Recientemente el Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura emitió un manifiesto que a la vez que delinea el problema, establece la perspectiva desde la cual se ha de atacar el fenómeno migratorio para salvaguardadr la integridad y la seguridad de los niños migrantes. Por la importancia del mismo, creo prudente compartir el documento.

Nuestro territorio es el paso en un éxodo que cada vez adquiere proporciones más dramáticas porque afecta a una población vulnerable que en su mayor parte proviene de Centroamérica, básicamente de Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque no podemos ignorar que a ellos se suma una proporción de niños y jóvenes mexicanos, quienes, a diferencia de los centroamericanos, son inmediatamente deportados a México.

Los datos disponibles nos hablan de un fenómeno que va en aumento, pues mientras en el año 2011 el gobierno estadounidense detuvo a 7 mil menores indocumentados no acompañados, se espera que para fines de este año éstos sean 90 mil y 145 mil en 2015, de proseguir esa tendencia.

En los últimos años, Estados Unidos ha repatriado a 72 mil menores mexicanos, con el consecuente desmembramiento de familias y afectación psicológica, física y emocional de esos niños y niñas que se ven separados de sus familiares.

Grupos civiles de Estados Unidos han denunciado los abusos cometidos por las autoridades migratorias en contra de los menores indocumentados, básicamente centroamericanos, quienes son internados en estaciones migratorias en condiciones insalubres, prácticamente carcelarias, siendo, además, objeto de vejaciones y humillaciones.

Por ello nosotros creemos que nuestro gobierno debe atender este problema desde una perspectiva regional y de manera corresponsable con nuestros vecinos de Centroamérica, especialmente de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, y por supuesto también con el gobierno de los Estados Unidos.

Creemos que los elementos que componen las estrategias del Programa Frontera Sur y de Paso Seguro son indispensables para enfrentar ese problema en el que cada país afectado debe asumir sus responsabilidades sin la mayor demora, elementos como la información, la repatriación, diálogo con los países del llamado Triángulo del Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, y por parte de México, revisar las condiciones en que se encuentran los menores alojados en nuestro país, pues México debe ser ejemplo de respeto a los derechos de los niños y de las niñas, sin importar su origen y condición migratoria.