Aun muerto, tu cariño de hermano

amoroso y cálido está conmigo.

En días pasados fue presentado el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, los resultados obtenidos permiten tener una referencia sobre la opinión de cada mexicano encuestado, se da cuenta de manera rigurosa del estado que guarda la calidad de la ciudadanía en nuestro país, mediante el diseño y análisis de un conjunto de indicadores que identifican el ejercicio de la ciudadanía y los factores que inciden en su desarrollo; además se documentan detalladamente los múltiples hallazgos en materia de valores, percepciones y prácticas ciudadanas y su relación con diversos sujetos de intermediación y representación políticas, en este momento de crisis, su referencia se vuelve necesaria. (Para consulta del documento completo se puede ingresar en la siguiente dirección: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-EstudiosInvestigaciones/investigaciones-docs/2014/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf)

Este Informe reconoce que en los últimos años México ha avanzado de manera importante en la construcción de su democracia: el desarrollo de leyes, instituciones y procedimientos en materia político-electoral ha impulsado la generación de un sistema multipartidista, la celebración de elecciones altamente competidas, y la alternancia y coexistencia de la diversidad política en todos los niveles de gobierno y en las diferentes legislaturas del país, por citar algunos ejemplos. Lo anterior ha significado una ampliación efectiva de los derechos políticos de las y los mexicanos sin precedentes en nuestra historia.

A pesar de estos logros, es evidente que prevalecen condiciones que impiden la consolidación de una vida plenamente democrática y el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos. Factores como la pobreza y la desigualdad; la persistencia de prácticas autoritarias y clientelares; la desconfianza en las instituciones; así como las amenazas a la seguridad pública, vulneran la condición ciudadana de los mexicanos e impiden el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa.

El objetivo central radica en tener una Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México (ENEC) 2011-2015 que desarrolló el Instituto Federal Electoral (IFE).

Por ello la hipótesis central es que la ciudadanía en México atraviesa por un complejo proceso de construcción que se puede caracterizar por su relación de desconfianza en el prójimo y en la autoridad, especialmente en las instituciones encargadas de la procuración de justicia; su desvinculación social en redes que vayan más allá de la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas; y su desencanto por los resultados que ha tenido la democracia.

La referencia del concepto de ciudadanía se sustenta en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2004) que la concibe como: un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad, que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional. [Asimismo, es] un espacio sustancialmente mayor que va más allá del régimen político y sus reglas institucionales. Hablar de ciudadanía integral es considerar que el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado.

Es decir se concibe una  ciudadanía activa,  como un medio para empoderar a los ciudadanos con el fin de que tengan voz dentro de sus comunidades, un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que viven, la valoración por la democracia y el entendimiento de las diferencias de otras culturas. La idea de ciudadanía activa tiene una acepción amplia de la participación y no se restringe únicamente a la dimensión política. Incluye formas de participación ciudadana nuevas y no convencionales, además de actividades políticas tradicionales como el voto o la militancia en partidos u organizaciones civiles. Los límites de esta idea de ciudadanía activa se establecen mediante criterios éticos. Las actividades de los ciudadanos, de inicio, deben brindar apoyo a la comunidad y ser acordes con los principios de los derechos humanos y el Estado de derecho.

A continuación se ubicarán dentro de este esquema a las diferentes dimensiones de una ciudadanía pensada en términos maximalistas e integrales:

