse sobre la pertinencia de continuar llamándoles derechos) laborales serán administrados no por el Estado, sino por la gerencias impuestas por los organismos internacionales y las corporaciones trasnacionales, así como los grupos de poder de la propia nación. El esquema de nación será al estilo del organigrama de Televisa, mientras que el financiamiento se dará a discreción por parte de todos. Obviamente las ganancias serán repartidas entre las pandillas de trúhanes oligarcas mundiales, bajo el auspicio de un gobierno mexicano que actúa en favor de unos cuantos, pero a costa de todos y todas. Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué pagar una estructura gubernamental (presidentes y secretarios de Estado, legisladores, jueces y magistrados, así como aparatos represores) tan cara cuando el beneficio no es para el pueblo?
Los despidos de trabajadores no tienen justificación legítima alguna. Además, los ataques sufridos por éstos no pueden convertirse en una política autorizada moralmente por un pueblo. La criminalización de la protesta, la persecución sistemática, la violencia estatal continuará siendo el arma de represión estatal. Legal o ilegalmente, policías, gendarmería, federales, marinos o militares, grupos paramilitares y narcotraficantes (apoyados o permitidos por los tres órdenes de gobierno) actuarán contra a todos aquellos que ejerzan sus derechos. No es una opinión sin sentido, lo demuestra la política de terror que ha impuesto el gobierno federal y los gobiernos estatales (de cualquier extracción política) en el país, sólo hay que recordar Ayotzinapa, Tlatlaya, los periodistas asesinados, las desapariciones forzadas, entre otros. Despido, cárcel o muerte son los sellos de este gobierno.
Escribía el poeta y pastor alemán, Martin Niemöller:
“Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada.”
¿Cuándo seremos nosotros? ¿Quién estará para decir algo?
Picaporte
Llegaron los duendes informáticos y tiraron la economía mexicana. Sólo el señor Carstens se come sus mentiras, que han de ser muchas.
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Doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la UIA. Comunicador y filósofo por la UNAM y teólogo por la UCLG.