Este 26 de septiembre se cumple un año de la masacre sufrida por Julio César Mondragón, quien fue arteramente asesinado, la discapacidad de Aldo Gutiérrez Solano sufrida por un balazo en la cabeza y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Un año en que el crimen de lesa humanidad más notorio de los últimos años en México, ha evidenciado el Estado represor, en sus distintas instancias y órdenes de gobierno. La corrupción y la prebendas de todos los partidos políticos, así como el uso de las fuerzas policiacas, militares y paramilitares-narcotraficantes para frenar cualquier intento de protesta legítima contra la brutalidad del capitalismo neoliberal de los últimos gobiernos federales y estatales y, en específico, del mandato de Enrique Peña Nieto, es el sello de este gobierno.

            Sin duda alguna, se ha evidenciado la violación de los derechos humanos de este grupo de estudiantes, cuya única falta es haber vivido en una pobreza inhumana, como la que viven muchos mexicanos y mexicanas y, tomar un posicionamiento de conciencia de clase y denunciarla. Violación de los derechos humanos por acción, omisión y aquiescencia, ya que se ha mostrado la participación directa de la estructura de los gobiernos municipal (a cargo personas ligadas al narcotráfico), estatal (lleno de corrupción histórica en uno de las entidades más pobres del país y del mundo) y federal al participar las fuerzas armadas en la desaparición forzada de los estudiantes, armar una versión “a modo” como histórica.

            Un primer grupo de especialistas denostado por el andamiaje gubernamental priista, obstinado por proteger a Peña Nieto y a las fuerzas armadas. Un Jesús Murillo Karam porfiado en negar lo innegable. Las mentiras más vulgares, como la posibilidad de su incineración en un basurero de Cocula, o en un velatorio abandonado en Acapulco; la infiltración de militares dentro de los 43 estudiantes desaparecidos; el financiamiento de grupos desestabilizadores fueron algunas de las más groseras declaraciones de los serviles trabajadores del gobierno para defender el status quo.

            Un segundo grupo, el de investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha mostrado el falseamiento de información, la falta de una verdadera voluntad política para esclarecer el hecho y la participación de las fuerzas militares en la desaparición de los estudiantes.

            Asimismo, el encarcelamiento de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, la salida de Ángel Guerrero del gobierno estatal guerrerense, la prisión de Sidronio Casarrubias, líder del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, no sirvió para desviar la atención de una de las mayores heridas históricas de México. Bajo la caída de los diferentes delincuentes y funcionarios ligados a este hecho, se evidenció el contubernio entre delincuencia y gobiernos, además de dejar entrever que los grupos de narcotraficantes son grupos paramilitares ligados al gobierno para reprimir movimientos sociales legítimos en sus demandas. Tal y como acontecía en Colombia, donde ejército y narcotraficante actuaban en la protección del tanto del gobierno como de los grandes empresarios.

            Por otra parte, el actuar del Ejército Mexicano no sólo ha hecho evidente su complicidad en el acto, sino su participación directa en el mismo. La negativa de abrir sus instalaciones a los investigadores del GIEI, además de ocultar evidencias esenciales, traen a la mente los años 60 y 70 y la Guerra Sucia en México. En esas décadas los hornos crematorios del Campo Militar No. I sirvieron como destino para cientos de estudiantes, profesores, campesinos, entre otros, que formaban parte de los grupos armados que buscaron la transformación social y, lo que recibieron por parte del Estado fueron balas, represión y la cremación de sus cuerpos vivos y muertos.

            De igual manera, una participación blanda de una izquierda institucional y vividora de las causas de los pobres que, en lugar de paralizar al país ante la atrocidad del acto, se alió al gobierno federal o quiso usufructuar con este vergonzoso y penoso acto. Si bien, en México, nunca se ha podido esperar nada bueno de la derecha, ahora ha quedado mucho más claro que tampoco se puede confiar en esa izquierda oportunista.

            La forma en que el gobierno priista actual, ligado a los partidos políticos sumisos, grupos empresariales feroces y de los medios de comunicación serviles históricamente, ocultaron y deformaron todo tipo de información. Un jefe del ejecutivo indolente que está más preocupado por los aplausos negados y por defender las posesiones de su señora esposa, aunque después ofrezca disculpas públicas, no ha querido ni podido dar respuesta a lo que se convierte en la mancha más profunda de este gobierno y una de las más profundas en este país. Millones de pesos gastados en publicidad y concesiones a medios de comunicación y periodistas sin escrúpulos son la defensa de Peña Nieto para el ejercicio de doble efecto: mostrar su incompetencia e instaurar una pedagogía de terror y represión a todo el que levante la voz.

            No se necesita establecer el 26 de septiembre como Día contra las desapariciones forzadas, lo que se ocupa es que el Estado no desparezca a quien está en contra de sus incompetencias, sus actos de rapiña y corrupción, la venta de la patria y la ampliación de la pobreza. Un crimen de lesa humanidad, otro más en México que ha quedado impune hasta el momento. Hoy y siempre nos faltaran 43 profesores en las aulas más pobres, en aquellas donde no hay nada, las más abandonadas, las peores. Ahí donde se seguirán formando pobres que levantarán la voz.

La ofensiva neoliberal contra la educación en general y contra las escuelas rurales en particular desapreció a estos 43 compañeros estudiantes. El asesinato y la desaparición de ellos, es la desaparición de una parte de todos nosotros y nosotras. No sólo sus padres y madres, esposas, compañeros y amigos los perdieron, los perdimos todos y todas. Ocho demandas son pocas para los miles que claman justicia. No cabe duda que habrá que seguir gritando por mucho tiempo: ¡Fue el Estado! ¡Fue el Ejército! ¡Vivos se los llevaron; vivos los queremos!

Picaporte

Francisco, entre el Cielo y el Infierno. En el Cielo lo hicieron sentir como en casa. Fidel y la religión, un regalo inolvidable del jefe de la Revolución Cubana, escrito por el mediador de las relaciones Cuba-Estados Unidos: Frei Betto.

Veremos qué logra hablando en el Infierno imperialista, en la tierra oscura del capitalismo y de los jinetes del apocalipsis global, los mayores ejecutores del hambre, la guerra, la peste y la muerte.