1. Estado de derecho y acceso a la justicia. El ejercicio de la ciudadanía en un gobierno democrático necesariamente requiere de un Estado de derecho efectivo. Éste implica la existencia real y vigente de un sistema legal con las características de no retroactividad, publicidad, generalidad y estabilidad que garantice derechos e igualdad a los ciudadanos. Dicho sistema asegura la ausencia de áreas dominadas por organizaciones criminales; la inexistencia de corrupción en los aparatos políticos, administrativos y judiciales; que haya una burocracia civil federal y local eficiente y universalista en la aplicación de las leyes y responsable en caso de error; la presencia de policías eficientes y respetuosas de los derechos y las libertades existentes  el igual y fácil acceso de los ciudadanos a la justicia y a la razonable duración del proceso penal y del contencioso civil o administrativo; y la completa independencia del juez o jurado respecto de cualquier influencia del poder político. En pocas palabras, ninguna libertad o igualdad, o incluso responsabilidad, es posible si el respeto a la ley no se cumple (Morlino, 2007). Por ende, en esta dimensión se medirán niveles de victimización, denuncia del delito por parte de la ciudadanía, cultura de la legalidad, percepción y experiencia relativas a discriminación, y respeto a los derechos humanos.
2. Vida política. Uno de los principios básicos de la teoría política consiste en asumir que un régimen democrático requiere de una ciudadanía que se interesa, se informa y participa en los asuntos políticos de su comunidad. Sin la participación de los ciudadanos en el proceso político la democracia carece de sentido y legitimidad (Tocqueville, 1969).
3. Sociedad civil. La importancia que tiene la sociedad civil y su participación en una democracia es innegable. Gran parte de la literatura sobre democratización señala que una sociedad civil más dinámica provee mayores posibilidades para que una democracia surja, se desarrolle y, sobre todo, se consolide. Putnam sugiere que la fuerza y capacidad de respuesta de un régimen democrático dependen del carácter de una sociedad civil, ya que el efecto potencial de ésta fortalece tanto el funcionamiento democrático como la fuerza del Estado (Putnam, Leonardi y Nanetti, 1994). Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los movimientos sociales no sólo han expandido la agenda de los gobiernos sino que también se han movido hacia los espacios vacíos que han dejado el Estado y las instituciones tradicionales (Somuano, 2011, p. 69).  Desde esa perspectiva, los ciudadanos pueden intervenir en los asuntos de interés colectivo a partir de la creación de espacios públicos donde se debaten, deciden y vigilan las políticas y acciones del gobierno. En esta dimensión se medirán entonces mecanismos de participación que van más allá de la política partidista electoral, tales como la protesta, los recursos con los que cuentan los ciudadanos para llevarla a cabo y su uso para ejercer un control social de sus representantes y gobernantes.
4. Vida comunitaria. La esencia de la democracia y de la ciudadanía activa es la vida comunitaria, en donde los individuos buscan resolver de manera conjunta y solidaria sus necesidades. La actividad comunitaria involucra esfuerzos colectivos para solucionar problemas sociales en la comunidad, los cuales pueden incluir asuntos relacionados con la educación de los niños, el mejoramiento de las calles o la protección del medio ambiente, por citar algunos. Para el desarrollo de esta dimensión generalmente hace falta el desarrollo de características como la cohesión social y la confianza interpersonal. Cuando existen dichos factores la acción colectiva se vuelve más sencilla y los ciudadanos recurren con mayor frecuencia a la resolución de problemas comunitarios en conjunto con sus pares.
5. Valores. Diversos estudios que se hicieron en los años sesenta y setenta encontraron que el sistema autoritario mexicano tenía el respaldo de una cultura política similar. En La politización del niño mexicano Segovia (1975, p. 152) concluía que “la naturaleza autoritaria del régimen político mexicano se adapta y adapta a los niños” (Segovia, 1975, p. 152). Esto daba fundamento a la idea de que tiene que haber concordancia entre la cultura y el sistema, entre la cultura política y el cambio político (Durand, 2004). Es claro que importantes cambios políticos han ocurrido en México desde hace dos décadas y hasta la fecha. Por ende, la pregunta que lógicamente se deriva de lo anterior es, tras todos estos cambios en el sistema político, en su estructura y funcionamiento, ¿ha habido cambios en los valores y actitudes de los mexicanos hacia la democracia? ¿Cómo han evolucionado las actitudes y valores de los mexicanos a partir de la alternancia? Los estudios sobre los valores de una sociedad ayudan a entender los principios en que creen y bajo los cuales actúan sus miembros. Si se asume que las actitudes y valores democráticos son aquellos compatibles con ese tipo de régimen, se puede incluir en esa categoría a actitudes como la confianza interpersonal e institucional y la tolerancia; valores como la preferencia del régimen democrático como mejor forma de gobierno, la aceptación de la pluralidad y el disenso, y la alta valoración de la legalidad; y percepciones sobre el funcionamiento de la democracia o la satisfacción con ésta. Por lo tanto, en esta sección se indagará no sólo sobre el valor que los individuos le dan a la democracia sino también respecto de los niveles de confianza interpersonal e institucional.
6. Acceso a bienes demandados por los ciudadanos. Muchos de los modelos de política social contemporáneos se han movido de la concepción del ciudadano como mero receptor pasivo de bienes y servicios que otorga el Estado para centrarse en la idea de coparticipación y asociación estratégica sociedad-Estado. Así, se concibe al ciudadano como agente dinámico que toma decisiones y que busca activamente la solución de sus problemas, y no sólo como un sujeto inmóvil con ciertas necesidades que requiere satisfacer. Partiendo de esta visión, esta dimensión pone énfasis en la capacidad de acceso y las estrategias que deben construir los ciudadanos para allegarse de los bienes y servicios que necesitan. Asimismo, es importante distinguir a los actores, organizaciones o individuos que fungen como intermediarios en el trayecto que recorren los ciudadanos para canalizar y hacer efectiva esa demanda de bienes y servicios. A partir de estas dimensiones, el informe hace un esbozo del ciudadano promedio que existe en México en la actualidad. Es decir, en él se evalúa si el ciudadano promedio tiene acceso fácil a la justicia, si tiene una percepción positiva de la autoridad judicial, si ha vivido discriminación. Se analiza si este ciudadano vota y/o participa en diversas actividades políticas más allá del sufragio y cuáles son los factores que determinan que se involucre en dichas actividades. Además, se indaga qué tanto el mexicano es miembro de asociaciones civiles (un factor muy importante en el desarrollo del capital social) y qué tanto interviene en actividades comunitarias o altruistas. También se examinan sus valores políticos, específicamente aquellos llamados valores democráticos; es decir, confianza interpersonal e institucional y tolerancia. Finalmente, se analizan los patrones de interconexión o intermediación del mexicano promedio en el acceso a distintos bienes y públicos.

Se considera que  todos estos factores son un componente crucial de un concepto amplio de ciudadanía, y de su existencia depende la capacidad del individuo para ejercer esa ciudadanía a cabalidad.

Una parte importante del análisis que se hace en este informe proviene de una encuesta nacional de 11 000 casos, diseñada especialmente para el proyecto por parte del equipo de investigación y levantada en campo por Buendía & Laredo, tras un proceso de licitación pública. Las 11 000 entrevistas fueron llevadas a cabo cara a cara en vivienda con hombres y mujeres de 18 años de edad o más durante agosto de 2013. La encuesta tiene representación nacional, pero también en cinco regiones, 10 estados y 12 municipios.

En esta primera entrega se trato de resumir  lo referente al contexto del informe señalado, en un segundo momento se integraran los datos obtenidos, para que en la tercera  se reflexione sobre los retos que tiene nuestro país para la construcción de la ciudadanía y con ello poder desarrollar una Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México.

liliasilvia@yahoo.com

Face book: Lilia Silvia Vásquez Calderón