La muerte de Héctor Méndez Ramírez ocasionada por las lesiones en la cabeza que le causaron cuatro niños, tras golpearlo contra una pared dentro de su salón de clases en Tamaulipas cimbró al país.

Su caso evidenció una vez más que los protocolos internos de las instituciones educativas para garantizar la seguridad de los alumnos son aún muy frágiles; casi inoperantes los planes de prevención y reacción frente a situaciones de peligro.

El homicidio del adolescente de 12 años volteó los ojos del Presidente Enrique Peña Nieto respecto a la violencia escolar que todos los días padecen 4 de cada 10 alumnos de primaria y secundaria en México, según ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Peña Nieto ordenó al secretario Emilio Chuayffet acelerar una política nacional que permita eliminar el acoso escolar; una tarea complicada debido a que la violencia intrafamiliar y el deterioro social sigue dañando la salud emocional y mental de los menores, reflejo de lo que sucede en las escuelas.

Hasta ahora, los esfuerzos gubernamentales están dirigidos a mejorar la cobertura y la calidad de la educación, sin reparar que la violencia escolar amerita un tratamiento inmediato y definitivo.

Ningún estudiante puede alcanzar un óptimo desarrollo académico mientras viva con miedo su estancia en la escuela, a sabiendas de que su maestro (a) o algún otro superior son indiferentes a los hechos que ponen en riesgo su integridad física.

Héctor no debió morir; pidió ayuda a su maestra y se la negó. La respuesta de uno de los docentes a los padres del menor cuando era atendido en el hospital fue: "Era juego de niños". ¿Así o más negligencia?

Quizá el buylling siempre ha existido, quizá nadie escapaba a un apodo o al hostigamiento verbal de un compañero pero hoy estamos viendo que la humillación en público que se recrudece con la difusión en las redes sociales, es un problema que ha salido de control.

Y mientras la clase política externa condolencias y condena el trágico suceso en Tamaulipas, mantienen en la congeladora jurídica una iniciativa de ley contra el acoso escolar impulsada por el Senador Mario Delgado, desde el año 2012.

¿Por qué un tema urgente no amerita sesiones extraordinarias? ¿Hasta cuándo senadores y diputados asumirán su responsabilidad en estos casos? Urgen lineamientos federales respecto a qué hacer frente al deterioro de la convivencia escolar.

Sin embargo, de la mano de leyes claras y contundentes, los padres de familia son el primer filtro contra el buylling. En la educación de los hijos es imprescindible la disciplina y los valores. Si en la casa, aprenden a respetar a sus mayores y a sus pares, en sus centros de estudios replicarán ese modelo positivo.

Lamentablemente los papás también caen en omisiones graves, creyendo equivocadamente que sus hijos encontrarán en la escuela las reglas que en casa se niegan a cumplir por chantajes, consentimiento o falta de tiempo. Es inaceptable que un padre o una madre de familia renuncie a su responsabilidad de educar con buenos ejemplos.

También en los medios de comunicación deberíamos revisar el impacto que genera en la sociedad (sobre todo en los más jóvenes) la re transmisión de los vídeos que muestran la brutalidad en las peleas. ¿En serio contribuimos a despertar conciencia ó alentamos más violencia? ¿Resuelve el problema o lo profundizamos?

Por lo pronto, tres trabajadores de la secundaria donde murió Héctor Alejandro, fueron arrestados por su probable participación en los delitos de abandono de persona y encubrimiento.

La trabajadora social Sulma Yaneth Marroquín Olvera, la prefecta Lizeth Berenice Guerra Álvarez y el bibliotecario Arturo Galaviz Hernández, fueron puestos a disposición del juzgado de primera instancia penal, donde un juez resolverá su situación jurídica en los próximos días.

El caso aún sigue abierto, y en cuestión de horas serán detenidas la profesora que estaba a cargo del grupo, Denisse Serna Muñoz y  Sandra Luz García Garza, la subdirectora de la Secundaria Número 7 “Eleazar Gómez” en Ciudad Victoria.

Debido a que la ley no permite la reclusión de menores de 14 años de edad, los 'asesinos' de Héctor reciben orientación o asistencia socioeducativa y sus nombres solo quedarán en los registros de archivos y libros del juzgado; ninguno tendrá antecedentes penales.

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