Conforme al libreto de la obra dramática en escena “sucia política gubernamental”, cada actor debe desempeñar el papel asignado en la forma y términos que el autor establece. El escenario está dispuesto para que la luz de los reflectores ilumine solo la fachada: de reciente construcción, pintadita, vistosa aunque no necesariamente funcional; y que la zona de sombras obstruya la vista  del escombro producido. Apegado al guión que le ha sido dictado el Ayuntamiento de Puebla está contribuyendo, con una versátil actuación, al éxito de la obra sin importarle ofender la inteligencia y dignidad de los poblanos. Su primera salida vistosa fue lograr enfrentamientos entre ambulantes con base en el arrebato ilegal, burdo e irrespetuoso de los espacios comerciales que, pacíficamente y con autorización municipal documentada, venían ocupando los afiliados de la “28 de Octubre”. Esta actuación del municipio ha servido, en lo inmediato, para proporcionar materia prima a las instancias de “procuración y administración de justicia” locales para hacer algunos montajes de estado que, técnicamente, reciben por nombre averiguaciones previas, órdenes de aprehensión y procesos penales que, intencional y explícitamente, están ya dirigidos hacia personajes representativos de la UPVA. El público asistente cree ver ahí un ardid del autor para aparentar que se trata de conflictos entre ambulantes, queriendo eludir responsabilidad por la mala calidad del libreto.  

En su segunda aparición -una vez que las distintas calles que confluyen al zócalo poblano fueron escenario de varios intentos de los manifestantes de la citada organización para ejercer sus derechos constitucionales de libre tránsito de las personas, a la manifestación y a la reunión pacífica con fines políticos; frustrados todos mediante el uso de la fuerza policiaca impidiéndoles llegar a él- la administración del señor Gali Fayad decidió la ocupación “para diversión popular” de ese espacio público con la instalación de la “playa del zócalo”; en cuya inauguración, la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, dijo que “la reutilización del espacio es una muestra de que en la ciudad de Puebla se vive un ambiente de paz y armonía.” ¡Aaaahh!- el escenario ideal de paz y armonía, creado por decreto.   

Recientemente el autor ha anunciado la “reestructuración profunda del gabinete” para la fase final de la obra. Tales palabras mágicas han sido pronunciadas para intentar arrojar los fracasos habidos a los actores que participan en su ejecución. Invocada cual fórmula de exorcismo, parece pretender ahuyentar a los espíritus críticos o mal pensados y hasta las simples creencias que pudieran sugerir que la obra ha tenido desastroso destino por razones propias; porque así fue concebida para su puesta en escena sin considerar, o hasta contrariando, los gustos o preferencias de los espectadores.      

En este escenario, la justicia federal muestra escasez de dotes artísticas pero, a su modo, sigue el guión y desarrolla su actuación. La creencia social suele ubicarla como actriz de carácter encasillada en papeles de defensora de la constitución, protectora de derechos humanos o hasta como desfacedora de los entuertos generados por autoridades déspotas y arbitrarias; sin embargo, el respetable parece no estar enterado, darse cuenta o interesarse por lo que sucede tras bambalinas, donde todos los actores repasan su papel con el libretista. Nada es improvisado o producto de la casualidad. Son actos de poder.

Tan sorpresiva como arbitraria, la reencarcelación de Simitrio con base en una resolución de juez penal que “revocó” un acto administrativo de gobernador el 18 de diciembre de 2014, brindaba materia de examen técnico jurídico para esa justicia federal tan encomiada por un vasto público que sigue atesorando, cual  brillante idea científica, la romántica y rosada creencia de que la división de poderes existe; sin considerar mínimamente o mandando de plano al olvido la otra posibilidad: donde hay jefe de estado, el poder es único.  La situación actual en Puebla demuestra, en la realidad cotidiana del quehacer de jueces y diputados sometidos a los designios del ejecutivo, que tiene más valor científico para comprender esa realidad la idea de unidad del poder que su supuesta división.

Pues bien, aunque usted no lo crea, dentro del juicio de amparo que se promovió impugnando dicha resolución –antes 1998/2014 del Juzgado Séptimo de Distrito; hoy 69/2015 del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales- ocurrió lo siguiente: mientras los defensores impugnaban “la resolución de fecha 18 dieciocho de diciembre de 2014 dos mil catorce; dictada dentro del proceso penal número 113/989, de los de su índice, en la que me “revoca” el beneficio de libertad preparatoria del que venía gozando y ordena mi detención e internación en la cárcel de esta ciudad”; la señora juez de distrito dio trámite así: “…requiérase al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, para que en el término de veinticuatro horas, informe la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute al quejoso y que haya dado origen al auto de formal prisión reclamado…”. Estos  “equívocos” judiciales son utilizados, a propósito, para alargar la tramitación de los juicios de amparo y, con ello, la estancia de las personas en prisión preventiva. Ejemplo abominable de lo que hace este contubernio político entre “justicia” local y federal es el caso de Adán y Paul Xicale. Parafraseando al clásico panista: lo que se hace con ellos no es aplicación de la ley ni impartición de justicia; es “una marranada”.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 5 de agosto de 2015.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO